La reeleccion permanente

El 23 de agosto pasado, el Congreso del Perú "interpretó" la Constitución, aprobando la candidatura del ingeniero Alberto Fujimori a la reelección en el proceso electoral del año 2000. Si todo sale como han planeado los parlamentarios del régimen autoritario instalado el 5 de abril de 1992, éste tiene pues la vía expedita para prolongarse hasta el 28 de julio del año 2005. Ninguna razón, desde luego, impide a los congresistas futuros seguir reinterpretando la Constitución, 0 enmendándola, para que el régimen se eternice, con pantomimas electorales legitimadoras, el 2010 y el 2015; cuenta para ello con verdaderos enjambres de 'constitucionalistas' armados de todos los argumentos legales ad hoc y, no sin razón, espera contar también con mayorías parlamentarias venideras tan serviles como la actual.¿Por qué la dictadura peruana ha llevado a cabo esta demostración de fuerzas, anticipándose tres años a la próxima farsa electoral? No se trata de una mera bravata de un régimen que, luego de haber desbrozado el terreno de todo obstáculo serio, se considera lo bastante fuerte como para desafiar a la comunidad internacional quitándose la careta democrática y exhibiendo su verdadera faz. Se trata de distraer la atención pública del Perú y del extranjero, de un escándalo que, a juzgar por el nerviosismo con que ha reaccionado frente a él todo el aparato militar y civil del gobierno tratando de acallarlo, ha puesto en evidencia el aspecto que más daño puede causarle en el ámbito internacional: la vinculación orgánica de sus jerarcas con el narcotráfico.

El escándalo estalló el 17 de agosto, cuando el más importante narcotraficante caído en manos de la policía peruana (le fue entregado por Colombia, donde fue capturado), Demetrio Chávez Peñaherrera, apodado "Vaticano", que controlaba toda la zona cocalera del Valle del Huallaga, reveló ante el Tribunal que lo juzga, que desde 1991 había pagado mensualmente 50 mil dólares mensuales a VIadimiro Montesinos -asesor de Fujimori, hombre fuerte del régimen, ar-quitecto del golpe de Estado de 1992 y de la purga de oficiales democráticos y constitucionalistas de las Fuerzas Armadas peruanas- para poder efectuar sus vuelos de avionetas cargadas de pasta básica hacia Colombia sin ser molestado.

"Vaticano" explicó que, gracias a este acuerdo, el comando militar de la zona del Huallaga lo informaba sobre las operaciones de la DEA (Drug Enforcement Ageney) en la región. Altos miembros de la jerarquía militar destinados en la Amazonía, estaban también a su sueldo. El pacto con Montesinos se rompió, según el testimonio de "Vaticano", en 1992, porque el asesor de Fujimori exigió mensualidades de 100 mil dólares, lo que habría llevado al narcotraficante, luego de negarse a esta exigencia, a trasladarse a Colombia. Cuando este país lo capturó y entregó al gobiemo peruano -un auténtico regalo envenenado-, el Ejército se apresuró a confinarlo en una prisión secreta y a impedirle todo contacto con la prensa, con el pretexto de que el narco podía' tener información relativa a la Seguridad del Estado. La tenía, en efecto.

Más que esta revelación -pues los indicios de una colaboración entre los cárteles de la droga y el régimen de Fujimori se multiplican desde hace buen tiempo-, el verdadero escándalo lo protagonizaron el Gobierno y sus aliados, que se movilizaron en una grita desaforada, negando las acusaciones de "Vaticano" con tanta vehemencia y gestos tan destemplados que parecían una confesión de culpa. Generales, ministros, prensa y medios adictos, cacógrafos a sueldo, funcionarios y validos. salieron a la palestra a desmentir a "Vaticano" y a tratar de minimizar una denuncia (consiguieron el efecto contrario) que, en buena parte a causa de todo ello, tuvo una larga reverberación en el mundo (Véase, por ejemplo las crónicas respectivas en The Economist y la revista Time).

Apenas horas antes. de aprobar la candidatura a la tercera reelección de Fujimori, el Congreso había rechazado admitir siquiera a debate las siete mociones de orden del día, presentadas por el pequeño grupo de parlamentarios de la oposición, pidiendo que una comisión parlamentaria investigase las acusaciones de "Vaticano" contra Montesinos y los alcances de la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y policiales. Un pintoresco 'constitucionalista' del régimen -¿beodo, como de costumbre?- explicó que la "Prestigiosa familia Montesinos" no podía ser lesionada en su honor por la denuncia de un delincuente.

La familia del Rasputín del régimen tal vez no, pero el régimen sí, y no sólo en el extranjero, también en el propio Perú, donde, pese. al sistema de autocensura y control que el Gobierno de Fujimori ejerce sobre los medios de comunicación -y que acaba de describir, con abrumadores ejemplos, el escritor Alfredo Bryce Echenique, en Palma de Mallorca, en un seminario sobre "La información en Iberoamérica"- el 'honor' del sistema político instituido en el Perú por Fujimori, Montesinos y una camarilla militar desde abril de 1992, parece haber quedado seriamente resquebrajado ante una opinión pública que, hasta estos últimos tiempos, sin embargo, se había mostrado exiremadamente complaciente con el régimen que revirtió la tendencia democratizadora en América Latina en 1992, inaugurando un nuevo modelo de autoritarismo para el Continente, y que, según el último Inforine de Amnistía Internacional, disputa a Cuba el cetro del país del hemisferio occidental con mayores violaciones a los derechos humanos.

Contribuyó no poco a este sentimiento crítico, además, la reaparición pública de "Vaticano", en un espectáculo de Gran Guiñol montado por el gobierno, para matizar sus -declaraciones anteriores y explicar a los periodistas que, presa de un súbito ataque de amnesia, ya no recordaba si, en verdad, era a Montesinos a quien había entregado. aquellos 50 mil dólares mensuales en 1991 y 1992. En vez de silenciar -la! críticas y conjeturas, este episodio las atizó, enriqueciéndolas con un debate suplementario, sobre si, para aceptar desdecirse, "Vaticano" había sido torturado, sobornado, o ambas cosas.

Las revelaciones de "Vaticano" son la gotita de agua que ha colinado el vaso de ese delicadísimo tema -las relaciones entre el narcotráfico y el régimen-, que, hasta ahora, pese a la sucesión de comprometedores incidentes ocurridos en los últimos meses, el gobierno de Fujimori se empeñaba en presentar como casos aislados, de individuos que, tanto en el aparato militar como en el político, ocupaban posiciones de segundo o tercer nivel y cuya responsabilidad criminal en modo alguno podía teñir a la cúpula ni a la espina dorsal del Estado. La figura que va diseñándose ahora indica más bien lo opuesto: que, aunque en el régimen haya figuras secundarias incontaminadas, son la cúpula política y el brazo militar-represivo, que encabezan Montesinos, y el general Bar¡ Hermosa, las instancias a las que apuntan las últimas revelaciones sobre ese doloso maridaje.

He aquí algunas de ellas. En mayo de este año, se encontró 174 kilos de cocaína nada menos que en el avión presidencial ' de Fujimori, un DC-8 piloteado por el edecán del Presidente, el comandante Alfredo Escárcena Ichikawa. Un par de. mes después, en Vancouver, Canadá, un barco de la Marina de Guerra, el "Mataran¡", fue registrado y en su interior se halló un alijo de 120 kilos de cocaína. Apenas una semana más tarde, otro barco de la Armada, el"Ilo", fue sorprendido con más de 60 kilos de cocaína escondidos. a bordo. Antes de estos hallazgos, y desde comienzos de 1995, un número crecido de oficiales del Ejército -cerca de 300, según el corresponsal de The Economist- se han visto involucrados en complicidades con los narcos, algunos de ellos de alta graduación, como los generales Río y Bellido, acusados de colaborar con "Vaticano", investigación que detuvo en embrión el propio jefe del Ejército, general Bar¡ Hermosa, así como la que afectaba a los generales SobreviIlla y MacDonald Pérez, por colusión con otro cártel de la coca, el de Abelardo Cachique. Éstos son sólo algunos ejemplos de una serie, que esclarecen el diligente celo con que los "padres de la Patria" del fujimorismo, se apresuraron a impedir la creación de una comisión parlamentaria que investigara asunto tan espinoso como la colusión del régimen con la industria peruano-colombiana de la droga.

¿Qué pasará ahora? Puede que nada, como esperan Fujimori, Montesinos, Bar¡ Hermosa y la calaña de politicastros, empresarios, negociantes y periodistas que los sirve y que medra a la sombra del régimen autoritario. Es decir, que, distraídos por la cortina de humo de la tercera reelección presidencial de FuJimori que el Congreso acaba de aventarles, los peruanos se olviden de lo otro, la putrefacción interna sobre la que reposa el sistema y que, pese a la censura y autocensura, acaba de mostrar su fea cara, y una vez más se dejen adormecer por las tesis de los corifeos, según los cuales quitarle el apoyo a la dictadura y combatir por el retomo del Perú a un régimen de legalidad y libertad, significaría volver a los horrendos tiempos de Alan García, es decir, a la hiperinflación, la corrupción y la violencia terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA. Hasta ahora, esta manipulación de la opinión pública ha funcionado, y, si son ciertas las encuestas, un gran número de peruanos acepta todavía vivir en dictadura pues cree que ése es el precio que debe pagar ¿para qué? ¿Para vivir mejor, con más trabajo y mejores niveles de vida y más oportunidades que antes? No, nada de eso: solamente para no estar peor de lo que está. Esa es la lastimosa consecuencia política -la pérdida de los reflejos democráticos de casi todo un pueblo- del terrible fracaso de los doce años de democracia que disfrutó el Perú desde1980 hasta 102.

En el ámbito internacional, sin embargo, pese a las buenas notas que le sigue concediendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y a las inversiones de empresas extranjeras, la imagen del régimen peruano se deteriora gradualmente. Este proceso sólo puede agravarse con escándalos como los relacionados con el narcotráfico, pues, si es verdad que a las potencias democráticas no parece importarles mucho lo que ocurra con la legalidad y la libertad en los países del Tercer Mundo -sobre todo, si esos países les permiten hacer buenos negocios a sus empresarios- en el tema de la droga sí suelen parar las orejas y alarmarse, sobre todo los Estados Unidos, como acaba de verse en las relaciones de Washington con el gobierno colombiano.

La desbaratada, imagen que ofrece en la actualidad el presidente Samper, ¿será una premonición del destino político final que espera al ingeniero Fujimori? Formulo la pregunta sin apetito ni nostalgia y hasta con cierto asco. En verdad, desde mi punto de vista, sería más que tristísimo que quien destruyó la democracia que le permitió llegar al poder, no fuera sancionado por los peruanos a quienes retrocedió a la tradición de despotismo con la que empezaban a romper y como castigo a este liberticidio, sino por el State Department y la DEA y sólo por los sórdidos enjuagues crematísticos de sus compinches con los gánsters del Huallaga.