El crimen de pescar truchas para subsistir

La máquina de la burocracia administrativa no perdona. Un anciano de 69 años que vive en la indigencia, se alimenta de castañas y de truchas, ocupa una casa que no es suya y sobrevive en condiciones de miseria y de penuria acaba de ser embargado. El servicio de recaudación del Principado de Asturias ha ordenado la retención de la pensión de beneficencia que percibe Ceferino Menéndez Gómez, por un importe de 34.000 pesetas, hasta tanto no haya liquidado el pago de tres multas por un monto global de 703.270 pesetas. Las sanciones le fueron impuestas entre 1988 y 1990, tras haber sido denunciado en otras tantas ocasiones por pescar truchas en lugares y fechas prohibidos.Ceferino, que no niega los hechos que se le imputan, se limita a alegar en su defensa que pescaba para poder comer. Ni tan siquiera se opone a pagar la sanción, pero ruega a la Administración que se le permita disponer de los ingresos mínimos para pagar la luz de la habitación que ocupa y que le dejen "unos duros para subsistir". Los vecinos de Ceferino han hecho causa en su defensa, elogian sus virtudes humanas y han tomado la voz y la palabra para pedir a la Administración que no actúe de modo ciego y sordo, desentendiéndose del problema humano que subyace en un frío expediente sancionador.

Ceferino Menéndez Gómez está soltero, vive solo, con la exclusiva compañía de un perro fiel. La vivienda está situada en la aldea de Arganza, en el municipio de Tineo, situado en la comarca suroccidental de Asturias, a 75 kilómetros de Oviedo. La casa rural le fue cedida por tinos parientes, y él apenas ocupa una habitación con un camastro viejo y una cocina con un fogón de carbón. Hasta que le fue concedida una pensión no contributiva de 34.000 pesetas mensuales hace escasos años, carecía de cualquier tipo de ingresos.

Para alimentarse, Ceferino recogía castañas en los bosques y pescaba truchas en los riachuelos, reacio a apelar a la caridad de los vecinos mientras pudiera valerse por sí mismo. Nunca sospechó que el sentido de la dignidad pudiera acabar tipificándolo como un infractor de la ley. Los habitantes de Arganza lo juzgan como un "hombre bueno", resumiendo en la simplicidad de dos palabras sencillas toda la grandeza de quien ha sabido ganarse el cariño y la estima de los demás sin ser una carga para nadie.

Su vida ha sido una suerte de desdicha desde que naciera en un hospicio. Trabajó de criado y de vinatero, primero en Oviedo y luego en Tineo y Cangas del Narcea, hasta que se quedó en la calle sin expectativa de futuro. Sobrevivió como pudo, encontró el respeto y el aprecio de las gentes de Tineo y se afincó en Arganza, donde sobrevive como un Robinson que recorre bosques y ríos para obtener el sustento.

Entre 1988 y 1990 fue sorprendido en tres ocasiones pescando ilegalmente en el río. En una de ellas conoció el frío metálico de las esposas. Pero lo más duro estaba por llegar. El pasado marzo, la maquinaria de la burocracia se puso en marcha. Ese mes le fueron embargados sus ahorros de la cartilla donde le ingresan la pensión, cuyo saldo ascendía en ese momento a 88.771 pesetas. Desde entonces ha recibido sucesivas órdenes de cobro imperativo en el banco, por cantidades de 10.704 pesetas en julio y de 33.020 pesetas este mes, prácticamente el importe de la paga que recibe.

Ceferino, que se muestra incrédulo y sorprendido, declaró a la prensa asturiana estar dispuesto a pagar las 703.270 pesetas de sanción, pero de modo gradual, para no verse privado de sus únicos recursos y poder sufragar siquiera los gastos más perentorios. Entre los vecinos hay quienes entienden que ésta sería la solución cabal, pero otros muchos creen que la ecuanimidad exigiría un trato magnánimo con quien sólo pesca para alimentarse.

Un caso similar ocurrió el año pasado en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional había impuesto una multa de un millón de pesetas a dos personas con mínimos recursos económicos porque mataron un lagarto de una especie protegida para comérselo. Amador Ruiz, de 52 años, y su hijo Miguel, de 24, acabaron siendo indultados por el entonces presidente madrileño, Joaquín Leguina. Antes de llegar el perdón, sin embargo, la familia Ruiz tuvo que sufrir una penosa persecución burocrática para intentar cobrarles, la cuantiosa sanción.