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El Gobierno venderá el 12% de Telefónica este año y aplaza cualquier decisión sobre el resto del capital

El Consejo de Ministros decidió ayer la venta de un paquete del 12% del capital de Telefónica que está en manos del Estado, que pasará a tener el 20%. El Gobierno zanja momentáneamente las disputas en su seno por distintos puntos de vista sobre la presencia del Estado en esta empresa y en general en el sector empresarial. El Gobierno adquirió también el compromiso de reducir en 1996 en 100.000 millones (el 10%) las ayudas presupuestarias a las empresas y organismos públicos, en línea con la política de reducción del déficit contenida en el plan de convergencia.

La privatización del 12% de Telefónica fue anunciada por el ministro de la Presidencia, Al fredo Pérez Rubalcaba, quien aseguró que "la Comisión De legada del Gobierno para Asuntos Económicos no estudió el pasado jueves el documento sobre el sector público empresarial". Pérez Rubalcaba añadió que "se trata de un papel de trabajo, no de un documento que vaya a ser aprobado como tal y presentado ante la opinión". De esta manera quería quitar hierro a las discrepancias surgidas entre distintos ministerios sobre el papel del sector público y la presencia de capital público en determinadas empresas.Pero lo que sí hizo la Comisión Delegada y el Consejo de Ministros fue estudiar partes de dicho documento y tomar decisiones sobre ellas con el "objetivo de reducir el déficit público": la oferta de empleo público para este año, el compromiso de reducir en un 10% las ayudas a empresas y entes públicos y la privatización del 12% de Telefónica. La venta de un porcentaje de lo que el Estado tiene en Telefónica contenta a primera vista a todos: prosigue el proceso de privatizaciones y el Estado mantiene, en el caso de Telefónica, el 20%, una participación significativa. El acuerdo del Consejo de Ministros establece que la venta debe hacerse antes del 31 de diciembre próximo. Y deja a Economía que establezca las condiciones concretas de la operación.

Sin calendario

Sin embargo, se para ahí. La propuesta del titular de Economía, Pedro Solbes, era privatizar el 15% este año, el 10% en 1996 y el resto antes de 1998. El de Transportes, José Borrell, pedía que no se redujera la presencia pública del 15% / 20%. "El Consejo no estudió si ya no se debe reducir más la presencia del Estado en Telefónica y tampoco lo contrario" atajó el portavoz del Gobierno para que no haya vencedores ni vencidos. En cualquier caso, el Gobierno no determiné ningún calendario, lo que no quiere decir que en años posteriores se vendan más paquetes. Fuentes de Transportes, no obstante, expresaron su contento. En Economía, por su parte, se mostraron satisfechos por lo que con sideran "un paso muy importante en la concreción de la re ducción del déficit".

El 12% que se privatizará de Telefónica este año está destinado principalmente al denominado núcleo duro (BBV, Argentaria, La Caixa), que tiene el 7,5% en la actualidad. Así lo reconoció Pérez Rubalcaba y fuentes de Economía.

El Estado espera obtener como mínimo unos 180.000 millones por la venta del 12% de Telefónica, que es el valor que tiene en la Bolsa (15.000 millones por punto porcentual). El Estado seguirá con el 19,85%. Será la primera vez que tenga un porcentaje inferior al 25%. En los últimos 25 años el nivel mínimo de participación fue del 27,74% y en la última década no había bajado del 32%.

Telefónica es la primera empresa por capitalización bursátil, con casi 940 millones de acciones y un valor de mercado próximo a los 1,45 billones de pesetas. La cotización de la sociedad evoluciona de forma muy similar a como lo hace el índice general de la bolsa, dada la elevada relación que existe entre ambas, lo que ha provocado una caída significativa desde su valor máximo, alcanzado en mayo del año pasado, en consonancia a la marcha general de los mercados. El Gobierno, en la referencia sobre la venta de Telefónica, explica que su posición sobre su presencia en el sector público empresarial se resume en aumentar la presencia privada en aquellas empresas en las que se considere estratégico que el Estado debe permanecer; privatizar aquéllas en las que se crea que la presencia del Estado no responde a consideraciones estratégicas.

El Gobierno quiere "potenciar la creación de grupos españoles del tamaño necesario para ejercer un peso significativo en los mercados internacionales a través de operaciones de venta, fusión y reestructuración que involucren activos públicos y privados".

Pérez Rubalcaba recordó que el Gobierno no es partidario de establecer un calendario de privatizaciones -"algún país vecino lo ha hecho y no le ha resultado positivo"- y que cada venta "se decidirá en función de los parámetros anteriores y cuando las condiciones de los mercados lo permitan".

El Consejo de Ministros aprobó también reducir las ayudas al sector público en un 10% el próximo año. Los ministros de los que dependan las empresas, grupos o entes públicos deben presentar, antes del 30 de junio "propuestas de reducción de la participación de todos ellos en los presupuestos, bien a través de una disminución de su deuda o del déficit de explotación". El objetivo asumido por el Gobierno es que en 1996 estas ayudas disminuyan en un 10% sobre las de esta año que se cifran en un billón.

Menos empleo público

El Consejo de Ministros aprobó ayer la oferta de empleo público para este año que tendrá repercusiones presupuestarias en 1996. Frente a una jubilación de 9.000 funcionarios se van a convocar 2.900 plazas. Ello significa que la plantilla de funcionarios descenderá el próximo año en 6.100 personas, "lo que redundará en un ahorro del gasto no inferior a 12.000 millones", según Alfredo Pérez Rubalcaba.Las nuevas plazas se van a concentrar en Educación -maestros-, Instituciones Penitenciarias, Inserso, Seguridad Social e Inspección Tributaria siendo en estos dos últimos organismos plazas de inspección las que se convocarán para "ayudar as la lucha contra al fraude". dijo el ministro de la Presidencia.

En el Ministerio de Economía se reitera la importancia del paquete de medidas adoptado de compromiso con el programa de convergencia. Pedro Solbes, señalaron algunas fuentes, "no ocultaba su satisfacción porque el esfuerzo de consolidación fiscal decidido permitirá una reducción del déficit público en línea con lo previsto, permitirá que bajen los tipos de interés a largo plazo, lo que favorecerá un mayor crecimiento económico y generará una mayor creación de empleo".

* Este articulo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de abril de 1995

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