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Solbes, enfrentado a Borrell, quiere cerrar la venta de las grandes empresas públicas antes de 1998

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos examinó ayer el plan propuesto por el Ministerio de Economía para proceder a una privatización ordenadadel sector público. El plan establece un calendario aproximado para privatizar empresas significativas del sector público (Telefónica, Argentaria, Aldeasa y Retevisión), congelar el endeudamiento de los grupos públicos esteaño y reducir las subvenciones el 5% en 1995 y entre el 10% y el 15% en 1996. Fuentes autorizadas aseguraron que Solbes ha pactado este plan, apoyado por Javier Gómez-Navarro, con Juan Manuel Eguiagaray.

El Consejo de Ministros tiene previsto hoy estudiar el porcentaje de privatización de Telefónica. De acuerdo con el calendario propuesto por Economía, Telefónica debe vender el 15% del capital público en 1995, el 10% en 1996 y puede quedar totalmente privati zada antes de 1998; Argentaria llevaría a cabo una colocación del 15% del capital antes de diciembre de 1996; la mayoría de Trasmediterránea debe venderse antes del 31 de diciembre de 1997; Aldeasa debe privatizarse en 1996 y el Gobierno autorizará la entrada de capital privado en Retevisión este mismo año. El texto de Solbes, presuntamente retocado en la Comisión Delegada de ayer y que, presumiblemente, estará en la mesa del Consejo de Ministros de hoy, sugiere "imperativamente", según algunas fuentes que cada ministerio presente antes del verano planes concretos de priva tización de sus empresas satélites. El plan de Solbes ha suscitado un enconado debate político en el área económica del Gobierno (véase EL PAÍS del 10 de abril). El enfrentamiento alcanzó tales grados de virulencia que la vicepresidencia del Gobierno ha intentado actuar como puente político entre las dos fracciones enfrentadas, polarizadas en tomo a Pedro Solbes (la más liberal) y de José Borrell (partidaria de enfriar el proceso). El momento más crispado -calificado por algunas fuentes de "alarmante, incluso histérico"- sucedió en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del pasado 20 de abril. José Borrell reaccionó con irritación indisimulada a la propuesta de Economía, contenida en el plan, de privatizar sin límites Telefónica. Su protesta airada, con apelaciones continuas al papel del Estado en Telefónica como garante del servicio público, llegó a límites de auténtico descontrol cuando se sugirió la conveniencia de proseguir la privatización de la sociedad Aeropuertos Nacionales (Aena), dependiente de Transportes. "¡¡Ya, hasta los aeropuertos quieren!!", llegó a exclamar.La confrontación directa en la Comisión obligó a retrasar la presentación del plan ante el Consejo de Ministros "mientras no seconsiga un cierto acuerdo político". La posición de Borrell el pasado día 20 fue apoyada por Alfredo Pérez Rubalcaba y José Antonio Griñán, aunque con recomendaciones de "prudencia" en cualquier proceso de privatización.

La propuesta de Solbes es sencilla: el sector empresarial público debe ser reducido mediante un proceso de ventas tan amplio como se quiera. Por dos razones: recortar subvenciones y aumentar activos financieros, de forma que sea posible reducir el déficit público al 3% del PIB en 1997. El aliado natural de Solbes es el ministerio de Comercio, que pondrá en el mercado la sociedad Paradores Nacionales y Focoex.

Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria y Energía, también es partidario de las privatizaciones, pero desde una pretensión política singular: debe respetarse la configuración y la integridad de Teneo como agencia empresarial, con su propio circuito financiero autónomo -de ahí que los beneficios de cualquier venta en Teneo quedarían en el grupo- aunque, eso sí, con la misión de reflotar empresas que, después, pueden venderse.Control y gestión

José Borrell se ha opuesto tradicionalmente a las recetas de liberalización. En su entorno político se sostiene la tesis de que "la privatización tiene como límite la exigencia de mantener el control político y la gestión en aquellas empresas relevantes por su servicio público o con tecnología avanzada. Los intereses público existen, y deben estar representados".

Su aportación al debate en las reuniones del Gobierno ha aportado por una parte una crispación poco usual y por otra, precisiones importantes. La principal es que la venta de participaciones publicas no reduce per se el déficit público, de la fisma forma que la adquisición por el Estado de participaciones públicas tampoco lo aumenta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de abril de 1995

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