El comisario quería perderse en Argentina
La detención del ex comisario Francisco Álvarez Sánchez ha interrumpido bruscamente su sueño del último año: instalarse en Argentina al frente de una empresa colaboradora de la Compañía Telefónica de España. En Buenos Aires, comentaba hace unos meses el propio Álvarez, lograría que se olvidaran de él algunos de sus antiguos compañeros que le estaban complicando la existencia al involucrarle en turbios manejos descubiertos en el último año. En efecto, el nombre de Álvarez había sido citado a finales de 1993 y comienzos de 1994 por supuestas implicaciones de su empresa privada de seguridad, Check-in, en el caso de las escuchas ilegales a directivos de La Vanguardia. Era un ejemplo más, decía el ex comisario, de que en España no le dejaban desarrollar con tranquilidad una actividad profesional alejada de la policía.Pero no ha sido huir o eludir las responsabilidades la norma de actuación en los últimos años de este ex comisario que entre diciembre de 1982 y 1986 -siempre a las órdenes de Julián Sancristóbal- fue jefe superior de policía de Bilbao, responsable del Mando único para la Lucha Contraterrorista y jefe del gabinete de Operaciones Especiales. El 23 de enero de 1989, tres años después de abandonar la policía, Álvarez reconoció ante el juez Baltasar Garzón que él mismo había organizado en 1983 el frustrado secuestro en Francia del etarra José María Larretxea. Por esa acción fueron detenidos en el país vecino tres geos y el inspector Jesús Alfredo Gutiérrez Argüelles, quien había trabajado a las órdenes de Álvarez en la brigada antiatracos de Barcelona. Semanas después del frustrado secuestro, el propio Álvarez viajó a Francia y consiguió la liberación de los cuatro detenidos bajo el acuerdo de que los cuatro acudirían ante la justicia francesa cuando fueran reclamados. Los agentes españoles, sin embargo, no cumplieron el compromiso.
El intento de secuestro, considerado por algún abogado como "la antesala de los GAL", fue efectivamente una clave en la guerra anti-ETA. En aquellos días estaba secuestrado el capitán del Ejército Alberto Martín Barrios (asesinado después) y la policía organizó el secuestro de un etarra para intentar obtener datos sobre el paradero del militar. Paralelamente, a la organización terrorista le llegaron mensajes de que, si el militar moría, se desencadenaría la guerra sucia contra los activistas. Y así fue.
Como jefe superior de policía de Bilbao, Ávarez tuvo a sus órdenes a José Amedo, Michel Domínguez, Miguel Planchuelo y Julio Hierro, todos ellos condenados o detenidos en relación con los GAL. No sólo eso; Álvarez era el responsable de repartir en Bilbao los fondos reservados que, remitidos desde Interior, utilizó Amedo para diversas actividades de los GAL. Con Amedo ya encarcelado, Álvarez no ocultó su estrecha relación con él. Acompañado de Planchuelo y Hierro, el ex jefe de todos ellos acudió a la prisión de Guadalajara en octubre de 1988 para entrevistarse con el principal encausado por la trama de los GAL. El abogado Fernando Salas opinó que la reunión tenía por objeto "intentar ponerse de acuerdo sobre lo que iban a declarar"' en la causa sobre la guerra sucia anti-ETA.
Por sus conexiones con los protagonistas del caso GAL, Álvarez fue bautizado por sus propios compañeros con el sobrenombre de Paco Gálvarez. "¿Se le conoce a usted por el apodo de Gálvarez?", llegó a preguntarle el juez Garzón en 1989. El ex comisario, que acababa de negar cualquier relación con los GAL, replicó entonces que jamás había oído tal apodo y que, en cualquier caso, se trataba de "una broma de mal gusto".
Al margen de sus conexiones con policías implicados en el caso GAL, Francisco Álvarez fue procesado en 1986 por ocultar un expediente sobre presuntas torturas a un detenido en la jefatura de Bilbao. Fue ese año, estando destinado en el ministerio, cuando decidió abandonar la policía y, tres años después, fue condenado en esa causa a seis años de inhabilitación.
A partir de 1986 se instaló en Barcelona, donde montó dos empresas dedicadas a la investigación privada. Una de ellas, Check-in, fue investigada judicialmente por ser sospechosa de practicar presuntos pinchazos telefónicos, dato que siempre ha negado Álvarez. En sus constantes viajes a Madrid, el ex comisario mantuvo continuas entrevistas con el ex director de Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, hoy encarcelado por la misma causa abierta por Garzón contra Álvarez.
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