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González y Pujol ponen hoy las bases de un pacto parlamentario renovado

Felipe González y Jordi Pujol pondrán hoy las bases de la colaboración parlamentaria entre el PSOE y los nacionalistas catalanes que garantice la estabilidad parlamentaria hasta el final de la legislatura, o al menos durante 1995. Uno y otro están interesados en lanzar a la opinión pública el mensaje de que el pacto es sólido y no existen incertidumbres que puedan perjudicar la recuperación económica, que por sí sola ya justifica la política de acuerdos, señalan colaboradores de Pujol, que no dudan que el encuentro será positivo.

Las relaciones entre González y Pujol desde que el primero alcanzó el poder tienen más de un antes y más de un después. Existe un antes y un después de la querella por el caso Banca Catalana (en 1984) y existe un antes y un después de que el PSOE perdiera la mayoría absoluta en 1993.La querella por el caso Catalana envenenó las relaciones políticas, pero sobre todo personales, hasta límites que bordearon la ruptura. Pujol nunca ha dudado que los fiscales presentaron la querella con el conocimiento y la aquiescencia, sino el impulso, del Gobierno socialista. Las entrevistas celebradas desde mediados de 1984 hasta al menos 1992 fueron frías y conflictivas, agravadas por la "prepotencia socialista".

El primer encuentro entre González y Pujol se celebró el 13 de enero de 1983, pocos días después de que González tomara posesión de la Presidencia del Gobierno. Pese al conflicto aún abierto por el apoyo socialista a la LOAPA y al contencioso provocado por la negativa del PSOE a asumir el acuerdo del último

Gobierno de UCD para financiar los traspasos ya realizados a la Generalitat, en aquel encuentro se formularon unos prometedores buenos propósitos de colaboración institucional, que se reiteraron en junio en una cena, celebrada en La Moncloa y en dos encuentros más, en octubre de aquel año y en enero de 1984.

Un clima bien distinto, frío y tenso, presidió la reunión de julio de 1984, con la querella de Banca Catalana ya en marcha. No hubo acuerdos y Pujol constató que entre él y González había "una diferente concepción de lo que es autonomía".

Igualmente negativos resultaron los encuentros celebrados en octubre de 1985, septiembre de 1986, abril de 1987 y marzo de 1989. Era la época en que Pujol acusaba al Gobierno de "laminar la autonomía" y de asfixiar económicamente la Generalitat y amenazaba con reclamar una revisión del Estatut. El presidente catalán apeló al Rey en 1987, a quien transmitió sus quejas por la política antiautonómica del PSOE. En 1989, aunque el diálogo parlamentario entre el PSOE y CIU empezaba a restablecerse, las relaciones con el PSC eran durísimas.

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Las reuniones de mayo de 1991 y, sobre todo, de febrero de 1992 significaron que se empezaba a ver la salida del túnel. Las relaciones personales entre Pujol y González empezaban a restablecerse. En 1992 la prensa pudo publicar una imagen inédita: una sonriente Marta Ferrusola, la esposa de Pujol, besaba a un no menos sonriente González.

Junio de 1993 inauguró una nueva etapa, con dos entrevistas sucesivas entre Pujol y González en las que el primero le garantizó apoyos parlamentarios concretos si aplicaba un programa económico y autonómico aceptable para los nacionalistas, si bien se negó a la oferta de un Gobierno de coalición. Las entrevistas posteriores han servido para ratificar el apoyo y concretar el giro del Gobierno en política económica y autonómica.

Una cartera de propuestas

Los nacionalistas catalanes son partidarios de mantener y aumentar el apoyo a la economía productiva con medidas para facilitar la creación de empleo y reducir el déficit.En política autonómica, la transferencia del Inem es una petición que se arrastra al menos desde hace 10 años, así como la de los paradores de turismo y la recuperación de la formación profesional ocupacional.

La Generalitat aspira a ser la Administración ejecutiva ordinaria del Estado, lo que implicaría suprimir los organismos de la Administración periférica del Estado que se ocupan de áreas en las que el Gobierno autónomo tiene competencias, y reclama que la organización territorial del Estado se adapte a la realidad autonómica, transfiriendo las competencias de los gobernadores civiles a los delegados del Gobierno.

Pujol reclama la revisión de leyes de bases que considera laminadoras de las competencias estatutarias: las de costas, puertos, suelo y aguas, por ejemplo, así como de decretos y órdenes que en los últimos años han recuperado para el Gobierno central competencias ya transferidas. En el programa de CiU figura la participación de las comunidades autónomas en la elección de una parte de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

CiU, por otra parte, rechaza el proyecto de ley de huelga, tal como fue pactado en la pasada legislatura entre el PSOE, los sindicatos e Izquierda Unida, y rechaza el pacto local y la ley de grandes ciudades que reclaman los principales alcaldes, con el de Barcelona, Pasqual Maragall, a la cabeza. También reclama la supresión del IAE.

Jordi Pujol lleva también en su cartera la necesidad de modificar la ley de financiación de los partidos.

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