Valeriano Gómez espera finalizar en octubre la segregación de PSV
PSV e IGS disponen a partir de ayer de un aval de 8.733 millones de pesetas instrumentado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según el acuerdo firmado entre los representantes del instituto, la cooperativa de UGT y la intervención judicial. Tras suscribir ese aval, el presidente de IGS, Valeriano Gómez, se mostró esperanzado de que en el próximo mes de octubre estén ultimados todos los acuerdos de segregación de promociones de la cooperativa de viviendas.
La firma del aval hace efectivo un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 20 de mayo cuyo objeto es facilitar que PSV haga frente a los compromisos de construcción de viviendas contraídos con los coperativistas privados.El contrato firmado ayer señala que el "acuerdo se materializará mediante concesión por parte del ICO de fianzas de garantía de créditos concedidos a la parte avalada para hacer frente a los pagos mínimos necesarios para la segregación de Promociones". En el mismo acuerdo figura que se deducirán las cantidades que acuerden avalar las "comunidades autónomas para las promociones segregadas en el ámbito geográfico de su competencia". El plazo de duración de la línea de avales es de un año.
Después de la firma del contrato, el presidente del ICO, Miguel Muñiz, se congratuló de la concesión de los avales a PSV, ya que con ellos se "podrá desbloquear parte de la situación en que se encuentran las promociones de la cooperativa ugetista".
Por su parte, el presidente de PSV, Valeriano Gómez, declaró tras el acto que realmente no se han paralizado las segregaciones de las distintas promociones y lo único que ha ocurrido es que el juez que entiende en el caso todavía no ha tomado decisiones respecto a las mismas. Gómez anunció asimismo que en estos momentos la deuda contraída en las distintas construcciones de la cooperativa es de 6.100 millones por parte de PSV y de 1.025 millones por IGS.
Ayer también siguio la comparecencia ante el juez Miguel Moreiras del ex responsable de IGS Fermín Bretón quien, según Francisco Méndez, abogado de los cooperativistas, declaró que Paulino Barrabés es la persona que propuso en principio un contrato entre UGT e IGS.
