Torras-KIO ocultó 7.700 millones de beneficios en Inpacsa, actualmente en quiebra por pérdidas

Barcelona - 07 mar 1994 - 00:00CET

Los anteriores gestores de Torras-KIO en España ocultaron que Inpacsa, empresa papelera del grupo, obtuvo beneficios de casi 7.692 millones de pesetas con la venta de una de sus filiales, ICSA, al grupo irlandés Jefferson Smurfit. Seis años después de esta operación, se desconoce quién o quiénes recibieron esos beneficios, pero Inpacsa ya no existe. El año pasado cerró sus puertas, tras declararse en quiebra por las pérdidas acumuladas, dejando sin empleo a cerca de 250 trabajadores. Al igual que éstos, los accionistas minoritarios de Inpacsa no disfrutaron de los beneficios de esas operaciones.

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En un documento remitido a las autoridades de Kuwait por un ex ejecutivo de Torras-KIO, se reconoce que el objetivo de la operación era evitar que "los accionistas minoritarios de Inpacsa y Torras recibieran parte del beneficio".KIO compró Inpacsa en 1986, por lo que ésta fue la primera inversión industrial del grupo árabe en España. La empresa pasó a pertenecer formalmente al Grupo Torras cuando éste compró, un año después, el 100% de la empresa al propio KIO. El grupo árabe, que en aquella época poseía sólo el 40% de Torras -posteriormente llegaría a controlar el 100%-, obtuvo con esta venta a su holding en España unos beneficios de 2.500 millones de pesetas.

Inmediatamente después de esa compra, Torras vende a su filial Inpacsa otra empresa papelera que ya era de su propiedad, ICSA, por 1.908 millones de pesetas. Tal y como se recoge en el cuadro que acompaña a esta información, esa compra se realizó en el mes de marzo de 1987.

En mayo de ese mismo año, Inpacsa colocó en las bolsas españolas el 40% de su capital, y Torras se mantuvo como el accionista mayoritario, con el 60%. A principios de 1988, los gestores de Torras deciden vender ICSA. Según el documento elaborado por un ex ejecutivo de Torras y enviado a las autoridades de Kuwait, los gestores del grupo hicieron los preparativos "para una posible venta de ICSA sin que Inpacsa obtuviera ningún beneficio". Si esta operación hubiera reportado beneficios, continúa el informe, Inpacsa "habría tenido que pagar impuestos sobre las plusvalías. Además los accionistas minoritarios de Inpacsa y Torras habrían recibido parte del beneficio".

La venta de ICSA se pone definitivamente en marcha en junio de 1988. Una sociedad fiduciaria llamada Croesus, que tiene su domicilio social en Gibraltar, compró la papelera por la cantidad de 4.200 millones. Croesus, por su parte, revendió ICSA a una sociedad holandesa, Doferas. Esta última cerró la operación vendiendo ICSA al grupo papelero irlandés Jefferson Smurfit, en noviembre de 1988, por 11.892 millones.

Es decir, ICSA, que en marzo de 1987 salió de las manos de Inpacsa por 4.200 millones, fue vendida finalmente con un beneficio de 7.692 millones. Los abogados de KIO en España sostienen que ese dinero fue a manos de los anteriores gestores de Torras, encabezados por Javier de la Rosa. Éstos, por su parte, afirman que fue a manos de KIO. Los abogados de KIO en Londres investigan quién es el propietario real de una sociedad gibraltareña llamada Wantley, en cuya caja se refugiaron los beneficios al cerrarse la operación.

Como reconoce el documento antes mencionado, el "problema residía en los accionistas minoritarios, quienes pudieron no haber recibido la adecuada compensación por la pérdida de los beneficios. Si eso sucedió, los accionistas podrían presentar una demanda contra los accionistas mayoritarios, es decir KIO".

Los gestores del grupo toparon con varios problemas de importancia y algunos de los expertos contratados para la operación expresaron reparos. Así, "durante las negociaciones para la venta de ICSA, los asesores españoles, Salomon Brothers y Freshfields, que conocían la estructura de la operación, consideraron que existía el riesgo de que se tratara de un fraude a los accionistas minoritarios de Inpacsa y Torras si el precio final obtenido en la venta de ICSA excedía los 40 millones de dólares [4.000 millones de pesetas al cambio de aquel momento]".

De hecho, los accionistas minoritarios de Inpacsa expresaron, en, la junta general de accionistas correspondiente a 1988, su irritación por el desenlace de toda la operación y acusaron a una supuesta mano negra de haber desviado los beneficios.

Inpacsa cierra sus puertas

En septiembre de 1989, el grupo Smurfit, que un año antes había adquirido ICSA, compró el 35% de Inpacsa y asumió la gestión de la empresa, aunque Torras se mantuvo como accionista minoritario, con el 22% del capital. Posteriormente, Smurfit creó el grupo papelero EPPIC fusionando ICSA e Inpacsa

La nueva empresa, sin embargo, comienza a, sufrir las consecuencias de un descenso de ventas en el sector papelero. Entre los años 1990 y 1992, las pédidas acumuladas por EPPIC alcanzaron los 4.400 millones de pesetas. Como consecuencia de ello, el accionista mayoritario, Jefferson Smurfit, decidió cerrar las puertas de la empresa catalana en abril del año pasado. En cualquier caso, las pérdidas acumuladas eran inferiores a los beneficios evaporados.

Las causas de la crisis

Las últimas informaciones sobre importantes movimientos de fondos del Grupo Torras ofrecen claves reveladoras sobre las verdaderas causas de una de las crisis empresariales más importantes de los últimos años. De acuerdo con los documentos confidenciales elaborados por un ex ejecutivo del holding de KIO en España, no se puede achacar el desastre a la negativa de los nuevos gestores de aportar más fondos a las empresas.Supuestos pagos políticos de 30.000 millones de pesetas, que ascienden a casi 40.000 si se les suman los gastos generados por el trasiego del dinero a través de bancos y paraísos fiscales. Posible desvío de 20.000 millones de pesetas, de nuevo más gastos, hacia cuentas bancarias privadas en Suiza y Londres. Evaporación de 7.700 millones en operaciones de venta de empresas. Torras declaró entre los años 1991 y 1992 pérdidas de 197.000 millones de pesetas. Los nuevos gestores de KIO exigen explicaciones sobre el destino de 100.000 millones de pesetas.

Independientemente de quiénes hayan sido los beneficiados por estas operaciones y de que los pagos políticos se hubieran producido o no, las cifras mencionadas hasta ahora suman casi 70.000 millones. Cuesta creer que todos estos momentos de dinero obedecieran a las necesidades de financiación de las actividades cotidianas de las empresas del grupo. La gestión de estos fondos está pendiente de' justificación. En cualquier caso, los anteriores gestores no han explicado aún por qué no relacionan la crisis de Torras con esas operaciones y se lamentan de que no llegaran nuevos fondos.

Éste es el cometido de los jueces encargados del caso en Londres y en Madrid. A pesar de que la demanda de KIO en la capital británica se presentó varios meses después que la querella de Madrid, los jueces del alto tribunal de Londres han demostrado ser rápidos y eficientes.

De momento, en Londres hay dos embargos de cuentas decretados contra dos ex altos cargos de KIO, los dos de nacionalidad kuwaití. Sin embargo, se esperan nuevos avances en los próximos días, según las fuentes que conocen el desarrollo de las investigaciones.

"De seguir así, el juez Moreiras puede encontrarse con el caso resuelto por sus colegas británicos cuando comience la instrucción", comentan fuentes próximas al equipo jurídico de KIO.

Finalmente, queda, pendiente de dilucidar el carácter de las inversiones de KIO en España y el Reino Unido. En el primer caso, las autoridades investigan para saber si se cometió falsedad en documento público al declarar que los fondos invertidos eran privados. Todo indica que nadie discute que son públicos.

En el Reino Unido, según el documento del ex ejecutivo de Torras-KIO, "KIO obtuvo significativos beneficios fiscales ( ... ) por todas las inversiones, cualquiera que fuera la fuente de esos fondos. En cualquier caso, en concordancia con las condiciones establecidas por el Gobierno británico, tales beneficios fiscales fueron concedidos única y exclusivamente para los fondos de las nuevas generaciones". El análisis concluye alertando del "riesgo de que KIO recibiera un tratamiento fiscal beneficioso en el Reino Unido en algunas inversiones para las que no tenía autorización".