El Gobierno interviene "de hecho" la cooperativa de viviendas de UGT
El Gobierno ha decidido implicarse más directamente en la crisis de la cooperativa de viviendas de UGT, PSV. El sindicato y el Ministerio de Trabajo acordaron ayer constituir una comisión para "tutelar" la cooperativa. La comisión, formada por funcionarios de Economía, Trabajo y Obras Públicas, controlará la escisión de PSV en unidades más pequeñas. Fuentes de Trabajo creen que esta decisión supone "una intervención de hecho" de PSV.
Ayer, el juzgado de instrucción número 63 admitió a trámite la suspensión de pagos de PSV y nombró como interventores a Alejandro Latorre Latance y Santiago Manuel Olivero. Por el tercio de mayores acreedores, el juzgado designó como interventor al Banco Central Hispanoamericano.La creación de la comisión interministerial anunciada ayer es menos de lo que deseaban los secretarios de organización y de finanzas de UGT, Antón Saracíbar y Sebastián Reyna respectivamente, partidarios de la intervención formal.
La decisión de crear un órgano interministerial "para tutelar" de forma directa el proceso de escisión de PSV en cooperativas de menor tamaño y garantizar la construcción de las 20.000 viviendas comprometidas fue anunciada ayer por el secretario general de empleo, Marcos Peña, al término de una reunión con los representantes de UGT a la que también asistió el director general de cooperativas, Juan José Barrera.
La comisión, que deberá disponer de un plan de escisión definitivo y de las cuentas de la cooperativa el día 12 -la primera reunión está prevista para el día 3-, no tendrá derecho de veto sobre las decisiones que adopte PSV. No obstante, UGT se ha comprometido a que el consejo rector de PSV no adopte ningún acuerdo sin el visto bueno de los funcionarios.
En la reunión, UGT planteó la necesidad de que el Gobierno interviniera PSV en base al artículo 152 de la ley de Cooperativas, que prevé la intervención temporal "cuando en una cooperativa concurran circunstancias que pongan en peligro intereses de terceros o de socios".
Tutela acentuada
Desde el punto de vista del sindicato, la intervención de la Administración reforzaría su credibilidad ante los cooperativistas y afectados por la crisis de su grupo empresarial. Frente a esta tesis, Peña descartó la intervención formal.
Según manifestó Peña al término del encuentro, con la creación de la comisión mencionada "se acentúa" la tutela que mantenía la dirección general de cooperativas sobre PSV. En opinión del alto cargo de Trabajo, la solución para PSV "es difícil pero posible". Peña negó que se haya dado un trato de favor a PSV por su vinculación a UGT. Por su parte, el secretario de organización de UGT, Antón Saracíbar reconoció que la crisis de PSV "ha tocado la caja de UGT y ha perjudicado seriamente su imagen". Sobre la caja de UGT, los sindicalistas aclararon que el préstamo de 1.200 millones de pesetas concedido por el ICO el día 22 a IGS -gestora de PSV- lo ha sido a un tipo de interés de dos puntos sobre el vigente en el interbancario (9%).
El impacto de la crisis de IGS-PSV sobre la imagen del sindicato es evidente. Ayer, la prensa internacional se hizo eco de la crisis del grupo empresarial ugetista. El diario británico Financial Times tituló en una información a cinco columnas "El tejado se cae sobre las ambiciones del sindicato español". El diario recuerda, al hilo de PSV, el escándalo que afectó al sindicato alemán Deutsche Gewerkschaftsbund y a su proyecto Neue Himat.
Por su parte, The Wall Street Journal Europe titula, en su tercera página "El más poderoso sindicato español, golpeado por un escándalo financiero". El diario relaciona la PSV con la decisión de Redondo de no presentarse a la reelección como secretario general de UGT. También expresa sus dudas sobre la posición final que adoptará el sindicato ante la huelga general convocada en enero ya que la viabilidad del proyecto cooperativo ugetista, según el análisis del citado diario, pasa por la concesión de créditos por parte de la banca pública.
En este sentido, UGT está pendiente de que Argentaria y Caja Madrid adquieran edificios y terrenos de la gestora IGS por un importe aproximado de 6.000 millones de pesetas. La operación deberá ser supervisada por los interventores judiciales.
