La lucha de los trabajadores

Se está poniendo de manifiesto con mayor claridad, si cabe, que los trabajadores y el movimiento sindical están sufriendo las consecuencias de decisiones regresivas que consuman lo que consideramos las mayores agresiones desde la restauración de la democracia.En los últimos tiempos se han producido en numerosos pueblos y ciudades, por toda la geografía española, huelgas con seguimiento prácticamente unánime, manifestaciones de una concurrencia nunca vista y otras formas de protesta. A esas demostraciones se han sumado amplísimos sectores de ciudadanos, asociaciones, partidos políticos, e incluso, en ocasiones, de las propias instituciones municipales y autonómicas. Las demandas eran muy claras: que se negocien estrategias de política industrial y regional que eviten la desertización y el paro generalizado en las comunidades autónomas que tienen algún grado de industrialización y, asimismo, los agravios comparativos con aquéllas que no lo han tenido nunca. Todo ello en momentos en que las quiebras, las suspensiones de pago y los expedientes de regulación de empleo se multiplican.

¿Cuál ha sido la respuesta del poder? No sólo manifiesta su voluntad de mantener la política causante de todo este desastre, no sólo desestima la elaboración de cualquier política sectorial o regional (ya vendrá el mercado a arreglarlo todo), sino que, mediante malabarismos con las estadísticas, niega la propia existencia de la crisis industrial.

Todo esto es simultáneo con los cierres, la reducción de actividad y las consiguientes pérdidas masivas de empleo que se están produciendo en el sector agrario y en la minería o que se anuncian en el sector pesquero, donde la Comunidad Europea y nuestro Gobierno han anunciado una reducción de las flotas del 40%, sin que se conozcan medidas para crear empleos alternativos.

A la vez, están las medidas, que se han puesto ya en práctica o que se anuncian bajo el manto protector de Maastricht.

El plan de convergencia del Gobierno, más que acercarnos a Europa, es el continuismo de una política negativa y perjudicial para nuestro país. Es un plan de ajuste que utiliza los compromisos de Maastricht como coartada puramente instrumental, ya que sus objetivos superan con creces los requisitos de la conferencia. Es un plan que, contrariamente a lo que se afirma, sí supone duros sacrificios a los trabajadores y cuyos ejes son el deterioro y la liquidación del sector público empresarial, el recorte de los gastos sociales (en sanidad y en protección social) y la profunda desregulación de las relaciones laborales.

Discriminación social

Y que tiene, además, características contradictorias. Por un lado, ninguna medida para dar un mínimo de seriedad a los objetivos de creación de empleo. ¿Cómo se puede creer, en efecto, que una política de ajuste duro que plantea fortísimos recortes presupuestarios, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la reducción del crecimiento económico va a conllevar la creación de un millón de empleos?

Por otro lado, sí son muy concretas (en realidad, es lo único que aparece claro en el plan) las medidas laborales: amenaza de derogación unilateral de las ordenanzas laborales, introducción de la arbitrariedad en la movilidad geográfica, reducción del gasto sanitario.

Y entre ellas, el decretazo, una medida de efectos dramáticos. Con ella se frustran expectativas legítimas para los trabajadores afectados por la reconversión industrial y se condena a los trabajadores fijos discontinuos y con contratos temporales a una mayor discriminación en materia de protección social. Se está intentando engañar, cínicamente, a la opinión pública diciendo que con el decretazo no se disminuye la protección social de los afectados. O sea, como si fuera lo mismo percibir tres meses de prestación contributiva que no percibir nada; o seis meses de prestación contributiva con el 80% de la base reguladora que cuatro meses con el 701/,o de esa base. O percibir una prestación contributiva calculada sobre los salarios cotizados que una asistencial de 42.210 pesetas. Prestación asistencial -hay que recordarlo porque esto se omite deliberadamente- que no implica cotización para invalidez, jubilación y orfandad. Con lo cual centenares de miles de trabajadores Precarios, que ya lo tenían difícil, pierden esperanza de percibir alguna vez una jubilación plena, que requiere en nuestro país 35 años de cotización. Incluso es sumamente dudoso (puede llevarles hasta 30 años) que puedan llegar al mínimo de jubilación alguna vez.

Sensibilidad

Por eso denunciamos una norma en la que se utiliza indebidamente un mecanismo excepcional -como es el del decreto-ley sin que exista el caso de extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige y en la que se comete el despropósito de convalidarla afirmando los autores, al mismo tiempo, que la van a retocar pocos días después.

Por todo ello, las demandas de los trabajadores se concretan en la exigencia de sensibilidad social, el cumplimiento de las promesas electorales realizadas, el cambio en la orientación en la política social y económica del Gobierno. Y sobre todo, que no se consumen atropellos. Como la ley de huelga, cuyo anteproyecto ha aprobado el Consejo de Ministros, que no es sino otro ataque a un derecho fundamental consagrado en nuestro país.

Los sindicatos hemos aportado alternativas porque queremos negociar. En el caso de las normas sobre contratación laboral existía incluso una mesa tripartita de negociación abierta cuyos contenidos se han alterado unilateralmente por el sencillo procedimiento de utilizar el Boletín Oficial Y en el de la huelga, hemos elaborado una propuesta equilibrada que respeta plenamente los derechos de usuarios y consumidores y da la última palabra, en caso de discrepancia, a órganos que emanan del Parlamento o de los órganos legislativos de las comunidades autónomas.

Respecto de la convergencia, que por su gran trascendencia debe ser objeto -como se está plantaendo en todos los países comunitarios- de un amplio dehate nacional (lo que es incompatible con los decretazos), en los próximos días presentaremos nuestros criterios. Que se basan en la cohesión social y económico, en la convergencia real y no silo macroeconómica, en la necesidad de lograr de la solidaridad y del consenso.

Nuestro rechazo a las decisiones gubernamentales nada tienen que ver, como desde determinados sectores se dice, con el deseo de una confrontación política con el Gobierno elegido por los ciudadanos ni con una pretensión de sustituir los mecanismos de la democracia:.

Todo lo contrario. Pretendemos utilizar precisamente los derechos constitucionales para expresar nuestra voluntad de que se rectifiquen medidas muy concretas que afectan gravemente a :parte de los sectores más desfavorecidos de la población.

Por todo ello la lucha de los trabajadores este Primero de Mayo -el del 92 de los grandes eventos- tiene el signo del ¡no! a unas concretas medidas y la exigencia de una sensibilidad social de la que nuestros gobernantes carecen.