Agravios judiciales
LA MAQUINARIA judicial española soporta estos días un conflicto que hace todavía más exasperante para el ciudadano la ya de por sí irritante lentitud de su funcionamiento: la huelga de los secretarios de juzgados y tribunales. A consecuencia de ella, y sólo en Madrid, han sido suspendidas a lo largo de la semana pasada unas 15.000 actuaciones judiciales.El conflicto responde a un antiguo contencioso que ha sacado de nuevo a la superficie la anunciada elaboración de una ley de reforma de la oficina judicial. Desde hace años los secretarios de los juzgados y tribunales vienen denunciando el deterioro de su función, tanto en el marco del procedimiento judicial como en el organigrama de la oficina judicial. La creciente informatización y el control por parte del Ministerio de Justicia del personal de los juzgados han dejado recortada la actuación tradicional de los secretarios judiciales. Una actuación que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 desglosa en tareas tan importantes, entre otras, como las de ejercer la fe pública judicial, ostentar la jefatura del personal y responsabilizarse de la guarda y conservación de los expedientes judiciales. Sea cual sea la solución que deba darse a las reivindicaciones de los secretarios judiciales, lo que no procede es dar la callada por respuesta. La redefinición de funciones y el diseño del modelo retributivo son tareas que deben ser resueltas, aunque sólo sea para evitar que su reivindicación repercuta, de tiempo en tiempo, en mayores dificultades para el ciudadano en sus relaciones con la justicia.
