Violencia, información y poder

La autovía que debe comunicar Navarra con Guipúzcoa ha entrado en una nueva fase de debate tras el pacto encaminado a modificar su contenido, establecido entre el diputado general de Guipúzcoa y la Coordinadora Antiautovía Lurraldea."Todo proyecto es discutible", se ha dicho. Pero esta reflexión nos obliga a una serie de reflexiones sobre la discusión y la decisión políticas.

Éstas han de llevarse a cabo sometiéndose a unas reglas de juego, que son: no se puede introducir un elemento contradictorio con el principio de libertad de los demás; se ha de respetar la diferencia que existe entre los niveles privado y público de la discusión; se ha de acatar el principio de la mayoría.

La introducción de la violencia es una gravísima transgresión a la primera regla, la de respeto a la libertad de los demás. Son culpables ETA, autora material de la violencia, pero también HB, como partido político, y la coordinadora, como asociación ciudadana, que se parapetan en la violencia de ETA para imponer su proyecto. Y dejamos de lado, por ahora, la consideración de si el proyecto que se impone es el originario de la coordinadora u otro, que sale del pacto con el diputado general. En ambos casos se trataría de una decisión política causada por la violencia.

Cuando la coordinadora pretende que la decisión ha de adoptarse por acuerdo entre las instituciones y ella, confunde los planos privado y público, lo que le lleva a la transgresión de la segunda regla de la decisión democrática. Como cualquier otro acto de administración, el proyecto de autovía es discutible por cualquiera -individuo o colectivo- en virtud del principio de libertad de opinión y de expresión. Pero las decisiones sobre proyectos públicos deben ser adoptadas por las instituciones competentes. Hay, por tanto, dos campos distintos: el privado, que no conduce directamente a la toma de decisiones; el público, o campo en el que las decisiones se toman. En un sistema de partidos son éstos los que canalizan el flujo entre ambos campos.

La transgresión a la tercera regla se produce cuando, dentro de las instituciones, no se respeta el principio mayoritario. De esta transgresión es culpable HB. En democracia se debe hacer compatible el gobierno de la mayoría con el respeto a la minoría. Pero el respeto a la minoría consiste en la garantía de los derechos individuales y el mantenimiento del estatuto de la oposición, como pieza del sistema. Por el contrario, ante actos concretos de Gobierno y de Administración es la mayoría la que decide.

La segunda y la tercera de estas reglas no son absolutas. Aun conservando los principios de decisión institucional y mayoritaria, puede ser oportuno, en ocasiones, extender el acuerdo, bien a mayorías institucionales mas amplias (incluso a la unanimidad), bien a grupos sociales no institucionales. Esto se produce durante la fase de discusión, de modo que, en la fase de decisión, puedan integrarse las voluntades dentro de un amplio consenso. La voluntad disidente -sobre todo si se trata de una asociación ciudadana- puede plantearse, además, el conflicto moral entre el acatamiento al derecho y la expresión pacífica de disidencia, incluso por medio de actos de desobediencia civil, aceptando en este caso las consecuencias de sus actos, incluso la justa reacción coactiva de las instituciones.

Pero nada de esto ocurre en el caso de la autovía, porque de lo que efectivamente se ha tratado es de una presión violenta para alterar los cauces democráticos de decisión. Con esta transgresión de las reglas no se debe pactar. La decisión mayoritaria -tras amplía busca de consenso- está tomada y debe ser inmodificable. Es sofística la argumentación de que se puede llegar a una solución pactada porque HB ha manifestado que, de todos modos, acatará el resultado. En efecto, al pacto se llegaría parapetados en las muertes y las amenazas de ETA: luego es claro que se produciría un triunfo de los violentos. Para que se produzca, por una parte, la derrota de la violencia, y, por otra, la deseada conversión de HB, es preciso justamente lo contrario: que el proyecto democrático se mantenga y que HB acate, en minoría, la decisión mayoritaria.

Tampoco la actitud de la coordinadora puede englobarse dentro del conflicto moral propio de la desobediencia civil. En primer lugar, porque su reflexión ecológica y medioambiental se ha parapetado en la violencia de ETA, que, desde luego, es mucho más polucionante que una autovía. Pero, en segundo lugar, porque la solución de compromiso adoptada finalmente nada tiene que ver con sus aparentemente insobornables postulados sobre el medio ambiente. Con lo que queda manifiesto que no eran principios éticos lo que le movían, sino meramente un servicio a la violencia política de ETA. Esta despreciable hipocresía es incompatible con la altura moral exigible para que los actos de desobediencia civil sean respetables.

Hay un aspecto central que queda por analizar: la actitud del PNV, que pacta y apoya a HB en el cambio de proyecto.

La clave está en la reflexión que este partido hace, explícita o implícitamente, sobre el poder. Podríamos resumirla del modo siguiente: el poder, que es información, debe conducir a un nuevo ejercicio de hegemonía. El defecto de esta argumentación está en que, en el nuevo ejercicio de la hegemonía incluye una residual utilización de la violencia.

En primer lugar: el poder es información. El PNV llega a su conclusión desde una pretendida monopolización del conocimiento de la evolución de HB. Que, en el fondo, sea sólo descubrir que el secreto de la esfinge era que no tenía secreto poco importa. La información monopolizada es el único argumento no confrontable que le permite argüir que son ellos los que saben lo que va a pasar en HB y en ETA. Pero de ahí no cabe deducir lo que es correcto hacer. Porque, si de las dos hipótesis contradictorias de los ignorantes -que HB no quiere dejar de apoyar la violencia y que HB quiere dejar de apoyar la violencia (*)- se deduce la misma conclusión -no cabe aceptar una solución pactada con la violencia- el que monopoliza la información, cuando acepta pactar con HB, o bien comete un error, o bien tiene un objetivo distinto del pacto de los partidos democráticos (pacto de Ajuria Enea).

El PNV, mediante el instrumento del monopolio de la información, pretende un incremento en el ejercicio de su hegemonía. Pactar con HB tras este objetivo no es, en este caso, un simple error. Tiene un objetivo inmediato: eliminar al partido de Garaikoetxea como competidor; aceptar al PSE como adversario entre nacionalismo y no nacionalismo (también, por hoy, en posición secundaria al PP); entrar en liza con una HB que depusiera las armas, para dirigir la estrategia nacionalista. La batalla es técnicamente correcta; se trata de decidir quién manda en el nacionalismo y si el nacionalismo se impone. Pero como, para este último objetivo, la violencia es un elemento que divide radicalmente a, los ciudadanos, es preciso que HB (si no ETA) se aparte de esta práctica.

Aquí está el mal paso del PNV. Su conocimiento de que en HB hay importantes fuerzas que quieren dejar la violencia, y su decisión de fortalecer esta tendencia, no le pueden llevar a la paradoja de atribuir a los violentos un último triunfo como sería el reconocer su fuerza para conseguir la modificación del proyecto institucional. Podríamos concluir, incluso, señalando que, dado que su información privilegiada ha cegado al PNV cuando ha pactado con HB, la actitud verdaderamente funcional para conseguir el objetivo de que HB abandone las armas es la seguida por el resto de los partidos democráticos: con su oposición al cambio de proyecto, demostrar que la democracia se impone sobre la violencia y que es mejor, incluso, que no haya autovía a que la haya cediendo ante los violentos.