El único criterio razonable
OBTENER información por métodos ilícitos (escuchas telefónicas, colocación de micrófonos, espionaje, etcétera) es éticamente repugnante, porque supone una intromisión intolerable en la vida privada de los ciudadanos, como ha defendido y defiende este periódico. Además, en la mayoría de los casos es delito y, por tanto, castigable de acuerdo con la amplia normativa legal vigente.Ahora bien, un medio de comunicación comprometido con los derechos del individuo y con la legislación democrática -y que, por tanto, no utiliza métodos llícitos-, ¿qué debe hacer si recibe una información comprometida? Si los datos de la información sobrepasan el ámbito íntimo de las personas, es decir, si resultan de trascendencia política, ¿debe secuestrarla al interés de los ciudadanos? Si la información es de interés público y su contenido no afecta a la intimidad de las personas, debe darla a conocer una vez contrastada: ése es el único criterio razonable para un medio de comunicación.
La reproducción radiofónica en la SER de parte de dos conversaciones telefónicas mantenidas el pasado día 18 por el líder socialista José María Benegas, en las que éste hacía duras críticas, más o menos veladas, a Felipe González, Narcís Serra, Carlos Solchaga y otras personas, abrió ayer un profundo debate sobre las relaciones entre el Gobierno y el partido que lo sustenta, y, subsidiarlamente, sobre el papel de los medios de comunicación. La SER obtuvo estas cintas de un modo ortodoxo y resulta obvio que lo reproducido es de interés general. Su contenido arroja luz, en efecto, sobre una cuestión política que preocupa grandemente a los ciudadanos llamados a votar dentro de un mes: las relaciones entre el Gobierno de Felipe González y el partido que lo sustenta. Éste es el centro del problema. Tras la salida de Guerra del Gobierno, las reticencias expresadas por algunos notables contra la composición del Ejecutivo se habían detenido siempre un milímetro antes de convertirse en reproches al presidente. Las grabaciones conocidas ayer indican que, de puertas adentro, esa frontera ha sido traspasada. Los ciudadanos tienen derecho a saberlo.
Por lo demás, que existan divergencias en un partido, que el liderazgo de su principal dirigente sea cuestionado por otras personas y que la ciudadanía tenga conocimiento de ello no constituye ninguna tragedia. El bochorno ante el estilo tabernario y la debilidad argumental puede estar justificado; pero no el pánico que ayer se apoderó de algunos socialistas, militantes o simples votantes. Democracia es, ante todo, transparencia. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando, a la hora de ponderar eventuales conflictos de derechos, ha considerado prevalente el de recibir información veraz y relevante a otros que podrían ser evocados.
