Gestionar la protesta
EL AYUNTAMIENTO de la localidad barcelonesa de Sant Adrià suspendió la construcción de 196 viviendas sociales en el barrio del Besòs destinadas a aliviar la densidad demográfica del degradado barrio de La Mina, con una nutrida población gitana. La suspensión parece un carpetazo indefinido. Este aplazamiento se justifica en la necesidad de elaborar previamente un plan urbanístico más amplio de la zona. Pero las divisiones entre las administraciones implicadas y la virulenta oposición de los vecinos no auguran que dentro de un año las condiciones sean mejores. En resumen: los ciudadanos más desprotegidos, los de La Mina, se van a quedar sin nuevas viviendas.Esta guerra vecinal no tiene ni los aires ni los horizontes de las clásicas luchas populares. A estos victoriosos vecinos les asiste la razón de sufrir la prolongada desatención de la Administración, que hace muchos años los alojó malamente en una aglomeración denigrante. Pero su oposición a recibir convecinos de La Mina -tras acreditar sus ingresos, es decir, con una situación económica suficiente- en el barrio da pie a pensar en una prevención que algunos han calificado de racista.
¿Qué han hecho las instituciones? Con retraso, pero al fin dialogaron. El Ayuntamiento de Sant Adrià y el consejero de Obras Públicas de la Generalitat, Joaquim Molins, de la mano del síndic de greuges -en sus funciones de defensor del pueblo-, buscaron una solución negociada que fuera válida para todos, y encontraron una fórmula razonable: situar las nuevas viviendas en otro solar del mismo barrio y dotarlo de nuevos equipamientos colectivos. La persistencia de la protesta vecinal, ya con menos razones, y los cálculos de popularidad provocaron un cambio en la actuación de la Generalitat: tomó protagonismo el consejero más proclive a aguar conflictos sin resolverlos, el de Bienestar Social, Antoni Comas, quien finalmente apoyó a los residentes de Besós, con gran contento de éstos y ante un Ayuntamiento socialista abrumado por su torpeza inicial y su soledad. Ducho en repartir beneficencia, Comas prefirió no asumir los costes del conflicto. Ahora deberá llevar el bienestar social que da título a su cartera a los ciudadanos del barrio más deteriorado, quienes se han quedado compuestos y sin viviendas.
Los vecinos del Besòs, que se han opuesto con violencia a la construcción de estos pisos, habrán logrado una victoria, pero lo que es seguro es que los derrotados -además de sus convecinos más desprotegidos- son aquellos que tratan de anteponer la solidaridad a la defensa de los intereses localistas. La experiencia parece demostrar que sólo a quien protesta ruidosamente se le da la razón. Las administraciones deben atender los estados de opinión de la ciudadanía, dialogar y pactar. Pero cuando lo han intentado, deben aplicar sus programas: apearse de una decisión por presiones excesivas y no por convicción debilita la autoridad necesaria para quienes gobiernan. Éstos nunca deben olvidar a los colectivos socialmente más débiles, aunque sean menos ruidosos y electoralmente menos rentables.
