Impunidad
HACE UN año, una unidad del Ejército salvadoreño irrumpió en la Universidad Centroamericana de San Salvador y asesinó a seis jesuitas y dos trabajadoras que se encontraban en ella. Hoy, un año más tarde, están detenidos los autores materiales de la matanza y su instigador más directo, el coronel Benavides, director de la academia militar. Sin embargo, los mandos militares que planearon y ordenaron el hecho ni siquiera aparecen como implicados. El juez encargado del caso ha sido y está siendo incapaz de sentar a todos los responsables en el banquillo. La culpa la tiene, entre otros, el Gobierno de extrema derecha del presidente Cristiani, que lejos de cumplir con su promesa solemne de esclarecer el crimen ha arrastrado los pies e incluso ha puesto trabas al progreso de la investigación.El escándalo es tal que el Gobierno de Estados Unidos ha reducido su ayuda militar a El Salvador en un 50%. Otros Gobiernos, como el español -menos capacitados para imponer sanciones materiales-, han ejercido sobre el país centroamericano considerable presión moral. Tampoco han tenido éxito.
En el fondo, no se trata sólo de encontrar y castigar a los culpables de un crimen repulsivo, sino de que un país demuestre que es capaz de funcionar como sociedad civilizada ateniéndose a la regla de derecho. Como ha recordado la Comunidad Europea, el presidente Cristiani debe comprender que la investigación y esclarecimiento de la matanza son esenciales para la estabilidad de El Salvador. Sólo si la autoridad civil prima sobre la militar podrá acceder aquel país a un futuro pacífico. La principal obligación del presidente de la República es asegurarse de ello con firmeza.
