Quebec, tentado por independizarse de Canadá

Lejos de las repúblicas bálticas, en la otra punta del hemisferio norte, otro extenso país corre también como la URSS el riesgo de desmembrarse: Canadá. Si de aquí a un mes, al 23 de junio exactamente, tres de las nueve provincias anglófonas no firman el llamado acuerdo constitucional del lago Meech, que garantiza a Quebec el estatuto de sociedad distinta en el seno de la federación canadiense, parece probable que la región francófona del país esté de nuevo tentada, como ya lo estuvo hace una década, por la independencia. Para evitarlo, Brian Mufroney, el jefe del Ejecutivo canadiense, ha iniciado una carrera contrarreloj.

Mulroney ha llamado estos últimos días por teléfono a los 10 jefes de Gobierno provinciales, al tiempo que su emisario, Lowell Murray, ministro para las Relaciones Interprovinciales, efectuaba una gira por el país con vistas a convocar una conferencia de primeros ministros en un último intento de salvar el pacto del lago Meech.El tiempo apremia, porque a medida que se acerca la fecha limite del 23 de junio, en que caduca el acuerdo constitucional, aumenta el número de habitantes de Quebec favorables a la independencia. Un sondeo publicado la semana pasada por el diario Toronto Star indicaba que el 60% es favorable a esta opción, mientras el 32% la rechaza y el 8% no se pronuncia. Cuando en 1980 se celebró el referéndum en la provincia francófona, sólo el 40% se inclinó por la llamada soberanía-asociación, es decir, por escindir se de la federación.

El problema tiene su origen en la repatriación por Canadá, a principios de los años ochenta, de su Constitución, hasta entonces depositada en Londres. A diferencia de las demás provincias, Quebec se niega a ratificarla, porque no garantiza la especificidad de una región en la que el 81% de la población se declara francófona y revindica una cultura diferente a la del océano anglófono que la rodea.

Para reconciliar a Quebec con la Constitución, a la que los canadienses agregaron otra carta sobre derechos y libertades, Mulroney negoció en la primavera de 1987, al borde del lago Meech, cerca de Ottawa, con los jefes de Gobierno provinciales un acuerdo constitucional. En él no sólo se reconoce a la bella provincia, como la llaman sus habitantes, como una "sociedad distinta", sino que se señala que existen comunidades francófonas en otras regiones de Canadá, y también una anglófona en el mismo Quebec.

En las orillas del Meech se otorgó además, de hecho, a Quebec un derecho de veto sobre reformas constitucionales que afecten a la Cámara de Representantes, al Senado, al Tribunal Supremo (donde dispondrá de la tercera parte de los jueces), a la creación de nuevas provincias y se le garantiza, por último, acoger una cuota anual de inmigrantes.

El acuerdo, que requiere la unanimidad, satisfizo al primer ministro liberal de Quebec, Robert Bourassa, y a otros seis jefes de Gobierno provinciales, pero no así a los de Manitoba y de Nuevo Brunswick, ni al de Terranova, que después de haberlo aceptado cambió de parecer. Su rechazo se fundamenta en que otorga al Gobierno de Quebec poderes superiores a los de los demás Ejecutivos provinciales con los que temen intente, entre otras cosas, imponer aún más estrictamente el uso del francés a su minoría anglófona.

Ley polémica

Como prueba de ello recuerdan la promulgación en 1985 en Quebec de una ley que prohibía el uso en anuncios y rótulos públicos de cualquier idioma que no fuera el francés, que el Tribunal Supremo derogó y que el Parlamento provincial aprobó de nuevo en 1988. Iniciativas como ésta han generado reacciones adversas como la de medio centenar de municipios anglófonos de la próspera provincia de Ontario que se han declarado unilingües contraviniendo el bilingüismo oficial en la Administración pública.Para que adquiera rango de ley, el pacto de Meech debe ser ratificado por todas las legislaturas provinciales antes del 23 de junio. Para lograr convencer a las tres recalcitrantes, una comisión de la Cámara de Representantes presidida por el ex ministro Jean Charest propuso la semana pasada una resolución que enmienda el acuerdo del lago otorgando al Gobierno federal, y no a los provinciales, la protección de los derechos de las minorías lingüísticas, una forma de proteger al casi 9% de anglófonos residentes en Quebec.

Robert Bourassa, en el poder desde 1985, parece aceptar este aspecto del informe Charest. Pero no está dispuesto a transigir sobre la preeminencia de la Carta de los derechos y libertades sobre el acuerdo de Meech -si es que entran en contradicción-, ni a renunciar tampoco a largo plazo a su derecho de veto sobre la reforma del Senado.

Si las iniciativas del primer ministro de Ottawa en el próximo mes no logran salvarlo, el pacto del lago caducará, se desmoronará uno de los dos pilares, junto con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en los que Mulroney ha basado su política, y, sobre todo, acarreará probablemente para Canadá consecuencias imprevisibles.

La bella provincia se sentirá "más incomprendida", ha anticipado Bourassa, y uno de sus ministros, Gil Rémillard, no duda en afirmar: "Las consecuencias del rechazo del acuerdo serán graves para el futuro del país, y Quebec tendrá que promover una reorganización sustancial de sus lazos de asociación con la federación canadiense".

Otras voces, y no sólo entre las filas tradicionalmente independentistas del Partido Quebeçois, piden incluso a Bourassa que reemprenda el camino de la independencia iniciado por René Levésque. Si Quebec se separa, alguna otra provincia puede estar tentada no tanto por la independencia como por su incorporación a EE UU, para evitar así las repercusiones económicas negativas de la amputación de la cuarta parte de la población canadiense (6,5 millones de habitantes).

Separación posible

Los militantes del Partido Quebeçois aseguran que una región atiborrada de materias primas, y que es además el primer exportador mundial de papel de imprenta, el tercero de aluminio, el cuarto de madera de construcción y el quinto de hierro, apenas padecerá las consecuencias económicas de su separación con tanta mayor razón que se mantendría el libre comercio con el resto del país. Después de Ontario, Quebec es la provincia más próspera de Canadá.Los gabinetes de análisis financieros norteamericanos como el Merril Lynch o el First Boston auguran, en cambio, a Canadá un porvenir económico menos brillante si se produce la escisión. La amenaza de la independencia, aseguran economistas citados por el diario de Toronto Globe and Mail, ha empezado ya a surtir sus efectos sobre el conjunto del país provocando una subida de los tipos de interés y un aplazamiento de las inversiones hasta después del fatídico 23 de junio.