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Tribuna:

Contaminación, ciencia y sociedad

La depauperación progresiva de la capa de ozono de nuestro planeta es un buen ejemplo del retraso con el que, en general, los poderes públicos acaban reconociendo los peligros y los riesgos que para las especies vivas tiene la civilización expansiva basada en la lógica del beneficio y en la conversión del dinero en principal fetiche. No es éste del ozono el único ejemplo, desde luego, pues algo parecido ocurrió hace algunos años con la energía nuclear de fisión. Hubo que llegar hasta el borde mismo del abismo para que los responsables políticos de las principales potencias industriales, y con ellos las instituciones internacionales, admitieran lo que no habían querido aceptar durante las décadas anteriores.En efecto, desde mediada la década de los sesenta, un puñado de científicos sensibles, los ecologistas y no pocas personas relacionadas con el asunto, venían afirmando que el riesgo de la energía nuclear para la producción de electricidad era algo muy real, y que la mayor parte de los cálculos habitualmente manejados acerca de los peligros inherentes a este tipo de energía habían sido demasiado optimistas, se habían visto demasiado condicionados por la euforia tecnológica de algunos expertos, cuando no por la presión derivada de los intereses económicos de las industrias eléctricas. Pero, para que al final se admitiera eso, al menos parcialmente, hizo falta que el escape radiactivo de la central nuclear de Harrisburg alertara de manera definitiva a la opinión pública norteamericana; fue necesario que el accidente en la central japonesa de Tsuruga pusiera en evidencia cómo las autoridades tienden al secretismo en estos casos; tuvo que llegar a las pantallas de televisión la enorme dimensión de la catástrofe que se produjo en la central nuclear de Chernobil. Más de 10 años han hecho falta en España para que el accidente en la central de Vandellòs obligara a las autoridades a pensar, simplemente a pensar, en riesgos reales para las poblaciones, advertidos en su día" por el Comité Antinuclear de Cataluña.

Hará ahora más de 20 años que algunos ecólogos pioneros (como el norteamericano Barry Commoner) y ciertos publicistas sensibles (como Gordon Rattray Taylor) llamaron la atención sobre los peligros del efecto invernadero que se estaba produciendo en el planeta Tierra a causa del uso y del abuso de determinados productos industriales contaminantes. En aquel entonces todavía no se sabía bien cuáles eran los principales productos causantes de tal efecto y se relacionaba éste con otras formas de contaminación atmosférica. No obstante, se conocía ya lo suficiente acerca del carácter potencialmente biocida de ciertos productos y actividades industriales como para adelantar predicciones fundadas sobre el riesgo de una crisis ecológica, tan incipiente como inminente, de continuar el constante deterioro de las capas altas de la atmósfera. Fueron precisamente estas llamadas de atención y los pronósticos adelantados por gentes como Commoner y Rattray Taylor lo que contribuyó a impulsar los primeros movimientos ecologistas con una punta político-social en EE UU, Reino Unido y Centroeuropa.

Pero al menos desde 1973 la comunidad científica conocía ya muchos detalles importantes acerca del deterioro de la capa de ozono, gracias a las investigaciones llevadas a cabo por J. Lovelock, S. Rowland, M. J. Molina y V. Ramanathan, entre otros; detalles que sólo en estos últimos años han empezado a ser divulgados entre la opinión pública. Se sabía, por ejemplo, que entre los causantes del deterioro estaban, o habían estado, las pruebas nucleares atmosféricas y los vuelos estratosféricos de los aviones supersónicos; se sabía también que entre los agentes que contribuían a la depauperación del ozono, los principales eran ciertos tipos de gases denominados clorofluorometanos, habitualmente utilizados como propulsores o impelentes en los aerosoles, gases cuya producción media anual estaba acercándose a la megatonelada ya en 1974; y se sabía, por último, que el ritmo de empobrecimiento medio de la capa de ozono estaba haciéndose progresivamente acelerado desde comienzos de los años sesenta.

La llamada de atención de los científicos y de las personas sensibles -el grito de alarma en este caso- hacía referencia a una serie de efectos o consecuencias negativas potenciales, algunas de las cuales eran observables ya entonces: aumento de los porcentajes de cáncer de piel, aparición de rasgos degenerativos en plantas, insectos y plancton, cambios en la composición estructural de la estratosfera y posibles cambios climáticos (relacionados también, por otra parte, con varias intervenciones tecnológicas megalómanas). El aumento porcentual de la incidencia del cáncer de piel y de las enfermedades degenerativas tienen que ver con la mayor penetración de las radiaciones ultravioletas, favorecida por el adelgazamiento de. la capa de ozono. Las otras consecuencias, y particularmente la hipótesis que correlacionaba el deterioro de la capa de ozono con los cambios climáticos, planteaba, además, delicados problemas geoestratégicos, sólo resolubles en el marco de las instituciones internacionales y mediante un nuevo derecho mundial.

La pregunta que uno se hace naturalmente a partir de ahí es ésta: ¿por qué se ha tardado tantos años -veintitantos si el punto de referencia son las primeras llamadas de atención, casi 20 si nos atenemos a la aparición de los primeros artículos dedicados al tema en las revistas científicas británicas y norteamericanas- en adoptar medidas operativas en los primeros países productores de aerosoles?

Esta pregunta se contesta a veces argumentando que las comunidades científicas necesitan un plazo razonable para considerar probada una hipótesis, y que la correlación entre el deterioro de la capa de ozono y los aerosoles no era sino eso, una hipótesis. Otras veces se alude a la complicación de los aparatos burocrático-administrativos, al viejo asunto de que las cosas de palacio van despacio (y aún más cuando se trata de palacios imperiales). Argumentos así han vuelto a esgrimirse estos días con ocasión de la cumbre internacional sobre la contaminación, que ha tenido lugar en Noordwijk. Pero esos argumentos, que a primera vista parecen razonables, no tienen entidad suficiente como contestación satisfactoria a una pregunta no sólo razonable, sino además preocupada por la cuestión del tiempo, pues todos sabemos la fulminante rapidez con que pueden llegar a actuar las Administraciones cuando se trata de otros temas. Y conviene saber también -si es que no se sabe- que, por lo general, no se espera tanto tiempo ni se piden tantas pruebas cuando de lo que se trata es de derivar aplicaciones tecnológicas de hipótesis arriesgadas que, en cambio, van a dar lugar con toda probabilidad a pingües beneficios económicos.

Yendo al caso: la desidia burocrático-administrativa no es ajena a los obstáculos hasta ahora interpuestos por los principales fabricantes de aerosoles y otras empresas implicadas para que la hipótesis más extendida entre los científicos no llegara a la opinión pública. Interés económico y desidia administrativa han permitido incluso ciertas derivaciones pseudocientíficas que se utilizaron hace años y que todavía a veces son aludidas hoy: ha llegado a decirse que los aerosoles eran sólo un problema secundario y que la causa principal del deterioro de la capa de ozono serían los gases procedentes de las flatulencias del ganado...

He ahí otro interesante ejemplo de cómo la pura luz de la ciencia puede llegar a convertirse en pura porquería por efecto de la lógica del beneficio, del industrialismo y del productivismo a ultranza. También Noordwijk, donde EE UU, Japón y la Unión Soviética han impedido de hecho la reducción de los gases contaminantes para este fin de siglo, enseña. Y es que mientras la crematística siga sustituyendo a la economía, la ciencia sólo podrá brillar sobre el oscuro trasfondo de la ignorancia.

Noordwijk enseña, efectivamente. Sus acuerdos, y sobre todo los argumentos allí empleados por las principales potencias del mundo, invitan a la reflexión. Mientras los Gobiernos continúen induciendo en las poblaciones la manía absurda de traducirlo todo, naturaleza y humanidad, a dinero, es previsible que el círculo siga cerrándose y que el desfase negativo entre conocimiento científico y acción social se deteriore. Esperemos que el espectáculo al que se obligue a asistir -cada vez con más riesgo- a las poblaciones del fin de siglo posmoderno y posindustrial no sea éste: conversión en dos días de hipótesis biológicas, todavía discutibles, en objeto de patentes que incluyen los más íntimos fluidos humanos (haciendo a un lado toda exigencia de moratoria), mientras se necesitan 20 años para admitir los riesgos anunciados por aquella parte de la comunidad científica que aún piensa en algo más que en la mercantilización.

Francisco Fernández Buey es profesor de Filosofía en la universidad de Valladolid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de enero de 1990