Un parto interminable
PILAR MIRÓ ha saludado, desde su puesto de má xima rectora de la televisión pública, la "próxima aparición" de los tres nuevos canales de televisión privada previstos por la ley. La medida de tiempo próxima es imprecisa, pero las conocidas reticencias del Gobierno a la televisión privada auguran que su aparición no es precisamente para mañana, y ello a pesar de los buenos propósitos expresados por el ex portavoz del Gobierno Javier Solana, días antes de cambiar de cartera. Cualquier cálcu lo elemental pone de manifiesto que es prácticamente imposible que esos canales estén en funcionamiento antes de las elecciones legislativas de 1990. Las obras de infraestructura con que el Estado ha de poner su red de difusión al servicio de la televisión privada no comenzarán hasta finales de este año o principios del próximo, y se calcula un plazo de año y medio para que estén totalmente terminadas.Ya sabemos cómo en este país los plazos previstos para cualquier obra se alargan en la práctica y, además, no está asegurado que el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones sea verdaderamente eficaz en su nuevo cometido.
En una actitud que se aproxima al cinismo, el Gobierno viene a sugerir que si las televisiones privadas no llegan en su momento es porque probablemente las empresas no estarán en condiciones técnicas ni programáticas de emitir, como si esa eventual incapacidad no fuera consecuencia directa del retraimiento que produce en las compañías interesadas la inseguridad jurídica de una ley disuasoria -y sujeta a un posible recurso de inconstitucionalidad- y la ignorancia sobre el plazo en el que el Estado tendrá disponible su red de difusión.
Es muy probable que entre tanto sean ya fáciles de alcanzar para todos las emisiones vía satélite y las que se preparan por la Comunidad Europea. Limitadas ahora por el precio de las antenas parabólicas, sus accesorios y sus dificultades de instalación, puede ocurrir que las antenas individuales para captación de satélites sean próximamente puestas a la venta a precios asequibles y miniaturizadas. Las emisiones internacionales se harán en varios idiomas seleccionables, de forma que eventualmente se podrán recibir también en español. Esto puede crear grandes dificultades de captación de audiencia para los canales privados y para quienes finalmente han de sufragarlos, los anunciantes. Las previsiones publicitarias para 1990 se cifran en unos 252.000 millones de pesetas, pero nada seguro puede predecirse en un sector cuyo desarrollo está tan estrechamente vinculado al de los otros y al resto de la economía nacional. En este aspecto, la principal concurrencia de los canales privados seguirá siendo la de Televisión Española, que va a continuar con su carácter híbrido de privada en cuanto a la recepción de beneficios publicitarios y de pública en sus inversiones a fondo perdido.
Ha costado muchos años llegar a una ley de televisión privada tan restrictiva como la que existe, y costará algunos más que se ponga en funcionamiento: son retrasos de exclusivo carácter político. Y es de temer que cuando se llegue al pleno funcionamiento, las empresas privadas se encuentren en planos de concurrencia económica en que les sea muy difícil moverse y alguna tenga, en fin, que alimentarse realmente de dineros muy políticos. La resistencia del Gobierno a hacer a tiempo las concesiones -palabra ya viciada, puesto que un medio de expresión no se debe conceder, sino que es un derecho de todos- habrá producido estas anomalías.
