El fiscal del 'caso Palazón' pide más de 1.000 millones a los procesados que están en España
El diplomático Francisco Javier Palazón llegó a administrar en 1985 un total de 2.426 millones de pesetas como asesor en Ginebra de capitales españoles y extranjeros, según conclusiones provisionales del fiscal, que pide penas de siete meses a un año de cárcel para cuatro de los procesados y multas por un total de 1.120 millones de pesetas a los cinco inculpados que están en España (Palazón y Miguel Fuster Manera huyeron al extranjero).
Según el fiscal, Palazón se dedicó, desde 1976, a asesorar y gestionar capitales y depósitos de cuentas bancarias de españoles y extranjeros, desde su residencia en Ginebra (Suiza), llegando a administrar, a principios de 1985, un volumen de dinero y bienes no inferior a 2.426.655.000 pesetas.Al mismo tiempo, como administrador-consejero de la entidad Equitas, filial del Rothschild Bank de Zúrich (Suiza), desde 1978 realizó transferencias a Suiza de dinero que recibía en España, cuyo valor en francos suizos, dólares de EE UU o marcos alemanes ingresaba allí en cuentas abiertas con "seudónimos, siglas o nombres imaginarios".
El fiscal ha tenido en cuenta, para calificar los hechos, el dinero evadido antes de 1979 y las operaciones posteriores, porque la ley de Control de Cambios, que entró en vigor ese año, fue declarada luego inconstitucional en cuanto establecía penas de prisión sin tener carácter de ley orgánica.
Para el fiscal Manuel Villanuieva existen seis delitos monetarios continuados y otro delito monetario simple, del que considera autores a los cinco procesados que están en España, según la intervención de cada uno en los distintos casos.
Solicita provisionalmente para el catedrático Eduardo García de Enterría y su esposa sendas multas de 230 millones de pesetas por un delito monetario continuado, y otra pena a cada uno de un año de prisión menor y multas de 50 millones por otro delito monetario.
Para Juan Antonio Gamazo pide 300 millones de multa; para María Soledad Figueroa, 60 millones, por un primer delito, y un año de prisión y 20 millones por otro delito, y para Carlos Varela Dopazo, 150 millones por un delito y siete meses de prisión menor y 30 millones de multa por otro.
Están pendientes de resolver dos recursos del matrimonio García de Enterría ante el Tribunal Constitucional, contra el procesamiento y porque no se respetó su condición de residente en el extranjero, ya que Eduardo García de Enterría era juez del Tribunal de Estrasburgo, además de haberle denegado la práctica de pruebas pedidas.
