Gobierno por terminado el "ajuste duro" y renuncia a hacer recomendaciones salariales

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, abrió ayer el debate a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 1988 con el mensaje de que se ha concluido el "ajuste duro", y que estamos en una etapa de "auténtico auge y recuperación económica". Ello no significa "bajar la guardia" en la hacha contra la inflación, y para ello las rentas nominales y la política monetaria deben estar acordes con este objetivo, pero "el Gobierno no ha acordado ni acordará ni va a proponer una línea de crecimiento de los salarios".

En contra de los argumentos de la oposición que coincidieron en sus críticas a los Presupuestos, Solchaga afirmó que éstos van encaminados a conseguir una mayor equiparación con Europa en el grado de bienestar social. La reforma fiscal que fue calificada por el ministro de Economía de 'revolucionaria y espectacular", consiste en "hacer pagar menos a los que ya vienen pagando" y va a permitir liberar recursos para hacer una política social.Solchaga afirmó que este año, el crecimiento económico no estará por debajo del 4,7% y es altamente probable que se acerque a cotas próximas al 5%" con el tirón que se producirá por el crecimiento de la consumo y la inversión y no por el sector exterior.

Sobre el desequilibrio de la balanza comercial, el ministro dijo que "el Gobierno no va a ceder a las presiones de aquellos que buscan, por la vía de la devaluación, una rentabilidad fácil en las exportaciones".

El ministro de Economía afirmó que "en el ámbito global y macroeconónúco, el ajuste ha terminado". Pero, añadió, "el Gobierno debe ser ambicioso en la lucha contra la inflación" y "no tiene sentido ahora descuidar la guardia y pensar que cualquier tipo de crecimiento de los salarios o en los costes de producción son compatibles con una inflación satisfactoria".

Pero "igual que digo ésto", continuó, "quiero que quede constancia de que el Gobierno no ha acordado, ni acordará, ni va a proponer una línea de crecimiento de los salarios". Habrán de ser las fuerzas del mercado y los agentes económicos y sociales organiados "quienes concluirán acuerdos de salarios razonables y compatibles con este objetivo de inflación".

Alguien miente

Solchaga afirmó que la reforma fiscal supone para Hacienda unos menores ingresos de 220.000 millones en la recaudación del impuesto sobre la renta. Quien diga que ésto no es una disminución de la carga fiscal, añadió Solchaga, "sencillamente o no tiene los datos, o teniéndolos está mintiendo". La nueva estructura de tipos impositivos en renta va a suponer, según el ministro, "una disminución extraordinariamente importante para todos los niveles de renta hasta 17 millones de pesetas". Afirmó que una familia con unos ingresos de 80.000 pesetas al mes obtendrá una reducción impositiva del 60%.

Defendió una reducción en el déficit público como la prevista -3,5% del PIB y 0,8 puntos menos de lo presupuestado para este año- y recalcó que las prioridades de gasto se centran en Sanidad, Educación y Justicia. Añadió que el aumento en los gastos de personal del 10,4% es compatible con un incremento salarial para funcionarios y pensiones del 4%.

Aparte de las críticas en las que luego coincidieron los portavoces del CDS, Minoría Catalana, PNV y PDP , Rodrígo Rato (AP) dijo que la política económica se aleja de la aplicada por los países competidores y desatiende los objetivos declarados de promover las exportaciones y la inversión, porque es falso que vaya a bajar la presión fiscal y la recaudación crecerá otro billón de pesetas, mediante una reforma "retrógrada" que beneficiará más a los contribuyentes con ingresos de seis a 12 millones.

Por el CDS, Agustín Rodríguez Sahagún señaló que la mejoría económica se debe menos a la política de ajuste a ultranza y "con un enorme coste social hasta 1985" que al relajamiento de la misma y al mejor clima internacional. Tras criticar el colonialismo industrial, anunció iniciativas parlamentarias para crear un fondo de asistencia a los jóvenes parados.

Miquel Roca (Minoría Catalana), resaltó que el Gobierno pretende recaudar más a cualquier precio y desaprovecha la oportunidad de hacer una economía más competitiva. Insistió en que el ajuste ha tenido grandes costes sociales, como el haber mermado la capacidad adquisitiva de los pensionistas por lo que "estos Presupuestos continuistas deberían ser modificados si es verdad que el ajuste ha terminado".

Por último, el PNV dijo que sólo la falta de acuerdo sobre el cupo vasco justifica la enmienda a la totalidad, mientras que el PDP subrayó que España "está en almoneda", el cambio por realizar, y la política económica necesitada de otras alternativas.