La fiscalía de Barcelona investiga a 30 personas, dueñas de 2.000 millones en pagarés, por delito fiscal
La fiscalía de la Audiencia de Barcelona estudia una denuncia, presentada a principios del actual mes de junio por la Delegación de Hacienda, que afecta a más de 30 personas físicas, titulares de un total de 2.000 millones de pesetas en pagarés bancarios y que no declaraban las rentas obtenidas. El pase al fiscal de este tipo de expedientes, acompañados ahora de una serie de informes y pruebas, constituye un cambio cualitativo en la persecución del delito fiscal en España. Según fuentes jurídicas, en la relación presentada ante la fiscalía de Barcelona hay más de 20 personas cuya actuación presuntamente incurre en los supuestos de delito fiscal. Las sanciones penales previstas podrían alcanzar los 1.000 millones de pesetas, con independencia de las penas de prisión, que para estos supuestos pueden alcanzar hasta los cuatro años.
Entre los nombres de los afectados que han trascendido se encuentran los de Ángel Montero Brusell, María Dolores Modolell Gutiérrez y un tercero apellidado Castelló Vila. Todos ellos son titulares de pagarés bancarios, los dos primeros por un valor de 40 millones de pesetas, y el tercero por 95 millones.La denuncia que estudia la fiscalía presume que los afectados no declararon los rendimientos obtenidos con estos capitales en forma de incrementos de patrimonio. Las sanciones penales de tipo económico tipificadas para el delito fiscal pueden ascender hasta el 600% de lo defraudado.
Expediente de 1985
La formación de este expediente se remonta a mediados de 1985, en que un particular presentó una. denuncia en la Delegación de Hacienda de Barcelona citando a un centenar de personas físicas y jurídicas titulares de pagarés bancarios depositados en una entidad bancaria. Según fuentes financieras, podrían ser tres las entidades depositarias. El denunciante, con ánimo de lograr la recompensa legal prevista para estos casos, requirió a las autoridades para que investigasen las declaraciones de renta de las personas relacionadas, por entender que existían indicios de que no declaraban los rendimientos obtenidos.A partir de entonces Hacienda requirió a los titulares y al banco o bancos para aclarar la situación. Se desconocen los datos concretos que emergieron en la investigación efectuada así como la solidez de las pruebas obtenidas por los inspectores de Hacienda, pero finalmente éstos decidieron presentar el expediente al fiscal.
En todos los casos se trataba de rentas generadas entre 1982 y 1985 por depósitos en forma de pagarés bancarios, conocidos entonces como dinero negro, sujeto hasta mayo de 1985 a una compleja regulación fiscal. Por una parte, los titulares de estos fondos tienen la obligación de declarar todas renta obtenidas, mientras por otra las entidades financieras sólo tenían la obligación de facilitar información sobre determinados depósitos.
Evitar chantajes
Algunos aprovechaban la opacidad legal de estos depósitos para eludir la obligación de declarar y tributar la renta obtenida. Desde mayo de 1985, la Ley de activos financieros permite la opacidad en los títulos llamados afros (a los que se aplica una retención del 45% de sus rendimientos) y en los pagarés del Tesoro. Pero en cualquier caso, sea el tipo de depósito que sea, existe la obligación de declarar -y pagar- por todas las rentas obtenidas.La decisión de remitir las actuaciones al fiscal podría estar relacionada con el propósito de Hacienda de evitar posibles chantajes. En el momento en que se sucedieron los hechos, la legislación fijaba una recompensa para los denunciantes del 30% del valor de las sanciones administrativas que resultasen pertinentes en cada caso. Sin embargo, al trasladar el expediente a la vía judicial desaparecen las recompensas, ya que éstas sólo están previstas para las sanciones administrativas. Por otra parte, la ley de presupuestos del Estado de 1987 anuló este tipo de compensaciones, incluso para las sanciones administrativas, para evitar coaaciones y chantajes.
