El 5 era un dogma
EN LOS últimos días, y como consecuencia, al parecer, de las protestas sociales, algunos miembros del Gobierno se han mostrado más tolerantes en asuntos de política económica. Primero fue el ministro de Economía y Hacienda quien declaraba que la recomendación gubernamental en los incrementos salariales para 1987 era en torno al 5%. Más tarde ha sido Felipe González quien explicó que subidas cercanas al 6% acompañadas por los tradicionales deslizamientos, darían un crecimiento real de los salarios entre el 6,5% y el 7%, compatible con la política económica oficial. Y lo mismo, en esencia, afirmó el ministro de Trabajo.Estas rectificaciones coinciden además con el hecho de que, a medida que pasan los días, resulta que la realidad se va poniendo de parte de quienes no han querido aceptar la dichosa previsión del 5%, inicial mente defendida de manera tajante por el Ejecutivo. El Banco de España denuncia, de una parte, un grave error estadístico en enero que habría hecho presentar un índice de precios dos décimas por debajo de la realidad. Y de otra, estima que para fin de año lo probable es una inflación más cerca del 6% que del 5%.
La corrección ha sido aceptada por el propio Instituto Nacional de Estadística, de cuyo director no hemos oído decir que dimíta o que vaya a ser destituido. Numerosas veces nos hemos referido a la ineficacia y la falta de claridad de las estadísticas españolas, sobre las que, no obstante, se edifican grandes construcciones políticoeconómicas y algunas batallas memorables.
Partiendo de los nuevos datos aportados por el Banco de España, la discusión que ha saltado a la calle podría y debería encontrar cauces más razonables de diálogo. A los que ciertamente no contribuye la simplicidad de las palabras de José María Benegas, número tres del PSOE, acuñando la teoría del camachismo (individualizar la responsabilidad de toda la conflictividad en la personalidad del secretario general de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho) para explicar todo lo que está sucediendo. La oleada de huelgas y movilizaciones, con su ingrediente político innegable, obedece a factores más complejos que la voluntad del viejo dirigente obrero. El propio presidente del Gobierno ha reconocido que a las motivaciones políticas hay que unir al menos la impaciencia de los trabajadores ante el temor a verse descolgados de la incipiente reactivación que se está produciendo, tras años de un ajuste económico muy duro.
Es de esperar que todas estas cosas conduzcan antes o después, y mejor antes que después, a la reflexión. La inflexibilidad inicial de que hizo gala el ministro de Economía, las demagogias que hemos tenido que oír desde algunos frentes sindicales, el oportunismo de sectores reaccionarios o corporativistas que se han sumado a la protesta obrera, y los brotes de violencia que no acaban de desaparecer en ésta, cónstituyen. lecciones a no olvidar. Convertir la política en una guerra de estadísticas es reducirla a su más penosa condición. Pero hacerlo, además, cuando las estadísticas son tan malas como las españolas es incurrir en una trampa imperdonable. De todas maneras, es empeño imposible el de aguardar a que se resuelvan las cosas. La vieja promesa de que los ineptos o los incapaces serían despedidos fulminantemente por el Gobierno socialista ha quedado en el cajón de los recuerdos. Y, bien mirado, si eso no se hace con los ministros, ¿por qué se ha de hacer con el resto de los mortales?
