Andalucía tiene más economía que otras regiones, salvo Cataluña y Valencia
La economía subterránea tiene en Andalucía una amplia extensión, superior a la media nacional,aunque sin alcanzar los valores existentes en Cataluña y el País Valenciano, según el libro Mercado de trabajo y economía oculta en Andalucía, que acaba de publicar el Instituto de Desarrollo Regional, adscrito a la universidad de Sevilla.El trabajo ha sido realizado por dos destacados especialistas en el mercado de trabajo español: Antonio García de Blas, actual director general de Política Económica, del Ministerio de Economía y Hacienda, y Santos M. Ruesga Benito, profesor de Estructura en la facultad de Ciencias Económicas de la universidad Autónoma.
Al analizar la distribución del paro en Andalucía, los autores del libro observan que son precisamente las áreas más ricas de la región, y por consiguiente las mejor situadas para impulsar el despegue económico, las que soportan mayores niveles de desempleo, situación que se agrava por ser actualmente receptoras de corrientes migratorias. Las mayores ocho bolsas de paro están enclavadas en comarcas con niveles de renta muy superiores a la media regional, e incluso la nacional, cual es el caso de las zonas Campo de Nijar-Almería, Guadalhorce-Málaga y La Vega-Sevilla.
Entre los indicios que citan para afirmar la importancia de la economía subterránea en Andalucía figuran: la preponderancia de la agricultura y los servicios, en detrirnento del sector industrial; la escasa dimensión de las empresas andaluzas; la alta tasa de paro estadístico, y el tamaño diferencialmente mayor de la familia. Ésta y la economía oculta parecen amortigilar los conflictos sociales.
Al definir dicha economía la nivel nacional y mencionar sus causas, Ruesga y García de Blas alptintan que las medidas liberalizadoras de los últimos años (reforma del Estatuto de los Trabajadores, reducción de salarios nominales, baja en las cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera) parecen haber frenado la incorporación de empresas de la economía oficial a la sumergida. En su opinión, si las soluciones dependen de una actitud todavía ambigua de los interlocutores sociales y la Administración pública, uno de los principales papeles recaerá en las autonomías.
