El nuevo pacto televisivo

LAS NEGOCIACIONES entre los socialistas y el Grupo Popular de las Cortes han llegado a un acuerdo sobre un nuevo estatuto que regule el funcionamiento de RTVE.Un largo proceso de ofertas y contraofertas, en el que no ha faltado el recurso a reuniones inesperadas o semisecretas, la petición de la cabeza de Calviño por suscripción popular y las actitudes arrogantes de una y otra parte, con recíprocas concesiones al fin, ha desembocado en unos simples retoques al estatuto vigente para el Ente Público desde enero de 1980.

Sin conocer todavía el alcance de todas las reformas que se introducen en un texto que deberán aprobar las Cortes, son de destacar la variación en la composición del consejo de administración y el trámite que se seguirá para la elección del director general. En el primer caso, el número de consejeros se rebaja de 12 a 9 y se altera parcialmente el procedimiento de elección.

Hasta ahora, la docena de consejeros procede del resultado de una votación en el Congreso y en el Senado. En cada una de esas dos cámaras se elegía a seis de ellos mediante mayoría de dos tercios. La elección se hacía en su totalidad sobre "personas de relevantes méritos profesionales". O debería hacerse, puesto que no han faltado abundantes casos en los que el candidato elegido fuera un total desconocido dentro de la correspondiente profesión. Por el sistema que ahora se ha negociado, los nueve consejeros serán escogidos sobre la base de "criterios profesionales y pluralismo social". Seis de ellos lo serán a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios, con cuya vana aclaración se redunda en lo que hasta ahora ha sido la práctica habitual de los grupos políticos, y los tres restantes serán nombrados -al parecer- directamente por el Gobierno.

Respecto a la elección del director general, sigue la práctica de ser designado por el Gobierno, pero en el nuevo estatuto su confirmación exigirá la aprobación de los dos tercios de las cámaras. Aunque con el alivio de que si en una primera y segunda votación no se alcanza el quórum requerido, bastará, en una tercera votación, la mayoría simple. El director general cesará por decisión del Gobierno si incumpliera los principios de independencia y pluralismo informativo. Norma que deja prácticamente invariado al procedimiento actual, excepto en el hecho de que, con el texto pactado, el Gobierno se compromete a especificar los motivos por los cuales decide la destitución y comunicarlos al Parlamento.

A juzgar por lo dicho, los esfuerzos parecen haberse consumido, entre el Gobierno y el único partido reconocido por éste como oposición, en un satisfactorio reparto de influencias, en el que acaso no esté excluida la futura televisión privada. De nuevo aparecen así como triviales las palabras que han tratado de presentar la reordenación del Ente RTVE como un intento ajustarlo a su papel de entidad pública. Si a la reforma propuesta se le debe reconocer un avance, es precisamente en este paso que hace más visible la connivencia de dos grupos políticos para instrumentalizar la poderosa influencia de ese patrimonio del Estado. No hace falta una escrupulosa contabilidad del minutado en las últimas semanas para registrar de qué modo la presencia de líderes del Grupo Popular ha desfilado por las pantallas y cómo puede haberse hecho uso de esta moneda de cambio. Igualmente, no hay que atribuir a la competencia o incompetencia de los profesionales en el medio RTVE los tratamientos de algunas informaciones, como el reciente atentado terrorista contra dos guardias civiles, para inducir que, más allá de los requerimientos periodísticos, en Televisión Española sigue actuando la censura, el dirigismo y la consigna: largas tabarras destinadas a enseñarnos la inauguración por Felipe González de un congreso de ministros de Trabajo o los desplazamientos de las diversas autoridades (del poder y de la oposición) por el universo mundo y minuto y medio escaso, a lo largo de tres telediarios -con el silencio ominoso del primero-, para contarnos un suceso terrorista en el País Vasco. No cabe duda de que las peregrinas ideas del Gobierno -en la línea Thatcher-Reagan- sobre la necesidad de censurar las informaciones de este género son escrupulosamente servidas por la televisión pública.

En definitiva, el acuerdo logrado entre populares y socialistas puede quizá satisfacer las aspiraciones de esos grupos políticos. Difícilmente lo hará con las del pobre ciudadano telespectador.