Accidentes laborales: la hora de la reflexión

A la situación de enfermedades profesionales, accidentes laborales y destrozos del hábitat se ha llegado porque para las empresas es más rentable invertir en aumentar la productividad que en elevar la seguridad, porque importan más los beneficios privados que los destrozos públicos. Pues bien, en vez de plantear estas cuestiones esenciales, otros sindicatos han pretendido aprovechar la tragedia para culpar a la gestión socialista, cuando todos los afectados deberíamos estar de acuerdo en un compromiso histórico irrenunciable: dignificar, después de tantos empeños fallidos, la vida y el trabajo del minero.Y pasados los momentos más dramáticos y tensos -que no hay seguridad alguna de que en cualquier momento no puedan volver a repetirse- es buena ocasión para realizar una reflexión serena sobre lo sucedido en sus dos dimensiones mas inmediatas: sobre los accidentes y sobre las reacciones provocadas por los accidentes.

Empezaré por éstas, y lo haré con toda claridad. Se ha producido una utilización política y sindical de la tragedia minera, poniendo los dramáticos accidentes al servicio de la posición que cada organización defiende. Examinando las opiniones de responsables políticos y sindicales respecto de las causas de la alta siniestralidad minera hay, en efecto, una constante: cada uno atribuye los accidentes a la causa que le conviene. Para quienes rebatieron el Estatuto Minero, esta norma principalísima es la responsable, y hay que reformarla; para quienes combatieron a sangre y fuego innovaciones en materia de contratación temporal, ésta es la causa real de los accidentes, sin tomarse la molestia de comprobar que la práctica totalidad de las víctimas tenía una relación contractual fija; para la oposición, la culpa fue de la Administración; para algún político demasiado vinculado, a ciertos sectores empresariales de la minería lo ocurrido no es totalmente independiente de la corta subida de precios oficiales del carbón, que se supone impide invertir más en seguridad. Cosas así hemos tenido que oír o leer, mientras nadie asumía su propia cuota de responsabilidad: la culpa era de los otros, y los otros eran siempre los antagonistas políticos o sindicales.

Alto balance

No es de extrañar, por tanto, que la gran familia minera se haya desentendido un tanto de toda esa serie de motivaciones interesadas y oportunistas, negándose a dejarse instrumentalizar y contemplando este rosario de opiniones con actitud de tristeza y escepticismo.

Hablemos de los accidentes. ¿Deben buscarse causas extraordinarias para la siniestralidad minera en. el año que está transcurriendo? Debería intentarse esa búsqueda si éste fuera un año en que hubieran ocurrido situaciones cuantitativa o cualitativamente distintas de períodos anteriores. Sin embargo, no puede afirmarse solventemente que haya sido así. El año en curso arroja uno de los balances más altos de la última década en siniestralidad y en accidentes mortales, pero no representa una ruptura drástica con la tendencia. El diferencial de este año -que, en todo caso, existe- es fácil de interpretar: el resurgimiento del carbón hizo afluir hacia esta actividad a empresarios poco escrupulosos, que hicieron renacer explotaciones marginales, y a trabajadores inexpertos, empujados hacia una actividad por ellos indeseada por la presión del desempleo.

Pero la gravedad del problema, y en esto he de discrepar con muchas de las opiniones vertidas, reside precisamente en que lo ocurrido este año sigue la misma tendencia de un período de muchos años.

Lo grave, y que debe mover nuestra preocupación, no es la excepcionalidad de 1985 en el precio de vidas que han pagado los mineros, sino precisamente el que este año, siendo como está siendo particularmente negativo, no pueda considerarse excepcional, sino que expresa la triste continuidad de un drama laboral.

En consecuencia, la pregunta que todos los responsables deben formularse es la de si se están señando las bases estructurales firmes para modificar esta tendencia.

El Estatuto del Minero

Mi opinión es que la actual Administración socialista, tanto a nivel central como al de los Gobiernos autónomos, está dando lo! primeros pasos para la corrección de la inquietante tendencia de accidentes en la mina. El Estatuto del Minero, promulgado en 1984, constituyó un avance legal importantísimo, aun cuando contenga aspectos susceptibles de mejora (no se olvide que, por ejemplo, el Estatuto del Minero francés fue reformado 17 veces), y en materia de seguridad-puede considerarse una de las normas más avanzadas de nuestro entorno. Recientemente se dictó un nuevo Reglamento de Seguridad, que sustituye al viejo Reglamento de Policía Minera, vigente desde 1934, totalmente desfasado desde el punto de vista tanto técnico como de relevancia del factor seguridad dentro de la concepción del trabajo en la mina. Desde la promulgación del nuevo reglamento se han venido aprobando diversas instrucciones técnicas, que contienen las exigencias concretas de seguridad minera, tanto por la Administración central como por las autonomías. En cuanto a éstas, iniciativas tales como el Plan Integral de Seguridad Minera del Gobierno de Castilla y León 0 el plan de otro puntos puesto en marcha por el Gobierno del Principado de Asturias constituyen una ruptura con las prácticas anteriores de la Administración. Sería injusto no reconocer que este conjunto de actuaciones crea las bases para una rectificación de la tendencia de los últimos años.

Ahora bien, esas bases únicamente conducirán a frutos reales si se llevan a cabo de manera sostenida las medidas que prevén, si las exigencias se convierten en mayor investigación, instalaciones de seguridad, aparatos de medición, ensayo de nuevas técnicas menos peligrosas, inspección frecuente y minuciosa, formación profesional, dedicación real de los técnicos responsables, exigencias de la responsabilidad cuando proceda. En suma, si de la letra legal, o de las medidas bien concebidas, se logra pasar a un estadio en el que el fáctor seguridad se conjugue con los demás factores (el factor beneficio el factor rendimiento, por ejemplo) con un mayor peso específico, pasando a constituir la preocupación primera de todos los responsables: empresarios, técnicos, administración, sindicatos.

Durante muchos años, la seguridad ha estado abandonada, y es necesario que todos lo reconozcan. Ni la Administración estaba concebida y sensibilizada para exigirla ni los empresarios la incorporaban como una parte de su responsabilidad en la organización del trabajo y en el cálculo de los costes. Ahora se han sentado unas bases que pueden cambiar la situación.

Y creo que es muy importante que todos asuman su parte en esa responsabilidad hacia el futuro. Pasados -como todos deseamos- los momentos más tensos, olvidadas las demagogias y las instrumentalizaciones, debe producirse en la aplicación de las nuevas normas y medidas un cambio de actitud por parte de los empresarios, por parte de la Administración, por parte de los técnicos y también por parte de los sindicatos; en cuanto a éstos, reforzando su exigencia en materia de seguridad, su capacidad de propuesta y su función. de vigilancia.

Creo que la atención de los hombres de la mina, uno de los sectores laborales más maduros de la sociedad española, está en estos momentos esperando esa respuesta constructiva y continuada por parte de todos. Respuesta que para ser realmente efectiva deberá abarcar asimismo otros aspectos del trabajo en la mina que tal vez hayan quedado ocultos por la sombra de la tragedia. Porque abordar a fondo la problemática de la seguridad requerirá tratar también de la mejora de la salubridad, la lucha contra la enfermedad profesional, la mejora de las condiciones de trabajo en la mina y de la vida del minero fuera de ella y las razones que deben tener para confiar plenamente en su futuro. Todo un conjunto de medidas, en fin, que favorezca la generación en los mineros de una sensación de confianza y de sosiego, pues sentirse seguro también refuerza la seguridad de los trabajadores.