Motor Ibérica pide un crédito oficial de 9.200 millones para el plan de viabilidad
Motor Ibérica, empresa de 8.000 trabajadores, ha solicitado un crédito oficial subvencionado de 9.200 millones de pesetas a la Administración para hacer frente al plan de viabilidad que se aplicará desde el próximo mes de julio hasta 1988. Junto a este crédito, la empresa ha pedido subvenciones por valor de 3.600 millones de pesetas, equivalentes al 20% de las inversiones, además de otras pequeñas ayudas como la demora en el pago a la Seguridad Social y avales necesarios para llevar a cabo la regulación de empleo.Para resolver las medidas laborales previstas en el plan, Motor Ibérica ha solicitado a la Administración la autorización de un expediente de regulación de empleo para los mayores de 55 años y autorización de movilidad geográfica forzosa. Las jubilaciones anticipadas y las indemnizaciones por baja voluntaria que, según el proyecto de reconversión, afectan a 1.000 personas, serán retribuidas por la empresa con una indemnización equivalente a 3,4 veces el salario bruto individual anual hasta el tope de siete millones de pesetas.
La central sindical CC OO, una de las tres representadas en el comité de empresa, ha manifestado su temor de que estas factorías "se conviertan exclusivamente en una empresa de montaje, dada la tendencia que se observa en las empresas de automóviles afincadas en España a comprar los componentes a fábricas del extranjero".
De los 8.000 empleados que actualmente tienen las factorías del grupo Motor Ibérica, el plan de viabilidad prevé reducir 1.000 puestos de trabajo, más otro bloque, aún no concretado, mediante la movilidad geográfica forzosa. Desde 1981 a 1984 se redujeron en esta empresa 2.000 puestos de trabajo.
Las negociaciones entre trabajadores y empresa se han retrasado por la falta de acuerdo en el procedimiento de fijar las indemnizaciones, entre los comités de empresa de las factorías de Zona Franca e Icaria y la empresa.
Según la dirección, los acuerdos logrados en las negociaciones serían firmados individualmente por los miembros del comité negociador, formado por siete representantes de cada uno de los sindicatos, mientras que los citados comités de empresa piden un refrendo de los acuerdos en el comité.
