Vecinos de un pueblo leonés impiden trasladar un cadáver enterrado "en terreno ilegal"
La totalidad de los vecinos del pueblo leonés de Villamartín de la Abadía, alrededor de 150 personas, montaron guardia a las puertas del cementerio parroquial de la localidad, durante toda la jornada del pasado lunes, con intención de impedir el traslado del cuerpo de una anciana de 80 años de edad, presuntamente oficiado por el juez de paz de Carracedelo. Engracia de la Iglesia falleció el viernes, y, según la Consejería de Bienestar Social de la junta autonómica, ha sido enterrada en una ampliación "ilegal" del cementerio, por lo que, según la normativa vigente, se hace necesario el cambio del cuerpo, en 48 horas, a lugar adecuado, plazo ya expirado sin haberlo intentado.
Los ánimos encendidos de los lugareños salpicaron la jornada con reyertas y disputas propiciadas por la oposición de dos familias del lugar a la citada ampliación, por distar pocos metros de sus viviendas, las cuales carecen igualmente de licencia municipal. Asimismo, los vecinos, capitaneados por el cura párroco, Andrés Lobo, reticentes al diálogo, frenaron cualquier tipo de actuación de la corporación municipal y del propio delegado territorial de Bienestar Social, quien afirmó que "el incidente se debe a intereses pecuniarios del cura".Para los habitantes de Villamartín de la Abadía, pequeño núcleo rural distante cinco kilómetros de la capitalidad del municipio, Carracedelo, el asunto se ha desbordado por la consejería de Bienestar Social. "Nosotros lo que pedimos es quenos dejen descansar el paz donde hemos vivido siempre. Con esto no hacemos daño a nadie".
La historia se remonta al pasado junio, cuando la junta vecinal de Villamartín decidió solicitar un permiso para aumentar en 500 metros cuadrados el terreno del santo lugar. En ese momento, la consejería competente dio el visto bueno a la citada obra y los vecinos iniciaron los cambios con fondos públicos en terrenos comunales y particulares. Posteriormente, con fecha 13 de septiembre, un oficio de este organismo suspendió la anterior resolución, alegando la construcción de un cementerio municipal mayor en la localidad cercana de Carracedelo, con lo que "se evitarían traslados de cadáveres a otros pueblos alejados del municipio y la masificación de éste situado en pleno casco urbano".
Negocio de vivos
En opinión del delegado territorial de Bienestar Social, Joaquín Cueto, el actual incidente se debe a intereses pecuniarios del cura párroco, Andrés Lobo, que "se resiste a dejar de percibir unos honorarios sustanciales". Por su parte, éste asegura: si es necesario "me encadenaré a las puertas del cementerio para evitar males mayores".El séquito de fieles que sigue la actitud del sacerdote también está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario y manifiestan que la venta de las sepulturas "siempre ha sido razonable".
