El Gobierno prepara un plan de lucha contra la droga y un endurecimiento de las leyes sobre extranjeros

El Gobierno elaborará un plan integral de lucha contra la droga, convencido de que las tres cuartas partes de los delitos contra la propiedad tienen relación con el tráfico o el consumo de drogas duras. España parece ocupar uno de los primeros lugares de Europa en este consumo, al menos si se atiende al volumen de aprehensiones de heroína y cocaína a lo largo del año pasado, según dijo el ministro del Interior, José Barrionuevo, tras la cumbre celebrada ayer con responsables de la seguridad ciudadana y del Ministerio de Justicia. En la reunión se acordó iniciar una serie de reformas legales que afectarían a la ley de Enjuiciamiento Criminal, a la regulación de los permisos a extranjeros y al Código Penal, todo ello en orden a mejorar la deteriorada seguridad ciudadana.

En la actualidad existe una comisión interministerial, reveló Barrionuevo, para el estudio del problema de la droga. Será esta comisión la encargada de elaborar el plan integral, en el que se incluirán temas relacionados con los aspectos preventivos, procesales, judiciales y penales de la represión del tráfico y consumo de droga. Sin embargo, tanto Barrionuevo como su colega de Justicia, Fernando Ledesma, se mostraron poco precisos a la hora de informar sobre la entrada en vigor de medidas concretas, en especial la creación de centros de rehabilitación de toxicómanos. Ledesma se limitó a anunciar una "próxima información sobre ese gran plan antidroga".

En la reunión, de más de siete horas, participaron los dos ministros y sus respectivos subsecretar os, el fiscal general del Estado, los fiscales jefes de las audiencias territoriales más el director genenil de la Guardia Civil, el director general de la Policía, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y los gobernad )res e viles de 17 provincias. Tras el encaentro, Ledesma resumió los principales temas abordados, ningino de los cuales tiene carácter ejecutivo, a la espera de una reunión monográfica del Gobierno para tomar decisiones sobre seguridad ciudadana.

En primer lugar, dijo el titular de Justicia, el proyecto de 11 retoque" de la ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 503 y 504, referentes a la prisión preventiva, fue enviado el pasado sábado al Consejo General del Poder Judicial. Se trata, dijo Ledesma, de conseguir un enjuiciamiento rápid,) de los delitos considerados leves. Se trata, igualmente, de conseguir "una más intensa participación de los fiscales en la instrucción sumarial, lo que no quiere decir que se trate de quitar competencias al poder judicial", apostilló Ledesma, quien en todo momento rehuyó hacer cualquier valoración negativa de la actuación de los jueces.

El fiscal general del Estado, Lais Antonio Burón, fue algo más allá al admitir que se dieron "casos escandalosos" de personas que habían cometido delitos llamativos y que, sin embargo, obtuvieron la libertad provisional. Esto ocurrió "quizá por una interpretación no acorde con el espíritu de la ley del artículo 503 de la ley de Enjuíciamíento Criminal, entendiendo que la fijación de una fianza en ciertos casos era automática", en lugar de proceder a decretar la prisión provisional. La reforma del aitículo 504 de esta ley pretende alargar los plazos de la prisión provisional.

Con la reforma de la LEC se buscaría también que delitos considerados menores, pero de gran incidencia en el sentimiento ciudadano de inseguridad -como el tirón-, no queden, en la práctica, irripunes por la inmediata concesión de libertad provisional para el presunto culpable.

También se reformará la ley de Extranjería, buscándose un mayor ccntrol sobre los extranjeros reside ntes en España. El Código Penal también podría sufrir lo que Ledes ma calificó de "retoques", agravándose la reincidencia en casos como el empleo de armas de fuego para la comisión de un delito.

"Amplia coincidencia" en las medidas

Otras medidas, de carácter organizativo, se refieren a la próxima entrada en funcionamiento en Madrid, Barcelona y Valencia -primer paso hacia su extensión a otras capitales- de la policía judicial y la creación de nuevos juzgados de instrucción, temas ambos para los que, según Ledesma, "existe ya suficiente personal", de pendiendo la rapidez de su puesta en marcha de la habilitación de un crédito extraordinario. Finalmente, otra medida a poner en práctica será dictar un decreto-ley por el que "se ejerza un mayor control sobre los establecimientos que pueden canalizar el producto de los hurtos", como casas de compraventa o transformación de oro y joyas.

Según apostilló Barrionuevo, desmintiendo así implícitamente las sospechas de desavenencias entre ambos departamentos, existe "amplia coincidencia" en la necesidad de poner en práctica estas medidas. Esta coincidencia se extiende al tema del tratamiento del tráfico y consumo de la droga, donde "no caben dudas sobre la interpretación de la tenencia para simple consumo o para tráfico; en este punto no se hará sino seguir la jurisprudencia desde 1972". El ministro del Interior señaló que ha crecido en España el consumo de drogas peligrosas, punto sobre el que no existen estadísticas precisas, aunque sí las haya sobre el volumen de aprehensiones: 109 kilos de heroína y 275 de cocaína el pasado año nos sitúan, informó, a la cabeza de Europa. También ha bajado sensiblemente la edad de adicción a las drogas: de los 11.000 detenidos por tráfico en los últimos meses, 500 son niños menores de 16 años.

Estas cifras resultan especialmente preocupantes, de acuerdo con los responsables de la seguridad, si se tiene en cuenta que las tres cuartas partes de los delitos de hurto están relacionadas con la droga. Sin embargo, estas mismas fuentes se confesaron incapaces de citar una estadística que relacione el desempleo y la comisión de estos delitos.