Las emisiones que cuentan con desgravación fiscal se pueden vender de forma inmediata

El conjunto de emisiones públicas y privadas con derecho a desgravación, que se han puesto en circulación durante el presente ejercicio, gozarán de dicha exención fiscal de cara al impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto de sociedades aunque no se conserven en poder del comprador durante el período de tiempo de vida de dicha emisión. Esta modificación de las condiciones de suscripción de emisiones a tres años de amortización se hizo en el decreto de medidas urgentes de política fiscal y prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 1983.Las necesidades de obtener recursos de los ahorradores privados por parte del sector público y de las empresas privadas está provocando que los anuncios de emisiones que se tratan de colocar en los últimos días del año aparezcan con unos tipos de interés más elevados que los ofrecidos a lo largo de 1983.

Estas emisiones a medio plazo de amortización -entre tres y cinco años- cuentan con la ventaja adicional de la desgravación fiscal, lo que hace aumentar la rentabilidad final que obtienen los inversores particulares, y que puede situarse por encima del 20%. Esta rentabilidad, a simple vista, parece demasiado elevada y poco comprensible sí se considera que, mientras dure este año, no será necesario mantener como inversión durante los próximos tres años los fondos destinados a comprar estos títulos.

Esto se debe a que en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 1983 no se contemplaba como condición el mantenimiento durante un plazo determinado de las inversiones. Por el contrario, se admitía la desgravación fiscal para todas las compras de títulos que tuvieran reconocida anteriormente dicha capacidad de desgravar.

El sector público, a través de la deuda del Estado a tres años de amortización o de otras emisiones, como puede ser la del Instituto de Crédito Oficial, ofrece unos tipos de interés muy elevados y algo inferiores a los que proporcionan las empresas privadas -bancos y compañías eléctricas, principalmente-, que no parecen corresponderse con las previsiones existentes sobre: aumento de los precios en la economía española.

Mayor competencia

En principio, parece lógico pensar que si la tasa de inflación tiende a descender, los tipos de interés nominales que ofrecen todas estas emisiones deberían caer en la misma proporción para mantener, de esta manera, la rentabilidad real de dichas emisiones.

Sin embargo, en la salida al mercado que está teniendo lugar en este último mes, ocurre todo lo contrario. Cuando parece que 1983 se va a cerrar con un incremento de los precios del 12%, dos puntos por debajo de la tasa registrada en 1982, y cuando las previsiones del Gobierno para 1984 se concretan en un 8% , no parece lógico que se estén ofreciendo tipos de interés nominales más elevados que al principio del ejercicio.

Sectores financieros, privados y públicos, consideran que esta situación se puede deber a dos causas: o bien nadie confía en las previsiones sobre evolución de los precios, o bien las necesidades de captar el ahorro privado son tan elevadas que sólo se puede garantizar su obtención a costa de una remuneración especialmente alta.

Todo indica que se trata de una combinación de ambas situaciones, en la que pesa de manera principal la segunda. El sector público, tanto por sus necesidades crecientes de fondos para hacer frente al déficit como por su deseo de financiar el mismo de forma más ortodoxa, tiene que acudir al mercado en busca de mayores recursos. Las empresas privadas, después de una pausa de erriísiones durante más de cuatro meses, debido a la recomendación del Banco de España del pasado junio, tratan de recuperar cuota de mercado. Además, tienen que ofrecer tipos de interés más elevados, por la mayor competencia del Estado.