Congreso parala solidaridad
LAS NUEVAS líneas que conformarán la estrategia de política salarial de la Unión General de Trabajadores (UGT) aprobadas en el 33º congreso, que ayer finalizó sus trabajos en Madrid, significan un cambio radical en la dinámica negociadora llevada a cabo por las organizaciones obreras. Independientemente de que sus propios autores insistan en que la nueva filosofía es la continuidad de una política de concertación, la idea de moderación salarial como correctora de una situación inflacionista y como única fórmula de aplicar una verdadera política de solidaridad entre sectores económicamente sanos y sectores deprimidos, y entre trabajadores en activo y población en paro, está muy alejada de la realidad en la que se ha movido la negociación de los convenios colectivos. En ellos los temas salariales han sido cuestión prioritaria y, en muchos casos, absoluta. Y basta recordar, en este sentido, que la mayoría de los conflictos se han producido normalmente en torno a las subidas salariales y muy pocos -o ninguno- han sido provocados por la creación de empleo o la mejor asistencia a los desempleados.Ni siquiera el Acuerdo Nacional sobre Empleo, que tenía como filosofía fundamental la generación de nuevos puestos de trabajo, logró romper con esta concepción puramente salarial de la negociación. UGT, además de la madurez demostrada al enfrentarse claramente contra una política de rentas basada en la demagogia y la utopía, se ha planteado un reto frente a sus propias bases. El sacrificio salarial que defiende para los próximos años será inevitablemente contestado por sectores que, con una concepción obrerista del sindicalismo, no están dispuestos a aceptar que los trabajadores son agentes activos de toda la política económica de un país y que su aportación es fundamental cuando se trata de frenar un proceso de degradación económica que pone en peligro la propia supervivencia de todo el sistema.
La concordancia entre los postulados mantenidos por UGT y las continuas declaraciones de los rectores de la política económica del Gobierno tiene una lectura que no es sólo la de que la central socialista sea la correa de transmisión del partido en el poder. La coincidencia entre ambas organizaciones jamás ha sido negada por ninguna de las partes. Pero, en este caso, las posturas de UGT son más un refrendo hacia su madurez como organización obrera -que no obrerista- que una afirmación de seguir ciegamente directrices del partido hermano.
El empleo, o al menos la necesidad de frenar su constante caída, es ahora el objetivo prioritario de la central socialista. Y lo que es más importante, esta preocupación no queda reducida a una mera declaración de intenciones. UGT marca y diferencia en qué y cómo debe articularse una política realmente solidaria: menor salario a cambio de una mejor asistencia sanitaria, de una más completa cobertura al parado, de un mejor nivel asistencial, de una mejor calidad de vida.
A partir de este congreso, UGT tiene, dos tareas: la primera, convencer tanto a sus militantes como al conjunto de los trabajadores de la necesidad y la bondad de sus tesis, y la segunda, vigilar estrechamente al Gobierno para que cumpla las contrapartidas en materia social que exige el sacrificio salarial. En el primer punto corre el riesgo de pagar un alto coste en afiliación por parte de los trabajadores que únicamente entienden la negociación colectiva como instrumento para conseguir mayores ingresos salariales. Los que han luchado por imponer la nueva estrategia lo saben y lo temen, y consideran que éste ha de ser el trabajo prioritario de la organización en los próximos meses.
Junto a todo ello, el sindicato habrá de mantener con las representaciones patronales una fuerte lucha para que el sacrificio salarial que, como representantes de los trabajadores, aceptan no se diluya en un mayor beneficio empresarial que no repercuta en un aumento de la inversión privada y, consecuentemente, no consiga la aplicación efectiva de la solidaridad.
