Política de embargos

El Gobierno le cobra las multas a Martín Villa. Oficialmente, el hecho de resucitar una vieja sanción de Hacienda, olvidada hace años, contra la Unión de Campesinos Leoneses es sólo una consecuencia de la burocracia, lenta pero implacable, que ha tardado un trienio en constatar que el primer sindicato agrario de León disponía, entre otros enseres, de un camión, un par de locales y algunas cuentas corrientes a su nombre. Hay más.El embargo resulta exquisitamente legal por la rifa de un tractor subversivo, cuyas papeletas fueron retiradas por la Guardia Civil, mientras las más variopintas organizaciones -cofradías de Semana Santa, asilos, bares y partidos políticos- ofrecían los mismos sorteos y participaciones en combinación con la Lotería Nacional. Los premios se hacían efectivos en los bancos y nadie se escandalizaba si un interventor, un recaudador o un delegado de Hacienda adquirían unos números con fines benéficos. Las multas políticas son otra cosa.

El bloqueo de los bienes de la UCL ha producido hilaridad en las filas de la extinta UCD, que pasa facturas después de muerta, con el Gobierno socialista como agente ejecutivo. Hay varias versiones en el otro lado: la intervención de Hacienda se debe a un celoso funcionario de AP, a otro del PSOE encuadrado en las filas de los que no querían un pacto municipal con la Unión de Campesinos, o a una casualidad.

Como nadie cree en las casualidades y los cajones de la burocracia están llenos de expedientes que se pierden, hay que concluir que el embargo es un gol que coló Martín Villa al PSOE, aunque en fuera de juego.