El ministro de Economía y Hacienda calificó de agónica la situación financiera de Rumasa

La agónica situación financiera de Rumasa, caracterizada por la excesiva concentración de riesgos, la valoración de activos (116.500 millones, que quedan reducidos a 5.000 millones en una parte del grupo), unos beneficios negativos de 9.000 millones en 1981 y una gran deuda fiscal (alrededor de 20.000 millones a final de 1980) fue la base de la argumentación del ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, para justificar la expropiación del holding, en una de las operaciones financieras más importantes de la historia económica de España. También señaló que un cierto número de las sociedades del grupo pueden volver al sector privado. José María Ruiz-Mateos, ex presidente de Rumasa, anuló su anunciada conferencia de Prensa y permaneció todo el día en su domicilio, en las afueras de Madrid.

A última hora de la tarde de ayer, el Patrimonio del Estado dio a conocer los nombres de los nuevos gestores estatales del holding. Se trata del abogado del Estado, Jaime Isaac, hasta ahora presidente de la comisión liquidadora de Fidecaya, el interventor Jaime Ruiz Ayucar, los inspectores financieros y tributarios, Barrios y Rubio y el técnico comercial del Estado, Juan Eugenio Morera. Al parecer, el administrador general del grupo será el primero de los citados.A primera hora de la mañana de ayer, los empleados de los bancos y empresas de Rumasa acudieron a sus lugares de trabajo, en medio de una gran tensión provocada por la inesperada noticia de la expropiación del grupo. Casi todos ellos siguieron la intervención de Boyer por radio y televisión y las reacciones a los argumentos presentados por el Gobierno oscilaron entre la perplejidad y la expectación ante la contundencia de las cifras ofrecidas por el ministro. Entre los altos ejecutivos del holding se notaba una cierta incredulidad.

El rey Juan Carlos recibió ayer por la mañana al presidente del Gobierno, Felipe González, con quien, al parecer, comentó la decisión del Ejecutivo de proceder a la expropiación de Rumasa. Las reacciones de los diversos agentes económicos, políticos y sociales han sido, en general, poco crispadas. Las centrales apoyan la expropiación de Rumasa, mientras que la cúpula patronal y la patronal bancaria, hicieron públicos sendos comunicados a última hora de la tarde. La CEOE afirmó que la expropiación es una medida precipitada y sin precedentes.

La Asociación Española de Banca Privada, indicó que la patronal bancaria "habría visto con agrado un acuerdo entre Gobierno y Rumasa que hubiera evitado la adopción de medidas más drásticas". Afirma que la banca privada está dispuesta a estudiar la situación de los bancos expropiados, una vez aclarada su situación y establecidas las condiciones en que podrían ser cedidos por el Patrimonio del Estado. Existen ya estudios de al menos tres de los siete grandes de la banca para adquirir el Banco Atlántico.

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