Vacaciones forzosas
ANTONIO DOMINGUEZ Ortiz, uno de los más prestigiosos y respetados historiadores españoles, cuya importante obra científica ha sido realizada al margen de la universidad y desde una cátedra de instituto, ha alertado a la opinión pública, en un escrito encabezado por su firma (véase EL PAIS del pasado día 23), contra el cierre, durante todo el mes de agosto, del sevillano Archivo General de Indias.La nota de protesta invoca antecedentes históricos tan abrumadores -las puertas del Archivo no se cerraron ni siquiera en el verano de 1936- y argumentos tan convincentes -las tareas docentes fuerzan a muchos profesores y estudiosos a dedicar sus vacaciones estivales a los trabajos de investigación- que resulta imposible no avergonzarse, en tanto que españoles, del abochornante cierre temporal de uno de los más importantes depósitos documentales del mundo..
La respuesta de la Administración pública, en forma de una nota de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, que forma parte del Ministerio de Cultura, no logra alcanzar los mínimos exigibles a una explicación razonable y convincente. La circunstancia de que se hayan producido, simultáneamente, dos jubilaciones, dos traslados y dos vacantes en el personal del Archivo se vuelve contra los altos funcionarios que no contaron con esa eventualidad fácilmente previsible y no adoptaron las medidas para subsanarla. De otro lado, la pretensión de la Dirección General de Bellas Artes de ser ella quien decida cuándo deben trabajar los investigadores en el Archivo de Indias y su demagógica alusión a que el personal técnico y subalterno también «tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones reglamentarias» demuestran, una vez más, que nuestra Administración pública sigue olvidando que es servidora, y no dueña, de la sociedad que la sufraga con sus impuestos. Que el nivel de investigaciones durante el mes de agosto sea más abajo que la media anual no invalida el hecho de que algunos estudiosos tengan necesariamente que utilizar ese caluroso mes para trabajar en Sevilla. Que la residencia de investigadores cierre en plena canícula no sólo no justifica la clausura del Archivo, sino que obligaría a revisar, en todo caso, esa suspensión de los servicios de alojamiento. Finalmente, los investigadores no niegan el derecho de los funcionarios, empleados o trabajadores a su merecido descanso, sino que afirman la incompetencia de la Administración para mantener abierto el Archivo de Indias y su incapacidad para organizar los turnos de vacaciones o contratar nuevo personal eventual. Porque la restricción del gasto público tiene renglones sobre los que operar bastante más suculentos que los centros documentales.
La protesta encabezada por el profesor Antonio Domínguez Ortiz y el cierre del Archivo General de Indias es una significativa y dolorosa muestra del lamentable estado de las instituciones culturales en nuestro país y del desdén de la Administración pública hacia los problemas relacionados con la investigación científica.
