La Administración no ha sido capaz de lograr la normalización de la actividad portuaria

Desde hace prácticamente un año la actividad portuaria ha venido sufriendo una serie de irregularidades que han puesto de manifiesto las contradicciones de un colectivo de trabajadores -los estibadores portuarios-, integrado en la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), creada en tiempos del entonces ministro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco. Desde hace casi cuarenta años la OTP ha venido controlando la actividad portuaria como organismo autónomo del Ministerio de Trabajo. La en otro tiempo todopoderosa OTP, y más concretamente el colectivo que la forma, pretende mantener en contra de la nueva situación del país los privilegios que desde el año 1944 han venido disfrutando.

«O ponemos orden en los puertos o tendremos que cerrarlos». Con estas palabras, Jaime López Fando, director ejecutivo de la OTP, resumía ayer a EL PAIS la situación de los puertos españoles. López Fando -que sucedió en el cargo máximo de la OTP a Javier Angolotti, secretario general durante largos años de este organismo y considerado en medios del sector como auténtico kamikaze, hombre que en la más absoluta soledad intenta poner orden en los puertoscoincidía así con lo que hace más de un año otro alto cargo de la Administración planteaba a este mismo periódico.El verano pasado los puertos españoles se paralizaron prácticamente en su totalidad en una huelga de estibadores cuyas consecuencias económicas no han sido aún suficientemente evaluadas. En aquella ocasión, la existencia de dos convenios, uno firmado por UGT, en representación de los trabajadores, y Anes.co, empresa que controla el 80% del tonelaje bruto de los puertos, y otro suscrito entre la Coordinadora de Estibadores Portuarios y tres empresas al que posteriormente se irían adhiriendo progresivamente otras, desembocó en una huelga de estibadores que mantuvo paralizados los puertos españoles durante todo el verano.

Pascual Pery, director general de Puertos, en un vano intento de ser el hombre bueno en la discordia, quiso aunar criterios y pretendió, sin resultados, establecer una serie de conversaciones entre las partes que pusiera fin al largo conflicto portuario. En octubre del pasado año apareció el decreto de 24 de octubre sobre reforma de la actividad portuaria. Decreto contestado por la Coordinadora de Estibadores, que veía lo que, a largo plazo, podía suponer de cara al mantenimiento de la OTP como organismo monopolizador del trabajo en los puertos.

Defensa de derechos adquiridos y privilegios

Mientras UGT y CC OO se mostraron partidarias de, a partir del decreto, iniciar una serie de contactos encaminados a poner orden en los puertos españoles, defendiendo los derechos adquiridos de los trabajadores, la Coordinadora partía del principio de no cambiar nada de los privilegios que hasta entonces había venido ostentando la OTP. Los contactos entre las partes no cuajaron, y el verano que ahora se inicia ha vuelto a traer la conflictividad a los puertos.

La incapacidad de la Administración -salvando las personas que han querido contra viento y marea hacerlo- para poner orden en los puertos ha vuelto a poner la actividad portuaria en una difícil situación y a colocar a nuestros puertos entre los más caros de Europa. Los gravámenes que éstos tienen en función de su conflictividad pueden nuevamente verse aumentados, mientras la Administración contempla impotente cómo se les escapa de las manos el control de una de las puertas de entrada de mercancías más importante del país.

La situación intervencionista y paternalista propia del pasado, según informaron fuentes del sector a EL PAIS, estaría propiciada tanto por sectores de la Coordinadora de Estibadores como de las propias empresas, que, de acuerdo con estas informaciones. prefieren desarrollar su labor en la forma que sea y sin tener en cuenta el sobrecoste que puede suponer el acceder a las pretensiones de los estibadores. Sobrecoste que, en cualquier caso, repercutirá sobre el usuario y, en definitiva, sobre el conjunto de los españoles.

«Al tema de los puertos», señaló ayer un representante de la Administración, «no se le está dando la importancia adecuada. Tal vez porque las costas están a seiscientos kilómetros de Madrid. Pero lo cierto es que, a todos no está costando dinero la desidia con que se está tratando el terna».

El mismo director ejecutivo de la OTP, Jaime López Fando, aseguró que «habría que establecer unas tarifas de usuarios con el fin de que el conjunto de los españoles no nos veamos obligados a pagar el gasto que supone la actividad portuaria».

Desde principios de esta semana se ha recrudecido la protesta de los estibadores. La coordinadora, que domina ampliamente como organización en la mayoría de los puertos españoles, ha logrado en esta ocasión el apoyo de UGT y CC OO, sindicatos que, con escasa fuerza en el sector, prefieren en palabras de personas vinculadas a la actividad portuaria sumarse al carro de la Coordinadora que plantear una lucha abierta, de implantación sindical, para la que todavía no están preparados».

El detonante en esta ocasión ha sido el anuncio de la inminente publicación de la orden ministerial que desarrollará el decreto de 24 de octubre pasado sobre reforma portuaria. Publicación que podría producirse hoy mismo, según ha sabido EL PAIS en medios solventes.

Los mismos medios han subrayado que la oposición de los estibadores se encuentra centrada fundamentalmente en dos aspectos recogidos en la citada orden. Uno de ellos sería el artículo primero, que señala textualmente que «la OTP, como organismo autónomo del Estado, tiene como función primordial, en cuanto oficina especial de empleo, asegurar la regularidad en el empleo de los trabajadores inscritos en sus censos. En ningún caso», añade, «supondría esta función la existencia de relación jurídico laboral entre el organismo y los mencionados trabajadores».

Es precisamente esa negativa a considerar la relación jurídico-laboral entre trabajadores y organismo lo que ha crispado al colectivo de estibadores, que, por encima de todo, desea que se siga manteniendo la dependencia y seguridad que la situación anterior le daba.

El segundo aspecto, de acuerdo con las citadas fuentes, estaría centrado en la disposición transitoria segunda de la orden ministerial, que establece el reconocimiento de «las contrataciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta disposición, de trabajadores fijos de plantilla de las empresas que se hubieren realizado al amparo del artículo veintitrés del controvertido decreto de octubre».

Los esquiroles

Los estibadores han insistido continuamente en la necesidad de despedir a este personal por considerarles esquiroles, siendo una de las condiciones impuestas antes de entrar a negociar ningún pacto

Para entender la postura defendida por la Coordinadora, hay que tener en cuenta que la actividad portuaria ha funcionado en el pasado en línea con lo que podría calificarse de monopolio. Los estibadores han sido un coto cerrado, abierto únicamente a hijos y familiares de trabajadores portuarios. Garantizadas unas percepciones mínimas del orden de 2.000 pesetas diarias -hubiera o no trabajado-, lo que la Coordinadora pretende es seguir manteniendo en el futuro privilegios de este tipo.

Según datos de la propia OTP, el número de trabajadores censados alcanza la cifra de 12.116. Durante 1980, el número de jornadas ha sido de 2.267.075, y el número de días de desempleo ha alcanzado los 749.581. El importe de los salarios percibidos por este colectivo alcanzó durante el pasado año la cifra de 10.942 millones de pesetas, y el importe del desempleo superó los 1.360 millones de pesetas. Los importes de permiso con sueldo, fundamentalmente dedicado a actividades sindicales, han sobrepasado los 69 millones de pesetas. En casos muy determinados, las percepciones en concepto de licencias han representado para algunos trabajadores la nada despreciable cifra de 228.000 pesetas por veinticinco días.

Situaciones como las descritas son las que, a juicio de distintas fuentes consultadas, llevarían a la Coordinadora a seguir manteniendo situaciones de privilegio como las del pasado. «Todo ello con el apoyo y la anuencia de muchas empresas estibadoras que prefieren esto a ser empresas serias. Prefieren contar con trabajadores hacia los que no tienen ningún compromiso que asumir los riesgos de tener una plantilla propia».