Palos en lugar de votos y un golpe, ¿legal?, a la lengua de los valencianos

No tengo noticia de que hechos como los que son posibles en la ciudad de Valencia se hayan producido en cualquier otro lugar después de que fuera proclamada una Constitución con la que estoy en desacuerdo -y por eso no la voté-, pero que tengo derecho a invocar, en la medida en que es a partir de ella como creo que habrá de reformarse, mediante las suficientes mayorías electorales.Me refiero, en primer lugar, a las agresiones sufridas el 9 de octubre del año pasado por el alcalde y el presidente de la diputación, señores Pérez Casado y Girona, ambos del PSOE, así como el rector de la universidad, doctor Colomer. Tuvieron lugar durante los actos conmemorativos de la conquista de la ciudad de Valencia, que por esta causa no llegaron a celebrarse. Las Fuerzas de Orden Público, tan extremadamente eficaces en otras ocasiones, fueron incapaces de cortar estos hechos.

También lo fueron el pasado día 14, cuando los mismos que lo hicieron el 9 de octubre del año pasado agredieron esta vez al presidente de la diputación, Manuel Girona. Los seis miembros de las Fuerzas de Orden Público que destacó el gobernador civil fueron insuficientes o incapaces para evitarlo. Los agresores no llegaron por sorpresa a la diputación en aquel momento, sino que permanecían allí desde la tarde anterior con pancartas cuyas leyendas permitían sospechar sus intenciones. Una manifestación ilegal tan prolongada ¿cómo no fue disuelta con la eficacia con que se disuelven las de signo contrario?

En el caso del 9 de octubre del pasado año y en el del día 14 de julio la acusación era la misma: catalanismo. Y también era parecida la situación política local, porque entonces estaba en crisis el Consell Preautonómico y ahora van a comenzar -al menos eso se dice- negociaciones UCD, PSPV (PSOE) y PCPV sobre el Estatuto de Autonomía.

Cualquiera pensaría que lo que se ventila tan expeditivamente por parte de la extrema derecha integrante de esos Grups d'Acció Valencianista (GAV), y otros semejantes que lanza a la calle UCD, es dilucidar si es catalán el valencia no, si el valenciano no es más que la manera que tenemos los valencia nos de hablar el catalán o si se trata de una lengua diferente que, según los «filólogos» e «historiadores» improvisados para el caso, vendría del romance directamente a partir de los moros, y no con los conquistadores y repobladores catalanes.

Analfabetismo filológico de Abril Martorell

El señor Abril Martorell, cuyo analfabetismo filológico -o el cinismo para sustituir la verdad con la mentira, a conciencia de que es mentira- es realmente espectacular, ya hizo editar una versión de la Constitución en ese «valenciano» que se han sacado de la manga unos aficionados lamentables incapaces, a pesar de todo, de diferenciarlo su ficiente mente del catalán.

Ha sido también el señor Abril Martorell, dictando la consigna con su habitual rudeza, quien, después de una reunión de la UCD «regional» en Benicasim, explicó el otro día que «no somos nacionalistas, y esto debe quedar bien claro; pero sí que somos autonomistas, y esto también debe quedar bien claro». Estaba claro aunque no lo hubiera dicho. Como está claro también que es desde ese autonomismo, opuesto al nacionalismo, desde donde se fraguan, cuando conviene, la desestabilización, mediante la conocida, técnica de manipular ignorancias. Un idioma que se habla, pero que jamás ha sido enseñado en la escuela, y cuya «normalización» depende de los esfuerzos de quienes saben que, si el idioma sólo no es la nación, sí que es su voz y su palabra, puede, desde luego, manipularse y puede mentirse conscientemente sobre su identidad, la cultura que ha generado, su unidad, etcétera.

El castellano no se podrá encontrar nunca en esa situación. Es el idioma oficial, ha sido enseñado a todos en todas las escuelas y ha intentado sustituir a los otros idiomas del Estado, sólo tolerados, cuando no prohibidos, y nunca permitidos en las aulas, en la Administración, en el ejercicio del poder, etcétera. Es por eso por lo que ningún andaluz, por ejemplo, a pesar de las diferencias fonéticas y hasta de léxico existentes entre su castellano y el que se habla en los otros países castellanos, creerá nunca que habla otro idioma. El catalán, en cambio, no sólo no entró en la escuela cuando ésta se generalizó, sino que estaba expresamente prohibido y perseguido. Lo ha estado y está ahora, muy lejos de la normalidad, a pesar de lo que dice la Constitución al respecto. No puede ser, pues, extraño que quienes, a pesar de hablarlo, ignoran todo sobre el catalán, lleguen a creer la falsedad de que es diferente en sus raíces y origen el que se habla en el País Valenciano del que se habla en Cataluña o en las Baleares.

Claro que una suplantación como ésa no la avalarán nunca los filólogos que estimen su prestigio profesional. No la avalará un académico que se niegue a favorecer la confusión. Tal vez, sin embargo, unos y otros, si son castellanos, consideren la cuestión lo suficientemente ajena corno para desentenderse de ella, puesto que el problema debería ser exclusivamente científico, pero ha llegado a constituir un problema político. ¿Por qué? Porque de lo que sé trata es de que el valenciano, es decir, la forma dialectal que los valencianos tenemos de hablar el catalán, no llegue a «normalizarse». Si se normaliza, es decir, si entra en la escuela, si se utiliza en la universidad, si alcanza el uso administrativo, si accede a los medios de comunicación, como la Televisión, la radio, etcétera, ¿cómo se podrá evitar que llegue con el tiempo a identificar un pueblo consigo mismo? Una lengua es también una cultura y una historia, y de lo que se trata es de esconder esa cultura y esa historia para que no haya «nacionalismo», para que sólo haya «autonomismo».

Violencia contra razón

Es esa la razón de las agresiones verbales y físicas a las autoridades democráticamente elegidas. Es esa la razón de las negativas de UCD a aprobar un presupuesto extraordinario de la Diputación de Valencia, donde, para suplir lo que no se puede hacer desde una autonomía inexistente y problemática en su futuro, se libran partidas en favor de la cultura, subvencionando la edición de libros o favoreciendo campañas -como los cursos Carles Salvador, para adultos-, con las que se trata de no dejar pasar el tiempo sin hacer algo para sostener un esfuerzo que confia enlazar con la normalización.

Llegar a la violencia, a partir de esta situación, es lógico si se tiene en cuenta que, por ejemplo, los medios de comunicación, desde los que se atiza el fuego «anticatalanista», niegan espacios para las explicaciones racionales. Todo el que defiende la verdad científica que testimonian los filólogos y los historiadores son presentados como unos vendidos a los halagos con que les compran desde el otro lado del Ebro, que quieren entregar el « Regne de Valencia» al expansionismo catalanista.

Es con esos «argumentos» como se trata de impedir que la «normalidad» lingüística y la cultural, que es su consecuencia, revelen la comunidad histórica de todas las tierras que hablan el mismo idioma.

Los partidos parlamentarios de la izquierda en el País Valenciano, que al fin y al cabo dependen de organismos centrales paralelos al Estado y participan de sus empeños uniformadores, han ejercitado el oportunismo favoreciendo la ambigüedad en el decreto sobre «bilingüismo» al aceptar la idea de una «lengua valenciana». Y no se detienen ahí, sino que, sin ser anticatalanistas, afirman, aunque nadie se lo pregunte, que no son partidarios del proyecto político de los países catalanes. Se defienden de lo que no les acusan, para evitar que lo hagan, lo cual es como acusar implícitamente a los que sí son partidarios. Y de toda esta ambigüedad ¿qué provecho sacan? Ahí están los resultados a la vista. El alcalde y el presidente de la diputación, socialistas, son agredidos.

Por su parte, en cambio, la UCD de la «Región Valenciana» despliega el poder de tres ministros nada menos para impedir que crezca el nivel de conciencia «nacional» del País Valenciano. Y en esa batalla, toda desestabilización les parece útil. La indiscutible naturaleza común del idioma que hablamos desde Salses a Guardarmar, desde Mahón a Fraga, es pura y simplemente negada, sin toma siquiera la molestia de inventar razones. Y se establece la mentira como verdad. El problema de bandera se saca del único contexto en el que, en todo caso, tendría sentido, que es el de la investigación histórica, para convertirlo objetivo político, etcétera.

Necesitan moneda de cambio para negociar la autonomía, con la que «ha de quedar claro que son autonomistas», como dice el señor Abril, quien se niega a utilizar para llegar a ella, otra vía que la artículo 143. ¿Cómo cerrar el paso una autonomía digna de ese nombre, que parece ser la que postula la izquierda parlamentaria? Diciendo que lo que esa izquierda quiere es «catalanizar» el País Valenciano. De ese modo resulta que la autonomía por la del artículo 143 es la de los que defienden la «Región Valenciana», el «Levante español», que viene a ser lo mismo, de la «agresión catalana». Y si la izquierda no quiere parecer «catalanista», ya sabe que ha de hacer: aceptar el 143 renunciar al 151.

Pero la izquierda ¿qué hará? Lo que le manden desde Madrid, por supuesto, ya que tampoco es racionalista; también es autonomista nada más. O sea, tampoco es valencianista. Seguirá, pues, recibiendo las bofetadas, y no simbólicas, sino reales.

Después de escrito este artículo ha aparecido la orden ministerial que desarrolla el llamado decreto de bilingüismo. Según esa orden, cuyo borrador confeccionó UCD desde un Consell en el que no estaba el PSPV (PSOE) y con la abstención del PCPV, es decir, unilateralmente, una comisión mixta, en la que sólo habrá un representante de todas las universidades valencianas, decidirá los textos y quiénes hayan de enseñarlos, es decir, decidirá si se enseña un idioma inventado -¿por quién y con qué autoridad?- o el que responde a las normas comunes firmadas en Castelló el año 1932 por los más representativos escritores de todos los territorios de habla catalana. Y tendrá que decidir quién lo enseña, aunque la increíble exclusión de los licenciados o filología catalana en las universidades de Cataluña y de las Baleares ya indica por dónde van los tiros: por la división del idioma para debilitarlo. Es como si un profesor castellano licenciado en Sevilla no pudiera enseñar ese idioma fuera de Andalucía. Se trata de una situación demencial que hemos de agradecer -entre otros- a los tres ministros de la UCD valenciana, quienes, por supuesto, ni hablan valenciano, ni lo escriben, ni les interesa.