Ocho países firman un convenio de cooperacion transfronteriza
La cuarta conferencia de ministros de Administración Territorial de los países miembros del Consejo de Europa, que se celebra en Madrid inició ayer sus sesiones de trabajo con sendos discursos del ministro español, José Pedro Pérez-Llorca, y el secretario general del Consejo de Europa, Franz Karasek. El primero resaltó la tradición municipalista de España y el reto que supone la estructuración autonómica del Estado. Karasek efectuó un llamamiento para que ratifiquen el convenio del estatuto jurídico del trabajador emigrante los países que todavía no lo han asumido.
Inmediatamente después del acto inaugural, que estuvo presidido por Pérez-Llorca, los jefes de delegación de ocho países procedieron a la firma del convenio-marco europeo sobre la cooperación transfronteriza de las comunidades o autoridades territoriales, convenio que está destinado a facilitar y promover la realización de acuerdos entre regiones y municipios de distintos países limítrofes. Esta cooperación podrá efectuarse en materias como desarrollo regional, protección del medio ambiente y mejora de servicios de infraestructura; también está prevista la posibilidad de creación de sindicatos o asociaciones de comunidades locales transfronterizas. Este convenio entrará en vigor después de que sea ratificado por cuatro Estados.Los países que han suscrito el convenio, que fue aprobado en febrero último por el comité de ministros del Consejo de Europa, y que ayer fue presentado a firma por primera vez, son: Alemania Federal, Austria, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia. Los portavoces de Suiza y Bélgica anunciaron su intención de asumirlo dentro de algún tiempo. El representante suizo manifestó que la forma de sus instituciones no le permite firmar el convenio antes de que el texto haya sido aprobado por sus cantones fronterizos. El jefe de la delegación belga precisó que su país, por razones técnicas (citó expresamente el reciente cambio de Gobierno que se ha producido en Bélgica, aplazaba su aprobación.
España, según manifestó a EL PAÍS el embajador español ante el Consejo de Europa, José Luis Messía, no ha asumido el convenio de cooperación transfronteriza porque el Gobierno no ha te nido tiempo de estudiarlo, ya que hace solamente un mes que recibió el texto.
«Analizar este convenio», agregó el señor Messía, «lleva mucho tiempo, porque afecta a numerosos sectores de la Administración y a gran número de competencias. De hecho, solamente lo han firmado por el momento los países que tienen experiencia en esta materia, o bien ya mantienen algún tipo de colaboración sobre estos asuntos, como es el caso de Suecia, Noruega y los países del Benelux». El embajador español insistió en que el convenio posee numerosas fórmulas para preservar la primacía del poder central en estas cuestiones.
Tras la firma de este convenio, la conferencia, que desarrolla sus sesiones, a puerta cerrada, inició el estudio del primer informé elaborado para esta cumbre ministerial. En el se analizan los derechos políticos de los inmigrantes y su participación en la vida pública local de los países miembros del Consejo de Europa. Introdujo el tema el ministro de Administración Territorial español, quien señaló que es evidente que la aportación del emigrante a la prosperidad de la población que le recibe debe valorarse de forma concreta y particular, y no sólo respecto a la comunidad en general, sino también respecto a la local de residencia, «a cuyos servicios y actividades públicas viene a colaborar mediante el pago de diversos conceptos tributarios y respecto de la cual tiene derecho a constituirse en demandante de prestaciones, que hacen referencia a su condición de residente o vecino de hecho».
