El Parlamento portugués aprueba la privatización de la banca y de la mayor parte de los sectores nacionalizados
La banca portuguesa va a abrirse a la iniciativa privada, al abrigo de una ley cuadro que garantice al Estado el control de la política económica y financiera. El Parlamento portugués autorizó ayer, contra la voluntad de los partidos de izquierda, al Gobierno, a alterar la ley que delimita los sectores vedados a la iniciativa privada.
El portavoz del Gabinete Sa Carneiro confirmó que la intención del ejecutivo es restablecer las condiciones de una sana concurrencia entre iniciativa pública, y privada en todos los sectores de la economía, incluida la banca y los seguros.En una entrevista publicada ayer, el ministro de Finanzas, Cavaco Silva, anunció, sin embargo, la elaboración de una ley cuadro de la actividad bancaria en Portugal, pues el Gobierno entiende reservarse la capacidad de controlar la política monetaria y crediticia, de manera que garantice la realización de sus objetivos económicos y sociales prioritarios.
Si el anuncio de la liquidación del monopolio estatal sobre la banca y los seguros se convirtió en un símbolo de la nueva política portuguesa y mereció la mayor atención de la prensa nacional y extranjera, no es tal vez esta la mayor novedad: el Gobierno solicitó también la autorización del Parlamento para entregar la gestión de determinadas empresas públicas a la iniciativa privada en régimen de concesión de explotación, y son numerosas las empresas capaces de despertar el interés privado, nacional y extranjero, sobre todo en la perspectiva del próximo ingreso de Portugal en la CEE.
La industria armamentista
El Gobierno precisó que algunos sectores considerados de importancia estratégica permanecerán reservados a la iniciativa estatal. El ministro citó concretamente la industria de armamentos, la producción y distribución eléctrica, el refino de petróleo y la petroquímica pesada y la siderurgia de base.Para la oposición, se trata del inicio de una ofensiva en profundidad contra el sector público, que sufrirá, por otro lado, las graves consecuencias de las anunciadas restricciones presupuestarias. El ministro de Hacienda confirmó que las subvenciones al sector empresarial del Estado serán congeladas al nivel nominal de 1979, lo que significa, teniendo en cuenta la inflación, una reducción de más del 20%.
A pesar de la drástica reducción de los gastos públicos, el ministro de Hacienda prevé para 1980 un aumento del déficit del presupuesto del Estado. Además de la disminución de los ingresos tributarios, el ejecutivo quiere iniciar lo antes posible el pago de las indemnizaciones debidas por nacionalización, de la que espera una influencia positiva sobre las inversiones privadas.
