La empresa en España / y 2

La Constitución de 6 de diciembre de 1978 recientemente aprobada por el pueblo español no ha supuesto una modifitación sustancial de la función de la empresa privada en la sociedad española. Dicha norma básica recoge un modelo económico similar en sus principios al hasta ahora vigente.Sin embargo, el cambio político deducido de la introducción de nuevos principios democráticos en nuestra convivencia, ha impuesto modificaciones muy importantes en el marco inmediato en que se desenvuelve la empresa privada. Las relaciones laborales, el sistema financiero, la fiscalidad, el poder sindical, el ámbito de actuación del sector público, la ordenación de las autonomías, y aun la propia figura del empresario, han sido o están siendo modificadas a impulsos del «nuevo espíritu» que recoge la Constitución.

Es lógica, pues, la «pausa de desconcierto» que vive nuestro empresariado, a la espera de las aclaraciones que necesitan los comportamientos de previsión y riesgo que lleva consigo el mundo del negocio.

Podríamos resumir cuáles son las razones primarias de esa pausa: primero, la crisis ecoñémica general, como factor ajeno pero concurrente con nuestros problemas específicos; segundo, la inseguridad política, como elemento que alcanza a empeños empresariales tales como propiedad, inversión, beneficios y orden social; y tercero, los problemas propios de la adecuación del ordenamiento jurídico nuevo a las capacidades reales de asimilación por las empresas.

A pesar del cada vez más extendido principio de no intervención en la economía, y de los recientes pronunciamientos liberalizadores, corresponde al Estado, en nombre de nuestra sociedad, acelerar el fin de las indefiniciones y garantizar el funcionamiento de nuestro mundo empresarial, en función de los principios constitucionales.

Es obvio señalar que las dificultades, de todo tipo, que supone la crisis económica mundial, y la especial incidencia en la misma (y en la nuestra española), del problema energético, son causas comunes en el mundo occidental y, por tanto, su análisis no presenta excesiva particularidad en nuestra concreta sociedad industrial.

Sí es necesario, sin embargo, una política de permanente información y compromiso con los otros motivos de la «pausa» empresarial que comentamos: es decir, la razón política y el nuevo ordenamiento jurídico.

Previsiones constitucionales

La Constitución recoge el derecho de propiedad privada y el principio de economía de mercado y libertad de empresa, y señala que corresponde a los poderes públicos garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Estos pronunciamientos, que se catalogan en el título referido a «De los derechos y deberes fundamentales» tienen el mismo rango que los correspondientes a las libertades públicas, y por tanto son, por su solemnidad y categorización, como los cimientos del orden económico. Otros pilares de ese orden son aquellos que definen los principios rectores de la política social y económica, señalan que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el proceso social y económico, indican que la riqueza del país se subordina al interés general, reconocen la iniciativa pública en la actividad económica, incitan la participación en la empresa y el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, etcétera.

Las disposiciones legales, anteriormente citadas, diseñan un sistema económico de libre empresa, coexistente con una progresiva concepción del Estado y de sus responsabilidades en el ámbito económico y social. Por otra parte, ese esquema es, con mayores o menores márgenes, el mundo de los principios por los que se rige el modelo occidental de convivencia. Se entiende, además, que no es compatible con aquellos una economía estatizada al estilo de las existentes en los países social-comunistas, que requeriría un sustantivo y diferente «espíritu» constitucional.

Entonces, la pregunta es obvia: ¿son suficientes para el estímulo empresarial esos pronunciamientos del más alto rango? Y otra interrogante quizá más pragmática. ¿Cree el empresariado que la sociedad española garantiza, a través de sus instituciones, que eso sea así y no de otra manera contraria a sus intereses? Despejar esas incógnitas es avanzar en la penumbra psicológica de los miedos, la infiabilidad o los recelos. Y aquí hay una gran tarea a llevar a cabo por los agentes políticos de nuestra sociedad, que deben conseguir el estímulo a la inversión y, por tanto, a la creación de empleo, con garantías, seguridades y conflanza. Hoy por hoy, no existe ningún otro camino para nuestra deseada reactivación.

Pero, si bien las razones antedichas (crisis económica general y desconfianza política) enmarcan las generalidades del problema de nuestra empresa privada, la adecuación de ésta a la normativa que se desprende del nuevo «espíritu» constitucional está produciendo situaciones de encaje o rechazo que hay que analizar desde posiciones más específicas.

El Estatuto de los Trabajadores, ciertamente progresista y al nivel de las modernas legislaciones laborales europeas, puede despejar bastantes incógnitas en el difícil cuadro de las relaciones laborales. Faltan aún (tarea para 1980) la ordenación racional de las situaciones de conflicto -huelga y lock out- así como el del derecho de asociación sindical, pero, ciertamente, este escabroso panorama se ha visto esclarecido de forma importante.

El planteamiento de la reforma fiscal en curso fue la gran justificación progresista de los dos últimos Gobiernos. Hay que señalar, de principio, dos cosas: una, que era necesaria; otra, que su urgencia debería compatibilizarse con su calidad. En su aplicación al mundo empresarial ha suscitado inquietudes e indecisiones a la hora de juzgar su virtualidad como elemento de promoción de la justicia social y del desarrollo económico. Tuvo la reforma fiscal a su favor todos los deseos y los pronunciamientos favorables aunque su pretendido progresismo quede cuestionado por los mecanismos técnicos puestos en funcionamiento. De todas formas, y aunque no vaya a encontrarse ya mejor tiempo para su implantación, ha contribuido a saber a qué atenerse, más o menos, respecto a ese nuevo ordenamiento fiscal tan exigido y ofrecido por unos y otros.

Otro elemento concreto de asimilación dificultosa es el ordenamiento (?) del sistema financiero, tendente a la liberalización del mismo, iniciado en 1977. El proceso iniciado ha supuesto una profunda distorsión de los mercados financieros que ha supuesto un evidente retraimiento de las presencias empresariales en el mismo. Falta, por otra parte, la confianza suficiente para aceptar como programas, o planes, los distintos pronunciamientos al respecto de las autoridades económicas, que si bien están destinadas a orientar liberalizadoramente, están carentes de compromisos instrumentales de operatividad.

Algunas exageraciones y dudas

Por ello, a los factores concretos antes reseñados, hay que añadir, y muy ponderadamente, esas repercusiones psicológicas que han producido las exageraciones generalizadas sobre el empresario-explotador y las extralimitaciones del poder sindical que hacen aparecer como cohibidas y temerosas las necesarias manifestaciones de autoridad y participación que son imprescindibles en una situación industrial normalizada.

Si añadimos a todo lo anterior las dudas que suscitan la nueva organización territorial del Estado y la presencia de éste como empresario, habremos reseñado el cuadro en que se mueve esa «pausa empresarial» a que nos venimos refiriendo.

Toda la pequena y mediana empresa industrial, la casi totalidad del sector agrícola y una gran parte de la actividad de los servicios se instrumentan en España bajo la acción de la empresa privada. En ella residen las mayores potencialidades de ahorro, inversión, generación de empleo y desarrollo económico. Está claro que si las indefiniciones o inseguridades se diluyeran, la iniciativa privada podría realizar su actividad de forma intensiva y se produciría el tan deseado relanzamiento económico que necesita como respaldo la joven democracia española. No hay otra receta, ciertamente.

Por todo ello, impulsar la empresa privada, permitir su normal funcionamiento, motivar a los empresarios, promocionar su función y colaborar en sus fines, deben ser esfuerzos a realizar desde una política responsable, realista y decidida.