Aprobada la ratificacion de los acuerdos con la Santa Sede

El Pleno del Congreso aprobó ayer la ratificación de los cuatro acuerdos con la Santa Sede que vienen a sustituir el Concordato de 1953. Los comunistas mantuvieron, sin éxito, su oposición a dos de ellos, por entender que violan la Constitución. En la votación sobre el relativo a enseñanza y asuntos culturales se les unió el voto de los socialistas, quienes modificaron la actitud favorable al acuerdo mantenida en la Comisión de Asuntos Exteriores. El motivo de la nueva postura fue explicado como una respuesta a sendas órdenes ministeriales en las que se anticipa un criterio de enseñanza de la religión contrario al texto de los acuerdos y al principio constitucional de libertad religiosa.La propuesta de ratificación de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre asuntos económicos, sobre asuntos jurídicos y, sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos fue defendida por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, quien aludió al proceso de sustitución del Concordato de 1953, superado por la realidad hace muchos años. Dijo que el nuevo sistema está basado en el principio constitucional de la libertad de la conciencia y que a través de los acuerdos el Estado renuncia a la intervención en la vida de la Iglesia, a la vez que terminan los privilegios estatales en el ámbito eclesiástico.

Enseñanza e impuesto religioso

La posición de los comunistas, contraria a la ratificación de los acuerdos sobre enseñanza y sobre asuntos económicos, fue defendida por el diputado Jordi Solé Tura, quien recordó el principio constitucional de no discriminación de los españoles por razón de religión. Añadió: «Los comunistas estamos tanto en contra de lá confesionalidad como del ateísmo de Estado.» El señor Solé se mostró favorable a la derogación de un concordato que consagró el nacionalcatolicismo, pero señaló los problemas que plantea la ratificación de unos acuerdos antes de que se elaboren leyes como las de libertad religiosa y regulación del matrimonio. Advirtió también contra el peligro del contenido de algunos de los acuerdos, de pasar del régimen de Iglesia privilegiada al de Iglesia amparada.

Al analizar los acuerdos sobre enseñanza y asuntos económicos, estimó como más grave el primero, a causa del carácter fundamental que atribuye a la enseñanza de la religión y por las consecuencias académicas sobre la evaluación. En relación con el segundo, declaró que el impuesto religioso viola el principio constitucional según el cual «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

En contra de la propuesta co- munista intervinieron los centristas José Luis Meilán y Javier Rupérez. El señor Meilán dijo que el califi cativo de inconstitucional no es aplicable al acuerdo sobre en señanza, sino al Concordato, que dice que la enseñanza religiosa es materia «ordinaria y obligatoria», mientras que lo que ahora se esta ble es la libertad y el ejercicio positivo de una opción que está en el artículo 27 de la Constitución. El señor Rupérez negó que existiera nuevo impuesto, sino una forma más personalizada de fíjar la asignación económica del Estado a ta Iglesia católica, hasta tanto ésta obtenga la autofinanciación que ella misma declara que se propone lograr. Destacó que si prevaleciera la posición comunista y continuase el sistema actual de ayuda del Estado a la Iglesia, tanto los católicos como los no católicos subvencionarían a la Iglesia.

Los sentimientos católicos

Por el Grupo Socialista, Gregorio Peces-Barba explicó la posición general en favor de la constitucionalidad de los acuerdos, en razón de que las observaciones socialistas a los textos iniciales fueron atendidas o explicadas. Entre los ejemplos que citó figura un texto según el cual serían respetados en los medios de comunicación social «los sentimientos católicos de los ciudadanos». Gracias a la aportación socialista esta frase se transformó en la siguiente: «Sentimientos de los católicos.» El señor Peces-Barba anticipó el posible voto en contra de los socialistas al acuerdo sobre enseñanza, a causa de dos órdenes del Ministerio de Educación que burlan el contenido del acuerdo. Según las citadas órdenes, el ámbito de enseñanza de la religión y del ejercicio de la opción correspondiente por parte de los padres es el de los centros estatales y los no estatales que no sean confesionalmente católicos. Según explicó el señor Peces-Barba, esto plantea que los alumnos de un centro de la Iglesia no van a poder ejercer quizá esta opción. Asimismo, señaló que las asignaturas pendientes no resultarán afectadas por la libertad religiosa y que en los centros no estatales católicos las directrices ara la enseñanza religiosa las dará la jerarquía eclesiástica, lo que supone una delegación del Estado a la Iglesia de una facultad propia, hecho que el diputado socialista consideró inadmisible. El señor Peces Barba dio cuenta de que el pasado miércoles el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley pidiendo la derogación de las citadas órdenes ministeriales.

Apuestas sobre la constitucionalidad

El ministro de Educación, José Manuel Otero, justificó el contenido de las órdenes ministeriales en la imposibilidad de esperar a la ratificación de los convenios, para no introducir más problemas al comienzo de curso, ya iniciado en algunos centros. Destacó que las dos órdenes reconocen su carácter provisional hasta la ratificación de los acuerdos.

El señor Otero suscitó risas en el hemiciclo cuando anunció una apuesta sobre la constitucionahdad de las órdenes ministeriales y cuando señaló que el sistema aplicado no se decide ni por la opción negativa de la derecha dogmática ni por la opción positiva de la izquierda. «Somos de centro», explicó.

Sometidos a votación los acuerdos, fueron aprobados, prácticamente por unanimidad, los dos últimos. El relativo a enseñanza y asuntos culturales obtuvo 170 votos a favor, 125 en contra y una abstención. La enmienda comunista a la totalidad de este acuerdo fue rechazada por 128 votos a favor, 170 en contra y tres abstenciones. En la votación de la enmienda comunista a la totalidad del texto de asuntos económicos, los socialistas se abstuvieron y el resultado fue de veintiún votos favorables, 167 en contra y 111 abstenciones. Este acuerdo fue aprobado por 273 votos a favor, veintiuno en contra y cinco abstenciones.