Los cooperativistas de Nueva Alcalá exigen a la constructora setecientos millones de pesetas

Las 2.400 familias de cooperativistas de la urbanización Nueva Alcalá, de Alcalá de Henares, corren peligro de no cobrar los setecientos millones de pesetas que les adeuda la inmobiliaria Segunda Alvega, SA, si el Ministerio de Obras Públicas no resuelve el caso.

«En un informe redactado por la coordinadora de afectados, con el asesoramiento técnico y jurídico de Deincisa, se explica que el problema actual para conseguir el inmediato fin del problema consiste en que ahora hay que esperar la resolución de un recurso de alzada, presentado por la empresa inmobiliaria ante la Delegación Provincial de Urbanismo, en los que se alega que los metros cuadrados por vivienda, sobre los que ha actuado este organismo oficial, no son los correctos.El problema de la cooperativa de viviendas de Nueva Alcalá ha sido reiteradamente denunciado por los afectados. Las primeras doscientas denuncias se presentaron en enero de este año. Al mes siguiente se presentaron ochocientas denuncias más y en abril otras cuatrocientas. La base de todas ellas fue el sobreprecio percibido por la inmobiliaria, supuesta falsedad de los contratos de la cooperativa, vulneración de las leyes en vigor sobre la percepción y garantía de las cantidades recibidas. También se solicitó en todas las denuncias el nombramiento de un instructor especial que investigara ampliamente los hechos denunciados, así como que se diera parte a las autoridades competentes.

La construcción de viviendas de Nueva Alcalá ha sido, desde el primer momento, una historia confusa y llena de incidentes. El proyecto inicial constaba de 3.000 viviendas, que tendrían que ser entregadas en abril de 1977. Las viviendas son consideradas de protección oficial, lo que hace que disfruten de unos beneficios fiscales y crediticios que las abaratan.

Pese al plazo de entrega señalado, la construcción de la urbanización empezó a sufrir retrasos, debido a causas tales como la paralización de las obras motivada, por el despido de 250 trabajadores. Las centrales sindicales protestaron en su momento por este hecho y, finalmente, la Delegación de Trabajo consideró improcedentes los despidos. Poco después, en noviembre de 1977, se produjo un incendio que supuso grandes pérdidas en la urbanización.

Estos aplazamientos y retrasos fortuitos en la marcha de las obras supusieron el automático encarecimiento de las mismas. Si las obras hubieran finalizado en la fecha prevista, el módulo hubiera sido pagado a 4.5 10, mientras que en las primeras entregas, efectuadas en julio del pasado año, hubo ya un aumento de 1.735 pesetas, lo que supuso un coste adicional de 424 millones.

A raíz de las primeras entregas de 654 viviendas, y ya presentadas las denuncias, la inmobiliaria interpuso el recurso de alzada que ahora ha paralizado el desenlace del conflicto, en base a que las mediciones hechas por la Delegación Provincial de Urbanismo contienen algunos errores.

Ahora, y según palabras de uno de los asesores jurídicos de los afectados, Enrique Olmedillas, los cooperativistas pueden esperar indefinidamente a ser indemnizados.

Según consta en el Registro Mercantil, la inmobiliaria Segunda Alvega, SA, es una entidad en la que el Banco Industrial de Cataluña cuenta con la mayor parte del capital social. El secretario es José Boronat Domingo, también vicepresidente de la cooperativa, y como consejero figura Víctor Crespo Montenegro, apoderado del Banco Industrial de Cataluña.