Política estadística y control democrático

La organización institucional de la información estadística en nuestro país ha tenido un protagonista relevante desde la ley de 31 de diciembre de 1945, fecha en, que el «nuevo Estado» creaba el Instituto Nacional de Estadística, con la misión de proporcionar «los elementos de juicio necesarios para una obra de gobierno firme en sus cimientos ... ». Treinta años de control y monopolio de la estadística oficial por parte de este órgano de la Administración arrojan aspectos positivos, puestos de manifiesto en las propias publicaciones del Instituto, en especial en aquellas en que se intenta efectuar un balance: las de los veinticinco años de la fundación y las del centenario de la estadística española. La otra cara de la moneda ha sido la constante crítica, cada vez más generalizada, desde que el Plan de Estabilización de 1959 pretendía imponer un modelo de economía de mercado sobre las insuficiencias y grandes lagunas de la información estadística española.La defensa adoptada por el Instituto frente a sus oponentes ha sido el, argumento, en parte justificado, de la insuficiencia de recursos para acometer en profundidad y extensión las grandes líneas de una información estadística correcta. No obstante, reducir el problema de la estadística a este tipo de argumentación conduce a simplificaciones que ocultan hechos de mayor gravedad, y de las que son plenamente conscientes la parte más lúcida de los estadísticos. En efecto, se nos ha pretendido ocultar y dejar en la sombra la función represiva de la información que ha ejercido el Instituto Nacional de Estadística durante los decenios del franquismo, mitigada, eso sí, por el esfuerzo silencioso y recientemente público de algunos de sus más conspicuos servidores. Las informaciones sobre chabolismo, los salarios, las huelgas, el paro, la falta de equipamientos, el déficit escolar, los desplazamientos domicilio-trabajo, y un sin fin de indicadores estadísticos sobre aspectos conflictivos de nuestra vida colectiva han llegado tarde o, simplemente, han sido escamoteados del modelo de realidad que nos presentaba el Instituto. A título de ejemplo, recuérdese cómo la primera noticia fehaciente de los denominados «alojamientos provisionales», eufemismo de chabolas, aparece tan sólo en los censos de 1960, cuando la construcción de polígonos de viviendas convertía en residual esta lacra social del modelo de crecimiento franquista. En otro orden de, cosas, la estadística oficial ha hecho posible, con tenacidad digna de mejor causa, la ocultación de la más elemental información sobre las magnitudes básicas de los desequilibrios regionales, ahorro, consumo e inversión regionalizada, flujos financieros interregionales, lagunas cubiertas en forma insuficiente y benemérita por otras instituciones privadas. Ni que decir tiene que la preocupación del Instituto Nacional de Estadística por la organización de la estadística en pequeñas áreas, en especial a nivel de las áreas metropolitanas españolas, en las que vive más de un tercio de nuestra población, ha sido prácticamente nula. Asimismo, del Instituto no salía jamás ninguna iniciativa para proporcionar datos veraces sobre el uso de las lenguas en Galicia, País Vasco y Cataluña, ya que estos fenómenos colectivos tenían como única respuesta el silencio por parte del Estado, que el INE ha pretendido servir y ha servido en «tres décadas de ejecutoria», según la terminología del pasado.

El Instituto, como tantos órganos de la Administración, ha desempeñado durante las pasadas décadas el papel ideológico que le correspondía, con mayor o menor coherencia, dadas las tensiones crecientes que existían en el seno de su funcionariado, con la incorporación de nuevas generaciones de mentalidad abierta y con la sobrevivencia de aquellos que no pudieron o no quisieron ser depurados.

Los vacíos de información generada en décadas de política estadística falta de transparencia, amenazan con hipotecar la convivencia y el normal desarrollo de las instituciones democráticas. Para superar el «handicap» de partida, habría que realizar un notable esfuerzo, cuyo direccionamiento sólo será posible si la política de información estadística se somete a debate de las instituciones democráticas, es decir, a la reflexión de las Cámaras representativas, de las Cortes españolas. Esto es así por múltiples razones, siempre que el objeto del debate sean los puntos cruciales de la política de información, de sus objetivos, y de las grandes alternativas en presencia. Es necesario pronunciarse abiertamente sobre el modelo de desarrollo estadístico al servicio de una democracia pluralista, compatible con las autonomías de nacionalidades y regiones. Es preciso abordar el problema de los límites abusivos a la difusión de la información y del derecho del ciudadano y de los distintos grupos sociales a ser informados. Se trata de enfrentar al país con la cruda realidad de que la información estadística requiere cuantiosos recursos del presupuesto del Estado, que es preciso movilizar, si se quiere romper la muralla de la desinformación, que tantos costes ha generado en el pasado. La eficiencia de la mejora de nuestro aparato estadístico se plantea con urgencia desde una doble perspectiva: la incorporación de los nuevos objetivos que exige un Estado democrático Y la gradual adecuación a las exigencias de homogeneidad estadística que plantea nuestra futura integración en el Mercado Común.

Clarificar, discernir y decidir es la función parlamentaria por excelencia. La ejecución de las directrices es obra de gobierno y ahí sí que tienen su función a desarrollar los estadísticos españoles, que con honradez y profesionalidad han tenido que soportar durante decenios las incoherencias de una política triunfalista e ineficaz. La creencia de que este cambio de rumbo pueda producirse en el silencio acolchado de los gabinetes de estudio es pura fantasía. El viento de la historia nace del pueblo, sus profetas e intérpretes son los políticos, y a los técnicos, directores generales incluidos, les toca la ardua tarea de ordenar e instrumentalizar operativamente los impulsos y fuerzas generadas por otros actores. Y esa es la trilogía operante de una democracia, cuyo cumplimiento se percibe, a veces, con estruendo, en nuestro acontecer colectivo: para muestra, la reforma penitenciaria en marcha.

Una última puntualización. Los censos generales de población, edificios y viviendas de 1980-1981, acopio de datos «par excellence», inician ya su andadura sin que haya existido un debate amplio sobre los objetivos alternativos de información que deberían cubrir. El hecho es sintomático, una vez más, de la falta de pulso de nuestra joven democracia, que sigue considerando a las instituciones del Estado como algo ajeno, extraño, no como algo propio y de todos. Y esa es la ruptura que es necesaria y urgente para consolidar nuestra democracia. Las cárceles son nuestras y los institutos de estadística son nuestros, y es así porque así lo queremos y así lo aceptamos responsablemente cada uno de nosotros.