La urbanización de Cotos, afectada por dos diferentes leyes del suelo

El próximo martes, a las diez de la mañana, en la sala Coplaco del edificio del desaparecido Ministerio de la Vivienda, se celebrará el XIX Pleno de la CIMA (Comisión Interministerial del Medio Ambiente), que tratará, entre otros, el tema de la urbanización de Valcotos, en la sierra de Guadarrama; el caso de la isla de Dragonera; la ampliación de la urbanización Sol y Nieve, en Sierra Nevada; la polémica carretera del Nuria (Cataluña), y la declaración del parque natural del valle del Tajo, en Cáceres.

En nuestra provincia, el tema de mayor interés de este pleno de la CIMA es, sin duda, el caso Valcotos, urbanización a la que se han opuesto todos aquellos que podían alegar algo sobre el tema: vecinos, montañeros y ecologistas. Entre los vecinos, los de los pueblos del valle del Lozoya, con el alcalde y vecindario de Rascafría a la cabeza, y, por otro lado, de la sierra, tanto la Comisión de Vecinos de La Granja-Valsaín como la Comunidad Castellana de Segovia-capital y otras organizaciones populares.

Dinero público para inversores privados

El martes a media mañana, pues, el futuro del puerto de Los Cotos se decidirá, ya que en el orden del día se ha incluido la solicitud de la sociedad ecologista AEPDEN, que pide que la CIMA se oponga a la subvención de más de veinte millones de pesetas que el Ministerio de Turismo tiene dispuestos para crear la infraestructura de la proyectada urbanización de Valcotos.Los ecologistas han calificado esta operación de antisocial y han manifestado su más rotunda oposición a que se lleve a cabo, tanto por las condiciones naturales del lugar en cuestión, declarado en 1930 protegida bajo la calificación de «Sitio Natural de Interés Nacional», y en breve transformado en «Paraje Natural de Interés Nacional», de acuerdo con la nueva ley de Espacios Protegidos. En todo momento, la población del valle del Lozoya, de Rascafría, se ha opuesto a esta promoción.

Los ecologistas manifiestan en sus argumentos que los terrenos dedicados a pastos o a aprovechamiento forestal deben seguir con esa misión, ya que su transformación, en apartamentos de fin de semana significaría la mera desertización de esos terrenos; el aborto de unos aprovechamientos primarios fundamentales para la población serrana y el primer paso para el éxodo artificial de estos personas que hoy viven satisfactoriamente en su medio rural.

Dos leyes del suelo

En el pleno de Coplaco del 31 de enero de 1973 fue denegado el plan de urbanización de Valcotos de acuerdo con los artículos 10 y 79 de la ley del Suelo, y en ningún otro momento ha dado su conformidad a este proyecto.Los ecologistas consultados por EL PAIS se preguntan cómo puede estar aprobado un proyecto al que nunca dio el visto bueno el Ministerio de la Vivienda, según la ley del Suelo.

La respuesta es extraña; en España hay dos leyes del suelo: la de Urbanismo y la de Turismo, obra esta última del ex ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, del año 1963, y a expensas de la cuál se ha realizado todo el destrozo que se ha ocasionado en la Costa española, desde la urbanizáción que socava el parque de Doñana hasta la que tiene en peligro la Dehesa del Saler, en Valencia, o ahoga en cemento la albufera de Alcudia, en Mallorca, y ahora en los últimos años proyecta la degradación de las sierras del interior, según medios ecologistas consultados por EL PAIS.

«La operación es bien sencilla: los promotores van a Urbanismo, y si por medio de la ley del Suelo se deniega un proyecto degradador y antiurbanístico -tal es el caso deValcotos-, entonces cambian de Ministerio, van al de Turismo y proponen que el lugar en cuestión sea declarado "Centro Nacional de Interés Turístico", al amparo de la citada ley Fraga, de "Centro y Zonas de Interés Turístico Nacional", verdadera ley paralela, que supone un auténtico fraude a la ley, en este caso, a la ley del Suelo, con la que trabaja Urbanismo.»

Icona, también en contra

Este es el caso de Cotos, cuya urbanización fue denegada el 31 de enero de 1973, en virtud de la ley del Suelo y después va a Turismo, donde es aprobado en 1975. En ese espacio de tiempo, de acuerdo con la ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional, se pide informe, por ejemplo, a Icona, que el 21 de marzo de 1973 se manifiesta en contra de la declaración de Valcotos como Centro de Interés Turístico Nacional, en base a que «la finca Valcotos, situada en el núcleo central de la sierra de Guadarrama, en el puerto de Cotos, vertiente sur del Macizo de Peñalara, con una extensión superficial declarada dé 268 hectáreas, forma parte de un bello paisaje natural, deteriorado en parte por las construcciones ya existentes, pero que aún conserva parte de su estado primitivo. La construcción dentro de ella de una urbanización con alturas hasta de veinte metros, sobre una superficie de trece hectáreas, y a unos 1.800 metros de altitud, rompería el equilibrio del medio natural, cuya conservación es misión específica de este Instituto, máxime teniendo en cuenta que su construcción supondría el asentamiento de 3.885 personas». Y más adelante, Icona afirmaba: «Abundando en lo anterior, he de hacer constar -decía el presidente del Icona- que aproximadamente el 70% de la finca Valcotos se encuentra dentro del Sitio Natural de Interés Nacional de Peñalara, y por tanto sometida a la tutela del Estado, a través de Icona», por lo que concluía: «Por todo ello, esta Dirección por medio del presente hace patente su oposición a la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional, solicitada por Promociones de Montaña, SA.»Esta postura fue desoída por Turismo, «lo que hace sospechar que en el fondo del asunto -comentan los ecologistas consultados- hay un problema de corrupcíón administrativa, que es la uraca respuesta a la sospecha del paso omiso que hizo al dictamen técnico de Icona».

Esta sospecha de corrupción administrativa volvió a presentarse el último 2 de julio, cuando Icona, a solicitud de la sociedad ecologista Aepden, presentó un escrito en el desaparecido Ministerio de Información y Turismo, haciendo suya la sugerencia de los ecologistas de que no se fallara definitivamente el concurso de la infraestructura de Valcotos hasta que la CIMA se manifestara sobre el particular. El funcionario de Icona encontró que, en el registro del Ministerio de Información y Turismo, se negaban a recibir el escrito con mención de la hora de entrada, lo que provocó que un letrado de Icona marchara con toda urgencia a Turismo y despachara el caso en la ventanilla correspondiente.

Los ecologistas, queyen don esperanzas la reunión de hoy del pleno de la CIMA, entienden que es o debe ser el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el único que posea facultades en todo lo relativo a ordenación del territorio, sin intrusismos de otro Ministerio, como es en este caso el de Turismo, «departamento -entienden los ecologistas- que ya tiene bastante con ordenar adecuadamente el turismo, que en los últimos años sólo ha servido para aumentar el triunfalismo oficial de turno, degradar la costa y todo el paisaje que ha cogido cerca y ser un negocio para las multinacionales del turismo y operadoras extranjeras».

El valle del Lozoya, contra la ilegalidad

El 17 de mayo de 1977 el Ayuntamiento de Rascafría se oponía a la urbanización de Valcotos, entre otros problemas porque contaminaría el río Lozoya y destruiría los cotos trucheros aguas abajo; incrementaría el proceso de eutrofización (muerte biológica) del embalse de Pinilla del Valle; contaminación por vertido de residuos sólidos; posible afectación del paisaje natural; degradación del suelo; diversos riesgos en cuanto a la conservación de los valores naturales del valle del Lozoya; no ajustarse a las condiciones mínimas establecidas en el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Madrid; haberse recogido el Plan Valcotos sin aprobacián del mismo por el Ayuntamiento. Son razones más que suficientes para mostrar una vez más la impopularidad de la urbanización posible.Finalmente el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Madrid, aprobado antes que el proyecto de urbanización, determina que a esas alturas de la sierra de Guadarrama no se puede construir pisos o apartamentos, y que cualquier tipo de actuación debe ser sobre fincas que como mínimo posean quinientas hectáreas, parte de la cual habría que pasar a uso público, mientras la zona en cuestión tiene 268 hectáreas.