El Gobierno regula la actividad política y sindical de los militares
El Gobierno volvió a tomar ayer la iniciativa política, utilizando con decisión la fórmula del decreto-ley propugnada por la Oposición y por sectores refórmistas del sistema, a fin de evitar asi el desgaste del paso por las Cortes para los importantes propósitos reformistas. El Consejo de Ministros de ayer, que consumió sesiones de mañana y tarde, aprobó, por fin, la supresión de la ventanilla gubernativa para los partidos: sólo el Tribunal Supremo podrá denegar la inscripción de un partido. Se sustituyen así las atribuciones concedidas en la reforma Arias a la Administración por funciones judiciales. Asimismo, mediante cinco decretos-leyes, que afectan a las Fuerzas Armadas, se inicia, la reorganización y profesionalización a fondo de los Ejércitos, propugnada por el vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa, teniente general Gutiérrez Mellado, y se regula el ejercicio de actividades políticas y sindicales de los militares.
En la ampliación de referencia oficial facilitada se destacan los más importantes decretos-leyes aprobados por el Gobierno y que afectan a las Fuerzas Armadas.Por el primero de ellos se regula el ejercicio de actividades políticas y sindicales de los componentes de las Fuerzas Armadas. Recuerda el Gobierno que la ley Orgánica del Estado señala la función de estas fuerzas, que constituyen «una institución sus tantiva fundamental en el orden de la sociedad, cimiento y garantía del Estado, de su supervivencia y de su vida, es decir, del orden institucional y de la actividad política».
Añade la ampliación que la naturaleza de su misión está más allá de las opciones políticas concretas. A este respecto, el vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa recordó hace dos días en Sevilla -refiriéndose precisamente a esta disposición que esperaba ver pronto publicada- que «la obligada neutralidad de los Ejércitos ante las opciones políticas temporales de gobierno que respeten la legalidad y admitan los principios fundamentales de soberanía, unidad, integridad, seguridad de la Patria y libertad de sus ciudadanos», y aludió también a la concordancia con el pacto internacional de derechos civiles y políticos recientemente suscrito por España.
La nota oficial que amplía los acuerdos gubernamentales de ayer, añade que las Fuerzas Armadas están directa y entrañablemente unidas al pueblo, del que nacen, y a sus instituciones fundamentales, y son depositarias de su confianza y seguridad.
«Las Fuerzas Armadas -añade- no son ajenas a la política en su más fundamental acepción, es decir, a aquellas actividades orientadas a defender un orden que asegure el interés general de la nación. Por ello las Fuerzas Armadas deben mantenerse unidas para cumplir su elevada misión. Este deber impone a todos los componentes de las Puerzas Armadas el debido respeto a cualquier opción política de las que tienen cabida en el orden institucional, sin que les sea lícito, en consecuencia, participar ni mostrar públicamente su referencia por cualquiera de ellas. »
Para el desarrollo de estas ideas fundamentales, el Gobierno anuncia que la parte dispositiva del importante real decreto-ley dicta las normas correspondientes.
De entre los restantes decretos-leyes sobre cuestiones militares, el Gobierno destaca el que institucionaliza la Junta de Jefes de Estado Mayor y regula sus atribuciones, funciones y responsabilidades, y fundamenta la disposición con estas palabras: «Instituidas las figuras de los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire como prirneras autoridades de las respectivas cadenas de mando militar conjunto, que bajo el superior de su Majestad el Rey garantice la integración de los tres Ejércitos en la consecución del objetivo común, definiendo ' con precisión su dependencia, Composición, funciones y responsabilidades. »
Como presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor se nombra al teniente general Carlos Fernández Vallespín, hasta ahora jefe del Alto Estado Mayor. Como complemento necesario de este último decreto-ley, el. Gobierno aprobó también otros dos, por los que se regulan los Consejos Superiores de los Ejércitos de Tierra y del Aire, respectivamente.
En relación con esta reorganización militar el teniente general Gutiérrez Mellado manifestó el pasado lunes en la Capitanía General de Sevilla que, «sin menoscabo de la lógica dependencia de los Ejércitos al poder ejecutívo, como no puede menos de suceder en cualquier sociedad civilizada, abierta y libre, se hace a cada jefe de Estado Mayor responsable de que ese Ejército cumpla la misión asignada».
El Consejo de Ministros aprobó también un real decreto-ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios, por un importe total de 4.000 rnillones de pesetas, para la modernización del material de las Fuerzas Armadas encargadas del orden público.
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