Jamás serán vecidos
ENFRENTE DE esta misma página encontrará el lector una réplica del señor Valero Bermejo -que nos abstenemos de comentar- no a una información de EL PAIS, sino a otra del semanario Opinión que fue reproducida por la Revista de la Prensa de nuestro periódico. El señor Valero se acogía a la Ley, que a nuestro juicio no le amparaba, y recurrió al delegado de Información y Turismo, cuya resolución publicamos también. La propia Ley nos impide comentar por el momento el contenido de la réplica del señor Valero. No nos impide, en cambio, comentar el contenido de la resolución administrativa. Y el comentario es simple: funcionarios del Gobierno se comportan como jueces en un país -el nuestro- que promete ser democrático. Y lo que en la democracia está reservado al poderjudicial aquí se lo guardan -al menos en parte- los delegados provinciales de Información y Turismo. El de Madrid, enconcreto, se permite resolver, ppr su cuenta y riesgo, que el perjuicio causado a un demandante es injusto, y que lo que afirmaba la revista Opinión y recogía nuestra periódico es absolutamente incierto. Nuestro periódico no hizo otra cosa que cumplir un deber infor mativo reproduciendo escuetamente lo que otra publica ción decía. También reseñamos a veces en Revista de la Prensa editoriales, artículos y opiniones de diarios como El Alcázar y en los que a menudo se hacen graves acusa ciones a otras personas de la vida pública nacional. Ni en un caso ni en otro emitimos opinión alguna, ni creemos contribuir al descrédito de nadie diciendo lo que los demás publican sobre ellos. El cuento en sí es menor, pero la moraleja es grande. Esta ley de Prensa no vale para un régimen democrático y estos funcionarios del Gobierno no deben creerse jueces.Nunca EL PAIS negará su voz, su opinión y mucho menos su defensa a nadie que quiera ejercerla en nuestras páginas. Creemos haber dado pruebas de ello y esperamos seguir dándolas. Respetamos y defendemos el derecho de réplica -que no reconoce en cambio el Ministerio de Información y Turismo en un órgqno de difusión tan importante como es RTVE- y no hemos de negar su ejercicio a nadie que razonablemente lo pida, aun en el caso de que la Ley no le ampare. Pero habrá que decir que es bastante irritante este paternalismo administrativo y cautelar sobre la libertad de prensa. Son los jueces quienes deben decidir sobre los derechos de las gentes. Y no nos cansaremos de protestar por esta injerencia absurda de la Administración que insiste además en salpicar gratuitamente de juicios de valor las actuaciones ajenas.
