Villar devuelve los 1,2 millones de dinero público que se apropió la Federación

La Federación Española de Fútbol (FEF), presidida por Ángel María Villar, ha reintegrado los 1,2 millones de euros de dinero público que le fueron concedidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en 2011 y que en su gran mayoría no fueron destinados a los fines para los que se solicitó la subvención. La deficiente justificación de los gastos generó que el CSD abriera un expediente de reintegro que se ha culminado en la última semana con la devolución de la cantidad más los intereses de demora, unos 300.000 euros. En total, la Federación ha reintegrado a las arcas del Estado 1,5 millones de euros. Se desconoce en qué empleó la Federación ese dinero público. Fuentes cercanas al caso aseguran que, al menos una parte, pudo ser destinada a su propia escuela con sede en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

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El montante recibido por la Federación estaba repartido en cuatro programas: 462.000 euros para un proyecto de educación deportiva integral en las escuelas de fútbol en Libia y otros países; 254.000 euros para un programa de capacitación para gestores de clubes y federaciones en Iberoamérica; 287.000 euros para programas de tecnificación internacional y 219.000 euros para una escuela de fútbol en Haití. El diario El Mundo desveló que la federación se apropió de la mayoría de esta última partida, destinada a crear una escuela para niños poco tiempo después de que el país caribeño fuera azotado por un devastador terremoto. El resto de los programas, como desveló EL PAÍS, salvo uno realizado en Cartagena de Indias, tampoco se cumplieron o se acometieron fuera de plazo algunas actividades realizadas. El dinero, según relataron fuentes federativas en su momento, formaba parte de una estrategia de captación de votos para la candidatura Ibérica (España-Portugal) que pujaba por organizar el Mundial 2018. Con ese mismo fin se concedió otra subvención a la Federación Española de Baloncesto. Esta última sí logró la organización del Mundial 2012. En el caso del fútbol, el país adjudicatario fue Rusia, en una de las designaciones más polémicas que se recuerdan y por las que se abrió una investigación.

El reintegro de la subvención por parte de la Federación supone la admisión definitiva de que esta no fue empleada para los fines para los que fue concedida, pese al intento de justificarla con facturas de dudosa validez. Con ellas, el organismo que rige el fútbol español intentó hasta el último momento hacer creer al CSD que el dinero había sido empleado correctamente mediante esa facturación irregular. En ella se incluían viajes de directivos federativos en coche, con chófer incluido, desde Valencia a Madrid para tomar un vuelo de la selección española con rumbo a Costa Rica. En el país centroamericano la selección disputaba un amistoso por el cual la FEF ya iba a cobrar cerca de dos millones de euros. Pese a ello, el gasto se incluyó en la justificación, así como cuatro billetes de avión del mismo vuelo para cuatro empleados federativos por valor cercano a 10.000 euros cada uno, cuatro veces más de lo facturado al resto de pasaje.

Otra causa por la quiniela

 Al proyecto de Costa Rica también se añadieron facturas por la compra de mobiliario por parte de la Fundación para un seminario impartido en Las Rozas a cinco personas de nacionalidad costarricense. También hay cientos de miles de euros facturados a empresas de asesoría que colaboran con la Fundación federativa, presidida por Isabel Navas, que aún sigue en el cargo.

En octubre, Villar encargó una investigación interna para depurar responsabilidades y, según fuentes federativas, estaría encaminada a culpar a Jorge Pérez, exsecretario general de la FEF y candidato a las elecciones presidenciales. Según ha podido saber este periódico, en la justificación entregada en 2011 al CSD aparece la firma del actual presidente federativo en un documento en el que asegura que el dinero había sido bien empleado.

Esta subvención puede ser que no sea la única mal justificada. Villar tiene abierto otro expediente por ocho millones de euros de dinero público procedentes de las quinielas que no han sido aún justificados de manera detallada y que estaban destinados a la construcción de campos de fútbol en España.