La factura de los despidos

El cierre de Canal 9 y el expediente de regulación de empleo (ERE) de Telemadrid le pasarán a sus respectivas autonomías una factura que en conjunto rondará los 200 millones de euros. Es el precio de dejar a una comunidad sin televisión pública propia o de mantener una cadena bajo mínimos. Solo en el pago de las indemnizaciones de los 1.630 trabajadores del ente público valenciano despedidos, el Ejecutivo de Alberto Fabra (PP) abonará 86,1 millones, según las cifras facilitadas ayer por el vicepresidente del Consell, José Ciscar. Una cantidad a las que se suman los 23 millones que suponen en pago de las nóminas de los trabajadores de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) desde finales de noviembre hasta el momento de la extinción de los contratos, que probablemente se ejecute en el mes de abril. En Telemadrid, los sindicatos estiman que la cuantía del ERE se disparará hasta los 80 millones.

Después de que los tribunales declaran nulo el ERE de RTVV, los sindicatos han llegado a un acuerdo sobre las indemnizaciones que implica 35 días por año trabajado y pagos lineales entre 5.000 y 8.000 euros. Además de los costes laborales, el Gobierno regional tendrá que hacer frente a los compromisos adquiridos con terceros, que supondrá unos 20 millones de euros. Entre los pagos que Canal 9 tiene que asumir figuran los que le corresponden como socio de la Forta, la federación que agrupa a las televisiones públicas regionales. Una de las principales partidas de una factura que se estima en 12 millones son los contratos suscritos con los grandes estudios estadounidenses de cine para la compra de películas.

El ERE en Telemadrid —considerado improcedente por el Tribunal Supremo— obligará al Gobierno de la Comunidad de Madrid a pagar alrededor de 45 días por año trabajado. CC OO estimó ayer que el monto final rondará los 80 millones. El hecho de que el Ejecutivo de Ignacio González (PP) acepte el pago de unas indemnizaciones, que asumirá el erario público, significa que “lo han hecho mal”, según denunció el dirigente sindical David Jabato. En la misma línea, UGT consideró que, después de 10 años luchando “contra la manipulación y el despilfarro”, el objetivo ahora es “negociar la readmisión de los despedidos y buscar la viabilidad de Telemadrid como servicio público”.

Desde que los trabajadores despedidos de Telemadrid (861, un tercio de la plantilla) comenzaron a recibir —a mitad de enero— los burofaxes en los que se les informaba de la extinción de sus contratos, las indemnizaciones han supuesto alrededor de 26 millones de euros.