El guardia civil acusado del robo de cocaína dice que intervino por un “chivatazo”

Los cinco acusados por la Fiscalía Antidroga de integrar un grupo organizado para robar partidas de cocaína a vendedores de la provincia han comparecido este lunes ante el tribunal de la Audiencia de Pontevedra por haber asaltado a dos traficantes para apoderarse de medio kilo de cocaína, valorada en 16.000 euros. Todos negaron los hechos e intentaron tumbar las intervenciones telefónicas de la policía que llevó a su detención en enero de 2014.

El guardia civil Enrique Pérez, de 47 años, que intervino en el supuesto asalto uniformado y con el coche patrulla del puesto de Mos, insistió en su coartada inicial de que había acudido al escenario de los hechos después de recibir un "chivatazo" de Marino Giménez, de 29, uno de los miembros del clan de Los Morones quien lideraba la organización de narcotraficantes, según el fiscal.

El acusado, que afronta nueve años de prisión, admitió que tenía amistad con Marino Giménez, para el que el fiscal pide 12 años, y que este le informó de un transporte de droga, por lo que se dispuso a realizar un control policial para confirmarlo. También el guardia civil reconoció que no había advertido a sus superiores jerárquicos del posible operativo porque no dio total credibilidad al chivatazo. "Marino es buena persona pero es un poco fantasma", declaró al tribunal.

El agente afirmó que no tuvo nada que ver con el caso y trató de desacreditar las escuchas telefónicas en las que Marino Giménez le daba instrucciones sobre el momento preciso en que tenía que dar el alto al coche de los traficantes en una gasolinera para que los otros compinches pudieran robar la cocaína, y también le informaba de otros detalles de la operación. “Tenía que seguirle la corriente”, alegó el guardia, “pero no tengo nada que ocultar porque cuando salí del coche patrulla ya me había percatado de la presencia de la policía y no me marché”, se defendió.

Marino Giménez Jiménez, implicado en la red de extorsión a vendedores ambulantes con otros miembros del clan familiar, negó que alguna vez se hubiese dedicado al tráfico de drogas y dijo que su único sustento era los mercadillos y la compraventa ocasional de vehículos. El acusado, admitió que tiene problemas de adicción a las drogas pero no reconoció como suya la voz grabada en las escuchas telefónicas de la policía que suponen la principal prueba documental del juicio.

Con respecto al resto de acusados, el fiscal Pablo Varela también mantuvo su escrito de acusación inicial y pidió nueve años y seis meses de prisión para Marcos González, que fingió que iba a comprarles cocaína a los dos traficantes asaltados. Para Alfredo Iglesias Gómez, Alfonso Puch Castro, Modesto Domínguez y Benito Pérez, estos dos últimos, víctimas del robo, solicitó condenas de cuatro a siete años de cárcel y multas de 170.000 euros.

Todas las defensas han planteado la nulidad de las actuaciones y denuncian que la causa estaba viciada desde el principio al haberse vulnerado las normas de reparto para que el caso lo instruyera el juzgado número 3 de Vigo, además de considerar nulos los pinchazos telefónicos. En el caso de que la sentencia sea condenatoria, los letrados pidieron al tribunal que se aplicase para varios de los acusados la atenuante de adicción al consumo de drogas.

El abogado de Marino Giménez argumentó que las escuchas telefónicas se basaron en informes policiales relacionados con la investigación a otras personas que sí tienen vínculos familiares con los Morones. El letrado insistió en que las pesquisas “son meras especulaciones” cuando imputan al acusado tráfico de drogas, supuestos negocios de compraventa de oro como tapaderas, ostentación de riquezas sin base a ingresos justificables, o extorsión y amenazas a vendedores en los mercadillos, informa Europa Press.