La Guardia Civil registra Adif por un desvío de 82 millones en el AVE de Barcelona
Los agentes ya han detenido a 14 personas tras entrar en las sedes de Madrid y Barcelona
La Guardia Civil ha lanzado, a primera hora de la mañana, una operación contra la corrupción en las obras del AVE en Cataluña. Por orden judicial y coordinados por la Fiscalía Anticorrupción, los agentes buscan indicios de un desvío millonario en torno a la estación de La Sagrera, que será la segunda gran terminal de la alta velocidad en Barcelona. El desvío supera los 82 millones de euros, según han explicado a EL PAÍS fuentes de la investigación. Los registros se están produciendo en las oficinas de Adif de Barcelona y Madrid, en las sedes de las empresas adjudicatarias y en domicilios particulares. Los agentes han detenido a 14 personas en 15 registros, incluidos excargos del ente gestor de infraestructuras ferroviarias y directivos de esas compañías.
La operación de hoy parte de una querella del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que acusa a los responsables de Adif de certificar trabajos que no se han ejecutado o bien, para cuya ejecución se han empleado técnicas y materiales más económicos (y de peor calidad) que los descritos en los documentos oficiales. El fiscal ha hallado indicios de una “doble medición” en las certificaciones. Al dar el visto bueno a obras inexistentes, Adif ha avalado que las empresas adjudicatarias de los trabajos puedan obtener un beneficio exorbitante, mucho mayor del que les correspondería. Según la fiscalía, hay indicios de que todos ellos cometieron los delitos de malversación, tráfico de influencias y falsedad documental.
El fiscal acusa, en particular, a dos de los antiguos responsables de la llamada “línea noreste” del AVE, la que va hasta la frontera francesa: Jaime García, exdirector de Infraestructuras, y su jefe, el exdirector Rafael Rodríguez. Esos dos cargos de Adif ya están imputados por hechos casi idénticos en otra causa judicial que, de hecho, fue el origen de la macrooperación de hoy. La Guardia Civil les ha detenido en sus domicilios, en Madrid, así como a directivos de empresas y responsables de la asistencia técnica. Dos de los sospechosos que preveían detener se encuentran en el extranjero.
Las obras que están bajo sospecha de irregularidades son tres: el llamado “sector Sant Andreu”, la estación propiamente dicha y los accesos a la terminal. Esos trabajos acumulan severos retrasos y, en algunos casos, se encuentran paralizados. Hace unos días, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, desveló que las obras de La Sagrera están paradas desde 2014 precisamente por las irregularidades halladas al observar diferencias entre el “volumen ejecutado” y el “certificado”.
El antecedente: la operación Yogui
Para comprender la operación de hoy hay que remontarse a mayo de 2014. La Guardia Civil lanzó entonces la Operación Yogui y detuvo a nueve personas por formar parte de una trama corrupta en las obras del AVE. La investigación, que aún está en marcha, acreditó que la empresa adjudicataria de un tramo de dos kilómetros de vía (entre Trinitat y La Sagrera) pagó viajes de placer a altos cargos de Adif. A cambio de esos viajes a pistas de esquí de medio mundo, presuntamente, los funcionarios permitieron certificar y pagar seis millones de euros de más por obras no ejecutadas o de peor calidad.
Después de aquel golpe policial que puso de relieve la existencia de manzanas podridas en la organización, Adif se puso las pilas. Elaboró una auditoría interna y, más tarde, encargó también auditorías externas. La primera de ellas, sobre las obras entre Trinitat y Sagrera, permitió constatar que el desfase no era de seis millones de euros (como había sospechado el fiscal) sino muy superior: 30 millones. Adif, además, aprovechó para ampliar el radio de acción ante la sospecha de que otras obras en Cataluña pudieran estar contaminadas por la presencia de los mismos funcionarios presuntamente corruptos. En concreto, las relacionadas con la estación de La Sagrera.
Adif envió esas nuevas auditorías a la Fiscalía Anticorrupción, que comenzó su investigación. Tras varios meses de diligencias, hace unas semanas Sánchez Ulled presentó una querella en los juzgados de Barcelona en la que solicitaba las detenciones y registros practicados hoy. Por reparto, la causa ha recaído en la titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandrí.
La operación de hoy tiene una dificultad añadida: las obras no están concluidas. De hecho, cuando se descubrieron las anomalías apenas se había completado entre el 20 y el 25% de los trabajos. De modo que es difícil decir si esas mediciones iban a compensarse, más adelante, con nuevos trabajos. En algunos casos, sin embargo, sí se ha constatado que no había margen para cambiar: por ejemplo, en las obras que están ya bajo el suelo, o en ciertos materiales que no pueden ya removerse o sustituirse por otros de más calidad, que son los que constan en los proyectos. Los investigadores buscan, de hecho, más indicios de esas certificaciones falsas y, también, de si obedecen al cobro de sobornos. La cifra del desvío (más de 80 millones) es provisional.
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