Médicos públicos ganan 1,5 millones al vender adjudicaciones sanitarias

El modelo de autogestión en la sanidad pública, por el que algunos profesionales se hacen cargo de centros de atención primaria mediante sociedades limitadas profesionales (SLP) privadas, se ha consolidado en Cataluña en los últimos años con buenos resultados de gestión, calidad asistencial y satisfacción de los pacientes. Pero esta iniciativa también ha acabado por ser un gran negocio para un reducido grupo de médicos, según revela una investigación realizada por EL PAÍS. Estos facultativos perciben remuneraciones que llegan a triplicar a las de sus colegas en nómina de la Generalitat y obtienen importantes beneficios (más de 1,5 millones en total y hasta 304.000 euros en un caso) al vender sus acciones en unas sociedades que han visto crecer sus beneficios incluso durante los recortes. Las nueve SLP analizadas han acumulado casi 11 millones en beneficios en los últimos años.

Aunque el peso de las Entidades de Base Asociativa (EBA) —como se han dado a conocer estas sociedades— en la red pública es pequeño (atienden a poco más del 3% de la población catalana), su papel es relevante porque constituyen el máximo nivel de autogestión ensayado en la sanidad pública española. También porque introducen el ánimo de lucro en la atención primaria, ya que las SLP permiten el reparto de beneficios entre los socios. A diferencia de las privatizaciones emprendidas por el PP en la Comunidad Valenciana, sin embargo, las SLP sí imponen algunos límites: la mayoría del capital debe estar en manos de los profesionales y ninguno puede poseer más del 25% de las acciones.

El análisis de las cuentas y otros documentos internos de las nueve EBA más consolidadas —existen otras cuatro de reciente creación o tamaño reducido— revela la gran brecha retributiva que han abierto en la sanidad pública. Aunque uno de los objetivos de las EBA era mejorar las condiciones retributivas a cambio de que el personal asumiera más responsabilidades de gestión y un cierto riesgo (en la práctica muy limitado), las diferencias alcanzadas se disparan cuando se acerca el foco a los números. La remuneración de los 60 socios —casi siempre médicos, aunque también hay algunos enfermeros— de siete de las nueve EBA estudiadas ha ascendido en los últimos años a una media de unos 100.000 euros anuales, cantidad que duplica la de sus compañeros públicos. Las otras dos no ofrecen estos datos en sus cuentas.

Esta cantidad, sin embargo, es una media que oculta mayores diferencias, fruto de incentivos y complementos salariales introducidos por las SLP. Así, según los datos de 2014, los mejores remunerados fueron los nueve socios de la EBA del Poble-sec (barrio de Barcelona), que cobraron 138.000 euros. Destacan también por su cuantía los 132.000 euros percibidos en 2013 por los cuatro socios de la Albera (Girona), una de las EBA más pequeñas con una población atendida de apenas 7.000 personas y los 198.000 euros percibidos en 2007 por la entonces administradora de la EBA de la Dreta l'Eixample (otro barrio de Barcelona). Otras entidades, como la de Osona Sud (provincia de Barcelona), cuentan con salarios más bajos pero complementan los de sus socios vía dividendos (entre 44.000 y 117.000 euros anuales desde 2010).

10,9 millones en reservas

Las EBA entidades han demostrado una gran solvencia, con unos resultados que han crecido notablemente pese a los duros recortes aplicados por la Generalitat, que redujo desde 2010 en un 15% el presupuesto sanitario. Como estos resultados —de 940.000 a 2,76 millones de euros anuales— han sido traspasados casi en su totalidad a reservas, las nueve EBA acumulaban un total de 10,9 millones de euros en beneficios no repartidos entre sus socios a finales de 2014.

Este hecho ha disparado el valor de las participaciones de las SLP, algo que también en este caso ha beneficiado principalmente a un grupo reducido de facultativos. La mayoría de los socios cuentan con participaciones pequeñas y solo son unos pocos —menos de 20, según fuentes del sector— quienes atesoran porcentajes importantes del capital.

A la espera de lo que decidan hacer las EBA con estas reservas, algunos socios se han llevado su parte de los beneficios al vender sus acciones al abandonar las SLP o jubilarse. En la última década, se han producido una quincena de estas operaciones por un importe total que supera los 1,5 millones de euros. Aunque algunas operaciones son de unos pocos miles de euros, varias han superado los 150.000 y dos rondan los 300.000. Estas cantidades son llamativas si se tiene en cuenta que los socios apenas desembolsaron dinero por las acciones. Los locales y equipos les son cedidos por la Consejería de Salud y los mayores gastos son los de constitución de las y la firma de los avales exigidos (que deben cubrir un 5% la facturación anual prevista).

El dinero para pagar a los médicos que abandonan las EBA procede de las propias entidades, que son las que les compran las acciones, y tiene por tanto su origen en fondos públicos. Posteriormente, algunas SLP revenden estas participaciones a nuevos socios mientras otras las amortizan, lo que aumenta el valor de la parte que poseen los socios que se quedan. Estas operaciones han llegado a lastrar los resultados de alguna entidad, como la de Dreta de l'Eixample, que registró pérdidas un solo año en la última década (108.000 euros 2014) al pagar 304.000 euros a una socia que por sus participaciones más otros 225.000 de indemnización laboral.

Los buenos indicadores de gestión de las EBA han sido profusamente dados a conocer en los últimos años por las propias entidades y el Colegio de Médicos, de donde han salido varios de sus principales socios. Las EBA logran una buena posición en todos los indicadores que miden la eficiencia de gestión, el ahorro en gastos y el grado de satisfacción de los pacientes. También han sido pioneras al introducir programas de prevención de la salud y en algún caso han puesto en marcha iniciativas para atender a colectivos desfavorecidos con servicios no financiados por la sanidad pública.

Desconocidos son, sin embargo, los datos retributivos y sobre el destino de los beneficios, que nunca han sido hecho públicos pese a tratarse de entidades casi enteramente financiadas con fondos públicos ya que aunque algunas EBA también ofrecen servicios privados, estos no alcanzan un volumen importante en su facturación.

Aceba y el Colegio de Médicos no entran a comentar la cuantía de las retribuciones de algunos socios de las EBA. “El problema no es que los médicos de las EBA cobren más, sino que el resto cobran poco”, afirma Lluís Esteve, portavoz del Colegio, que sí aboga ahora por “implantar un código de buen gobierno en todas las empresas sanitarias que regule, entre otras cosas, las retribuciones”.

Sobre el aumento de los beneficios y el valor de las acciones, Aceba considera que ha sido consecuencia de “las distorsiones que han causado los retrasos en los pagos de la Generalitat”, según Joan Maria Arenalde, presidente de la entidad. “Esto nos obligó a adoptar medidas de ajuste ante posibles tensiones de tesorería, lo que pasado el tiempo ha mejorado notable de los resultados”, afirma. Arenalde asegura que la revalorización de las participaciones también tiene un efecto negativo: “Ahora es más caro y por tanto más difícil dar entrada a nuevos socios. Estamos estudiando como solventarlo. La solución debe pasar por ampliar la base de asociados abaratando su entrada en el capital social y que este quede diluido entre más manos”, añade.

"Ventas reprobables"

Aceba no oculta su incomodidad al ser preguntados sobre los beneficios por la venta de las acciones de las SLP. Arenalde admite que es un hecho que “puede ser mal entendido” y lo atribuye a “un efecto imprevisto de la buena evolución económica de las EBA”. El Colegio, por su parte, sostiene: “Si estas situaciones se han producido, son reprobables e inadmisibles y van contra nuestra filosofía”, aunque lo cierto es que alguno de sus cuadros ha incurrido en esta práctica.

Aunque minoritario, en el seno del Colegio de Médicos también existe una corriente crítica con la deriva de las EBA, una de cuyas cabezas visibles es Joan Gené. “Tendrían que ser entidades sin ánimo de lucro, con límites retributivos y obligadas a reinvertir los beneficios en el sistema”, afirma. “La autogestión es algo muy positivo y los incentivos son una herramienta útil de gestión. Pero estas cantidades son inaceptables en un sistema público con graves problemas de financiación y en el que los recortes se han cebado en los salarios de los profesionales”, añade.

Gené también considera “perversa la insistencia en vincular siempre las mejoras de eficiencia con el ánimo de lucro”. “Había otras opciones, como las cooperativas, para alcanzar las mismas mejoras de gestión. Lo ocurrido es fruto de las decisiones tomadas en el pasado por las EBA y el Colegio, que han contado con el beneplácito de la Generalitat. Existe mucha evidencia científica de los riesgos que para las organizaciones sanitarias tiene la introducción del ánimo de lucro”, concluye.

Joan Carles March, director de la Escuela Andaluza de Salud Pública, destaca que “las EBA han sido un notable avance en la autogestión de los profesionales que ha dado buenos resultados asistenciales”. Sin embargo, añade, “no pueden entenderse estas diferencias retributivas y, aún menos, la privatización de los beneficios de unos equipamientos que son públicos”. March opina que “deberían ser las comunidades autónomas que apuesten por este modelo las que regulen estos puntos mediante los contratos, sea cual sea la forma jurídica utilizada para gestionar los centros”.

La Consejería de Salud de la Generalitat ha declinado fijar su postura en esta información.

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