La Policía Nacional tendrá una figura especializada en okupaciones ilegales

Un coordinador del Cuerpo Nacional de Policía se encargará de resolver los problemas de okupaciones ilegales que se están dando en la capital y que afectan a unas 400 viviendas, según se ha acordado esta mañana en la junta local de seguridad, al que han asistido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; el concejal de Seguridad, Javier Barbero; concejales de la oposición y los mandos de la Policía Municipal y Nacional, además del fiscal jefe y la vicedecana de los jueces de la plaza de Castilla.

Su trabajo consistirá en luchar contra las okupaciones ilegales y las mafias que alquilan estos pisos, de forma que las dos instituciones (Delegación y Ayuntamiento) estén comunicadas y coordinadas. 

La medida se ha tomado tras recibir denuncias por parte de las asociaciones de vecinos que llevan meses quejándose por esta situación de okupaciones "mafiosas e ilegales" y para acabar con el negocio que están generando, según ha explicado Dancausa. "Con que fuera cierto el 10% de lo que nos cuentan ya sería bastante grave. Sufren problemas sanitarios, como chinches; tráfico de drogas y problemas de convivencia", ha destacado la delegada, que ha calificado de "complejas" las actuaciones que están efectuando en esta materia.

Al estar presente el fiscal jefe provincial de Madrid, Jesús Caballero Klink, se han promovido que sean los propietarios lo que denuncien con la mayor prontitud posible la denuncia, que las causas se aborden en juicios rápidos y que se pidan medidas cautelares para conseguir el desalojo inmediato de los okupas.

La alcaldesa Manuela Carmena ha coincidido en que hay que luchar contra esas mafias porque las okupaciones ilegales "con la patada en la puerta" son un delito, aunque ha precisado que hay que tomar medidas sociales porque la crisis ha generado "okupaciones por necesidad". Ha precisado que muchas veces se han producido por la falta de viviendas de sociales en los últimos mandatos municipales y el lanzamiento a la calle de muchas personas que se han quedado sin personas.  "Hay que luchar contra este negocio absolutamente ilegal, pero con toda la responsabilidad del problema social que existe", ha explicado.

La vicedecana de los jueces, Carmen Valcarce, ha recordado durante la reunión que no se puede celebrar este tipo de delitos por la vía de juicios rápidos debido a que se trata de usurpación y que hay que instruir unas diligencias que suelen tardar entre seis y ocho meses.